En una reciente columna Ricardo Solari se preguntaba, no sin razón, “¿cómo puede ser que hayamos tardado 10 años en resolver una transformación del sistema de pensiones tan demandada por la ciudadanía?”. Para el columnista la respuesta a esa interrogante estaría principalmente en la polarización que ha experimentado la política chilena en la última década. Se puede dar por seguro que ha sido un factor que contribuyó a trabar por un tiempo demasiado prolongado la negociación de un acuerdo. También lo hizo el populismo -agrega el columnista-, de izquierda y de derecha, cuya mirada se concentra en la ganancia política del presente inmediato, con una casi nula previsión del futuro. El problema en este caso es que cuando se quiere alcanzar un acuerdo en materia de pensiones se está negociando, por definición, acerca del futuro previsional, y muy poco -o nada- de las condiciones del presente.
Pero hay otra causa que a mi juicio fue determinante en el notable retraso que motiva la pregunta de Solari, que no se relaciona ni con la polarización, ni con el populismo, y que conviene traer a colación. Se trata del grueso error histórico que cometió la izquierda, apenas corregido en la última hora del proceso de negociación, de adjudicar la responsabilidad de las bajas pensiones a las AFP.
Se decía y se repetía hasta la saciedad que las administradoras les robaban sus ahorros a los cotizantes. Que lo que practicaban era ni más ni menos que una gigantesca estafa ponzi, del orden de cientos de miles de millones de dólares que se esfumaban en manos de sus dueños. No hace tanto que, aún después de los retiros de fondos desde las cuentas de los cotizantes, donde quedó de manifiesto que sus ahorros estaban intactos -incluidos los ingentes intereses que habían ganado-, todavía se podía escuchar declaraciones de parlamentarios invocando esa supuesta “estafa ponzi” cuyas evidencias nadie nunca pudo mostrar -porque nunca hubo ni de cerca indicios de una acusación tan descabellada.
Lamentablemente, semejante desvarío se lo creyeron millones de chilenos y la izquierda lo transformó en el leit motiv de su estrategia política para reformar el sistema de pensiones. Había que eliminar a las AFP, convertidas en el símbolo del abuso institucionalizado -en tanto a usted lo obligaban a mantener sus ahorros por décadas en instituciones que se los quedaban casi enteramente para sí y para sus dueños, como se proclamaba sin ambages.
Por cierto, las malas pensiones tenían otras causas muy distintas que, vaya paradoja, eran fáciles de discernir. Los expertos las expusieron por años en diversas instancias, bajo la sospecha soterrada que podrían estar siendo cooptados por el sistema. Si lo que las administradoras ejecutaban era un robo legalizado de los ahorros que se les confiaban, como llegaron a creer incluso líderes connotados del progresismo, cualquiera que expusiera otras causas de esas bajas pensiones no hacía otra cosa que desviar la atención de lo principal. Y lo principal era, fue durante años, acabar con las AFP, terminando de paso con el sistema de capitalización individual.
De modo que la tardanza de 10 años no es sólo atribuible a la polarización política, como sostiene Solari, sino que sobre todo al incomprensible error de concentrar la atención en el eslabón de la cadena que, a pesar de las apariencias, no tenía mayor responsabilidad en las malas pensiones, mientras se mantenían convenientemente en la penumbra los factores determinantes -entre ellos el ahorro crónicamente insuficiente y las extensas lagunas previsionales- que las aquejaban.
Se trata de un costoso error político que contribuyó decisivamente a provocar una tardanza que duró diez años, y posiblemente más, en mejorar las pensiones. El reconocimiento por parte de los líderes del progresismo que las AFP no eran la causa de las bajas pensiones, aunque tardío, posibilitó finalmente el acuerdo histórico de la reforma de pensiones que resultó en la ley respectiva aprobada recientemente por el Parlamento.
Este ha sido un caso ejemplar de aquello que escribió Regís Debray en “Crítica de la razón política” de 1981: una idea no es eficaz porque ella sea verdadera, sino por ser creída como tal. Una que se creyó aquí a pie juntillas por muchos y por demasiado tiempo, retrasando la indispensable y urgente reforma que requerían las pensiones en el país.
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