Hace unos días, el exministro de Economía y de Hacienda de Chile, Nicolás Grau, afirmaba que con un tamaño del Estado de 22% del PIB es muy difícil cubrir las necesidades del país, sugiriendo que el problema de nuestra economía y sociedad podrían resolverse con mayor gasto y recaudación.
Las cifras de recaudación por sí solas no dicen nada. El ingreso fiscal de Chile medido como porcentaje del PIB siempre será menos que un país típico de Europa porque esos países son más desarrollados e incluyen la recaudación por seguridad social, que en Chile es mayoritariamente privada y por ende no entra en las cuentas del Estado.
Siguiendo las cifras que usa el exministro, si Francia recauda más del doble que Chile en impuestos para financiar un Estado de bienestar con servicios de educación, salud y pensiones extremadamente generosos, ¿por qué entonces sus ciudadanos protestan masivamente -muchas veces con violencia- exigiendo más gasto y beneficios? Algo parecido ocurre en España, que recauda 1,8 veces lo que Chile. Y lo más frustrante para los europeos es que, tras años entregándole al Estado una parte gigante de su economía, sus políticos insisten en subir impuestos y continuar endeudando al país hasta niveles insostenibles. Poniéndolo en perspectiva, la deuda estatal de Francia supera el 115% del PIB, y en Chile ya andamos apretados con una que se acerca al 45%. La cosa no pinta bien para los jóvenes franceses que tendrán que apechugar en el futuro.
Un análisis reciente del Instituto Económico Molinari calculó que la carga impositiva sobre el trabajador francés promedio llega a 55,6%, como si todo lo trabajado entre el 1 de enero y el 22 de julio fuera directo a manos de los políticos. No sorprende entonces que muchas de las empresas y de los trabajadores más educados y productivos quieran irse del país en busca de menores impuestos y mejores oportunidades. Por eso, entre otros factores, Francia sigue última en el ranking de competitividad tributaria entre los países OCDE.
En cuanto a la famosa «crisis del costo de la vida», a los que muchos atribuyen el origen de las protestas, el último informe «Perspectivas de la economía mundial» del FMI nos recuerda que este tipo de «crisis» ocurren, intuitivamente, cuando los precios crecen más rápido que los ingresos de las familias. Ante esto, los políticos suelen responder con controles de precios, subsidios a industrias específicas y otras recetas populistas que distorsionan las señales del mercado y cuestan hasta 22 veces más que las alternativas más eficientes. El FMI recomienda, en cambio, lo que Milton Friedman proponía hace más de 60 años: transferencias de dinero directas a las familias, focalizadas en quiénes más lo necesitan. Ese beneficio aumenta su poder adquisitivo, mantiene las señales de precios, minimiza distorsiones y entrega mayor la libertad económica a esas familias.
Con precios cada vez más altos y más de un millón de desempleados, Chile no puede seguir la receta europea de subir impuestos, endeudarse y distorsionar mercados indefinidamente, pateando las consecuencias a los próximos gobiernos. Navegar la difícil situación actual requiere austeridad fiscal, eficiencia y, sobre todo, libertad económica.
En eso estamos