El Presidente decidió prestar una desproporcionada atención oficial a las honras fúnebres del dirigente del Partido Comunista Guillermo Tellier. Desproporcionadas en comparación con la atención prestada al fallecimiento del dirigente demócrata cristiano Belisario Velasco que muchos, entre ellos yo, piensan que por sus aportes a la recuperación de la democracia y a la transición mostraba mejores antecedentes para merecer una despedida como esa.
Se puede suponer que la atención recibida por el desaparecido Guillermo Tellier se explica principalmente -y quizás exclusivamente- por la condición de aliado incondicional del gobierno que ha jugado, hasta ahora, el Partido Comunista de Chile. Lo que no tiene explicación es que, con relación a la muerte de este dirigente, el Presidente, desde la cima de la auto otorgada superioridad moral en la que él y sus compañeros más cercanos se sitúan para mirar el mundo, haya emitido la grosera calificación de cobardía a un suicida. Una calificación que hirió a los familiares, amigos y admiradores de todas las personas que, a lo largo de nuestra historia, han decidido quitarse la vida.
Por supuesto que ese error, que no es más que una demostración de inmadurez y de incontinencia verbal de nuestro Mandatario, no ayuda nada a los esfuerzos que, desde la otra mitad de su personalidad demediada, realiza para convencer a la oposición de su seriedad, templanza y genuino interés en negociar y llegar a acuerdos.
Entre las múltiples situaciones que se crea el Presidente con esa demediada conducción del gobierno, la semana recién pasada le planteó un desafío que pondrá a prueba su capacidad, y sobre todo la de su equipo, para resolver problemas por la vía de soluciones aceptables para sus adversarios.
Casi al comenzar la semana, el martes, la Cámara de Diputados aprobó la llamada “ley de usurpaciones”, que era una de aquellas a las que el gobierno y la oposición habían acordado dar prioridad en la “agenda de seguridad” acordada hace algunos meses. Al día siguiente, el Senado también la aprobó. Con ese segundo trámite la ley, que dice directa relación con tomas de terreno y usurpaciones de predios en La Araucanía y otras regiones del sur de nuestro país, quedó en la condición de ser promulgada. Sin embargo, el gobierno ha señalado que vetará la norma de esta ley que establece la figura de la “legítima defensa privilegiada” para las personas cuyas propiedades hayan sido ocupadas.
El argumento del gobierno parece atendible, pues existe el temor justificado de que esa categoría derive en la “autotutela”, es decir la aplicación de la justicia por propia mano por parte de los propietarios afectados por tomas de sus propiedades. Esta situación no sólo vulneraría el principio básico de que en democracia corresponde sólo al Estado el uso legítimo de la fuerza y a la justicia la restitución de derechos usurpados, sino que podría derivar en una espiral de violencia que agravaría la situación previa.
Pero también parece atendible la demanda, muchas veces desesperada, de propietarios que ven como la justicia tarda o no llega y ven perdidos irremediablemente sus predios y otras propiedades.
El gobierno había presentado indicaciones al texto propuesto, las que fueron rechazadas no sólo por la oposición, sino también por el ala izquierda de su base de apoyo (PC y Frente Amplio) que rechazan la ley por completo. Aducen que ésta atenta en contra de los movimientos sociales, que en su juicio -y sin establecer distingos entre pobladores “sin casa” urbanos y usurpadores rurales inspirados o guiados por grupos subversivos- son los protagonistas de “tomas” y usurpaciones.
De este modo el gobierno, y específicamente el Presidente Boric, han terminado por quedar enfrentados a un doble desafío. De una parte, la eventualidad de chocar por primera vez de manera frontal con el PC y el Frente Amplio, si acompaña su anunciado veto con propuestas que, aunque sin aceptar la “legítima defensa privilegiada”, den garantías de restitución de sus propiedades a aquellos que las han visto usurpadas. Al mismo tiempo, debe procurar que esas garantías sean suficientes para la oposición, sobre todo en lo tocante a la actuación de una fuerza pública y un sistema judicial que actúen sin limitaciones en la aplicación de sus legítimas capacidades.
¿Será capaz el Presidente de ofrecernos esa demostración de seriedad y templanza? Algo que no nos llevará a olvidar errores y despropósitos como los que nos ofreció la semana que pasó, pero que sí sean suficientes para avalar su interés en negociar y llegar a acuerdos con la oposición.