Las niñas que el Estado decidió no ver

Esta semana, el diputado británico Rupert Lowe líder de Restore Britain depositó en Westminster un informe que su país venía esquivando desde hacía una generación. El Rape Gang Inquiry Report —una investigación independiente financiada por 20.000 voluntarios, nutrida de testimonios de sobrevivientes, denunciantes y familias— documenta la explotación sexual organizada de niñas, en su abrumadora mayoría blancas y de clase trabajadora, a manos de bandas predominantemente de origen paquistaní, a lo largo de décadas y en todo el territorio. La moción que Lowe presentó ante la Cámara lo resume sin eufemismos: muchas víctimas fueron defraudadas no sólo por sus abusadores, sino por las propias instituciones encargadas de protegerlas.

Conviene fijar ese punto antes de seguir, porque es el corazón del asunto y porque excede largamente a las islas. El delito de los violadores es atroz, pero no es una novedad en la historia humana: siempre hubo depredadores y muchas veces los cobardes actúan en bandas. Lo verdaderamente escandaloso —lo que convierte este caso en una herida civilizatoria— es la conducta del Estado que debía proteger a esas niñas y eligió no hacerlo. Hay aquí una regla elemental, anterior a toda ideología: proteger al niño que no puede protegerse solo y que no tiene quién lo haga por él. Y lo que el informe documenta es esa regla sustituida por un cálculo, el de una clase dirigente que estimó que ser acusada de racista era peor que dejar que siguieran violando a niñas pobres. Por eso la moción termina con una exigencia que debería sonrojar a cualquier autoridad: que ninguna consideración de sensibilidad política, de relaciones comunitarias o de miedo a ofender vuelva jamás a anteponerse a la protección de un niño.

El informe —218 páginas— calcula que los abusos alcanzaron al menos 149 distritos, cerca del 40% del país, y describe un método repetido hasta el hartazgo: niñas de once o doce años contactadas por hombres jóvenes que se ganaban su confianza, luego emborrachadas, drogadas, trasladadas de un pueblo a otro, violadas en grupo y filmadas para extorsionarlas.

Las cifras exactas seguirán siendo materia de debate. El propio documento admite que no existe un recuento preciso porque durante años el Estado británico simplemente no registró adecuadamente el fenómeno. Pero lejos de atenuar el escándalo, eso lo agrava: no contaron a las víctimas porque no quisieron saber cuántas eran. Retengamos esa frase, porque volveremos a encontrarla, casi intacta, mucho más cerca de nosotros.

Nada de esto es una fantasía de «extrema derecha», como durante años se intentó despachar. Está documentado en investigaciones oficiales desde hace más de una década. En Rotherham, el informe de Alexis Jay estableció que alrededor de 1.400 niñas fueron explotadas sexualmente entre 1997 y 2013 por bandas mayoritariamente británico-paquistaníes, en un contexto donde funcionarios y policías temían ser acusados de racismo si identificaban el origen de los agresores. En Telford, otra investigación encontró más de mil víctimas. Y en junio de 2025, la auditoría nacional encabezada por Louise Casey concluyó que las autoridades habían evitado examinar la cuestión étnica, recomendando por primera vez registrar obligatoriamente nacionalidad y origen de los sospechosos. Hasta hace muy poco, Gran Bretaña prefería no saber.

Tampoco se trata de un fenómeno cerrado. Este mismo mes, en Bradford, quince hombres fueron condenados a un total de 188 años de prisión por la explotación sistemática de una adolescente. Casos semejantes siguen apareciendo con inquietante regularidad.

No hizo falta una conspiración. Bastó una clase dirigente que calculó que la incomodidad de nombrar el problema era peor que el problema mismo. Y no hace falta un villano para explicarlo: alcanza con un incentivo mal puesto, repetido en miles de despachos. Para un funcionario, un trabajador social o un jefe policial, abrir el caso incómodo prometía denuncias, prensa hostil y carreras arruinadas; archivarlo no costaba nada. La omisión fue, demasiadas veces, la salida de menor riesgo personal: la banalidad del mal con expediente y sello. La pregunta de fondo —por qué ciertas comunidades cerradas y mal integradas produjeron estas redes— quedó proscripta una generación entera.

Recién ahora, acorralado por la presión pública, el Estado británico se anima a formularla. En abril de este año abrió, al fin, una investigación pública nacional obligada a examinar cómo la etnia, la religión y la cultura de los agresores influyeron en los delitos y en la respuesta institucional. Al cumplirse un año de la auditoría Casey, además, la Agencia Nacional contra el Crimen comenzó a devolver casos cerrados a las policías locales para su reapertura. La razón oficial fue un «error humano»: líneas de investigación que estaban a la vista y que nadie siguió. Esa fórmula burocrática, leída con crudeza, es la confesión de medio siglo.

Este mismo lunes, además, el escándalo terminó de cobrarse una pieza mayor: Keir Starmer renunció como Primer Ministro. No cayó exclusivamente por este caso —el golpe inmediato fue la derrota laborista en una elección parcial y la posterior rebelión interna—, pero su actuación en este expediente contribuyó al desgaste que terminó alcanzándolo. Como jefe de la Fiscalía de la Corona, estuvo al frente de una institución que en 2009 decidió no procesar al cabecilla de la red de Rochdale, y como Primer Ministro resistió durante meses la apertura de una investigación nacional. Todo llegó tarde, cuando miles de vidas ya habían sido dañadas y la confianza pública ya estaba rota.

