Mientras el objetivo del Presidente electo, Sebastián Piñera, ha sido armar los equipos del futuro gobierno, la preocupación de la Presidenta Bachelet se ha materializado en proyectar su “legado”. En este último aspecto han aparecido algunos temas polémicos, incluso poco aceptables desde una perspectiva institucional y democrática. Por ejemplo, en algunos ministerios se ha denunciado un aumento de las contrataciones, concursos y adaptaciones de funciones, para así dejar “amarrados” a algunos funcionarios de confianza del actual gobierno. Pero si bien los funcionarios públicos merecen el respaldo y la proyección de sus carreras, los de confianza necesitan abrirles paso a quienes el pueblo eligió para gobernar, como indica una adecuada comprensión de la democracia.
Un segundo aspecto que merece dudas es que, al intentar fortalecer su legado, el gobierno ha dedicado los últimos meses, semanas e incluso días a anunciar proyectos, cambios legislativos y políticas públicas. Incluso una reforma constitucional, presentada con la pompa correspondiente por cadena nacional el pasado lunes 5 de marzo, a menos de una semana del cambio de mando.
Es verdad que cada Presidente tiene el derecho y el deber de gobernar hasta el último día. Asimismo, es de público conocimiento que la Nueva Mayoría y la Presidenta Bachelet habían anunciado hace mucho tiempo que era necesario hacer una reforma constitucional en Chile, aunque no estaba claro cómo se haría. Pero otra cosa es promover una gran transformación en el último minuto de su gobierno, a través de un proyecto que ni siquiera conocían los partidos de la coalición oficialista y en circunstancias que la ciudadanía votó, de manera clara y contundente, por el proyecto político que se opuso a la continuidad de la centroizquierda en el poder y a su proyecto refundacional.
Desde el 11 de marzo en adelante la nueva administración tendrá muchas tareas de las cuales hacerse cargo. Ciertamente, las prioridades no deben estar ni en la legislación promovida por el actual gobierno en sus postrimerías, ni tampoco en los énfasis que ha puesto la Nueva Mayoría en estos años en La Moneda. Precisamente, porque eso fue lo que rechazó mayoritariamente la población, que pidió en diciembre un gobierno de Sebastián Piñera con otras caras, otras prioridades y otros ritmos para hacer las cosas.
Esto no significa incapacidad para discutir temas constitucionales, ni que el gobierno entrante ignore temas que no aparecen como prioridades en las encuestas, pero que pueden ser relevantes. Sin embargo, el cambio de Ejecutivo sí implica concentrarse en algunos aspectos que han sido dejados de lado y que son muy importantes para la población, y que en buena medida pueden definir el éxito del nuevo gobierno: inversión y creación de empleos, aumento de los salarios, solución efectiva a los problemas del Sename y de los niños bajo su protección, la recuperación del prestigio e institucionalidad de Carabineros de Chile, control de la delincuencia, atención de salud oportuna y sin discriminaciones, entre otros.
En esta etapa final de Bachelet, es necesario agradecer lo bueno que hizo su gobierno, pero teniendo muy claras las numerosas áreas en las que se equivocó. Por ideologismo, prefirió la retroexcavadora en vez del diálogo; dejó atrás las experiencias exitosas, para asumir aventuras cuyo fracaso quedó rápidamente a la vista.
Es de esperar que en lo que resta de su gestión la Presidenta haga un traspaso de mando ordenado, inteligente, sin nuevos proyectos de último minuto, con plena conciencia de que el tiempo de su gobierno ha terminado. El domingo empieza una nueva historia, y es justo y democrático dejar que un nuevo proyecto político ejerza el mandato que el pueblo le entregó en diciembre.
Jorge Acosta, director ejecutivo Instituto Res Publica
FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE/AGENCIAUNO