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Y aquí conviene dejar de mirar el mapa lejano, porque esa forma de fracaso —no la del depredador, sino la del Estado que elige no ver— no es un exotismo isleño. Chile la conoce.

La conoció con el Sename, donde ni siquiera se supo cuántos niños murieron: las cuentas oficiales fueron de 185 a 865 fallecidos, y la PDI investigó 1.313 muertes. Lissette Villa, de 11 años, sobremedicada en un hogar del propio Estado, fue despachada con un eufemismo —una «crisis emocional»—, el mismo gesto con que se enterró el horror durante años. Es la inercia de un Estado que prefirió anotar la muerte de una niña como un «egreso» antes que preguntarse cómo murió.

Pero la versión más nítida es de esta misma semana. Un preinforme de la Contraloría reveló que cientos de niños haitianos —más de doscientos cuyo paradero el propio Estado no supo precisar— entraron a Chile en 2024 y 2025 en vuelos chárter que el Estado autorizó, bajo la figura de la reunificación familiar, al cuidado de apenas doce adultos, varios sin vínculo de sangre alguno; uno solo ingresó con 34 menores. Cuando fueron a buscarlos, de 105 domicilios visitados, 64 no condujeron a ninguna parte. No los perdió un Estado ausente, sino uno presente en cada trámite: el permiso del vuelo, el registro del ingreso, el visado. Tenía todo el papeleo en regla y, aun así, no supo dónde habían quedado. La búsqueda, montada de urgencia, ya encuentra a algunos —escolarizados, unos con su familia, otros hacinados en una pieza— y todavía no a todos.

Y aquí el paralelo con Gran Bretaña deja de ser una analogía para volverse un calco, porque hubo una decisión, y una convicción detrás. En mayo de 2024, el entonces director de Migraciones firmó un memorándum que permitió aceptar los certificados de nacimiento de esos niños sin legalización: sin que el Estado validara siquiera quién era cada uno. El mismo funcionario sostenía que vincular migración y delito era una práctica racista, que ningún ser humano es ilegal. Consignas nobles en una pancarta; hechas política pública, sin contrapeso, rebajaron justo los controles que amparaban a los más frágiles. Es, casi palabra por palabra, el reflejo de Rotherham: el miedo a parecer racista pesando más que el deber de proteger a un niño. Solo que esta vez en Chile, bajo un gobierno de izquierda, y con la Fiscalía investigando ya si a la ceguera ideológica se le sumó algo peor —cohecho, certificados falsos, un cónsul removido—, aunque eso aún esté por probarse.

Lo que une a Rotherham, al Sename y a los niños haitianos no es la geografía ni la identidad de los agresores. Es un mecanismo. Cuando una sociedad decide que hay verdades impronunciables, datos que no se pueden recoger y delitos que no se pueden nombrar, no se vuelve más justa: se vuelve cómplice. La corrección política no es una cortesía de buenos modales; convertida en doctrina oficial, termina invirtiendo a la víctima y al verdugo y firma la sentencia de los más débiles.

El mismo Estado que durante una década archivó denuncias de niñas violadas suele mostrarse rapidísimo para perseguir al que rompe el consenso. Hay energía estatal de sobra: solo que se reserva para el ciudadano incómodo, no para el agresor que el consenso protege.

Ahí asoma, además, un doble rasero que ninguna campaña confiesa. El «crean a las mujeres» rige mientras la denunciante no contradiga alguna jerarquía protegida. No rigió para las niñas de Rotherham ni para las de los hogares chilenos. Lo dijo esta semana Ayaan Hirsi Ali con una dureza difícil de ignorar: un feminismo que grita cuando el agresor es culturalmente seguro y se calla cuando viene envuelto en el lenguaje de la diversidad terminó preocupándose primero por la cohesión comunitaria y solo después, si acaso, por las niñas a la puerta del colegio. Un movimiento incapaz de alzar la voz por unas niñas porque sus abusadores resultan políticamente incómodos termina traicionando aquello que dice defender.

En Chile comienzan también a surgir dirigentes dispuestos a hablar de estos fracasos sin eufemismos. Entre ellos, José Antonio Kast ha insistido en que el Estado ha fallado gravemente en la protección de la infancia y ha contribuido a instalar el tema en el debate público. Pero el problema es demasiado importante para quedar atrapado en una disputa electoral o partidaria.

Porque nombrar es apenas el comienzo. La verdadera prueba viene después: cuando la noticia desaparece de los titulares, cuando proteger a los vulnerables exige enfrentar burocracias, intereses, ideologías o prejuicios que resultan políticamente más cómodos que la verdad.

Si existe una función que justifique la existencia misma del Estado, es precisamente aquella que ninguna otra institución puede cumplir por sí sola: proteger a quienes no tienen cómo protegerse. Al niño abandonado, a la niña abusada, al menor que depende enteramente de los adultos y de las instituciones que lo rodean.

Cuando el Estado fracasa en esa tarea, fracasa en aquello que constituye su razón más elemental de ser. Y cuando además decide no mirar, no registrar o no nombrar el problema por temor a las consecuencias políticas, el abandono se vuelve doble.

Al final, esa es la lección que dejan Rotherham, el Sename y los niños haitianos. Ninguna sensibilidad ideológica, ninguna comodidad burocrática y ningún miedo a decir una verdad incómoda pueden valer más que la protección de un niño. Porque una sociedad puede recuperarse de muchos errores. Lo que difícilmente sobrevive es a la decisión consciente de dejar indefensos a quienes más dependen de ella.