El gobierno parece no entender que la ciudadanía requiere con urgencia inmediata que se solucionen los problemas de seguridad, migraciones, trabajo, salud, educación, vivienda, reconstrucción, permisología, economía, justicia y de todo lo que han hecho mal y no tiene premura en resolver un tema ético tan complejo como la eutanasia.
Es que es tan burda esta maniobra desde el punto de vista electoral, que sólo demuestra la desesperación oficialista ante la posibilidad de sufrir una amplia derrota el próximo domingo, que están dispuestos a cualquier cosa para que ésta sea marginal y el tema de la eutanasia lo plantean hoy con discusión inmediata porque quedan 48 horas para el próximo debate. Y bueno, ¿cree alguien que no será utilizado?
Pero lo de la eutanasia no sólo es una maquinación electoral pues tiene además otra intención, cual es la de desviar la atención comunicacional sobre el gravísimo tema de la megatoma de San Antonio, pues lo que el gobierno ha decidido en la semana que termina es impresentable e inaceptable. La gravedad de la decisión de proceder a expropiar una parte del terreno de la megatoma de San Antonio, consistente en 100 hectáreas, es inconmensurable por las consecuencias que genera.
En primer lugar, porque con la expropiación -institución que está en la Constitución- está estableciendo el nefasto precedente de otorgarle legitimidad a un acto absolutamente ilegal de usurpación de propiedad privada. Al hacerlo como decidió, le está dando un aviso con altoparlantes a otros ilegales usurpadores de propiedad privada, que pueden tomarse todo lo que quieran pues con el paso del tiempo y a pesar de los fallos de las más altas Cortes, el Estado no los cumplirá y procederá a expropiar, otorgándoles así un manto de legalidad a sus ilegales actos delictuales.
Adicionalmente, si el gobierno es capaz de rodear de legitimidad a un acto absolutamente ilegal; si es capaz de no acatar los fallos de la Corte de Apelaciones y de la Suprema, bueno, ¿en qué queda la certeza jurídica, el Estado de Derecho, el imperio de la ley? ¿Cómo pretenden que se invierta en el país si desde el gobierno no sólo se amparan ilícitos, sino que se les rodea de un manto de legalidad y no se cumplen los fallos de las más altas Cortes?
¿Qué certeza podemos tener cada uno de los chilenos de que cualquier propiedad privada, departamentos, casas, oficinas, propiedades agrícolas, vehículos, maquinaria, etc., que cada uno pueda poseer no sean tomadas y usurpadas por delincuentes y estemos obligados a aceptar una expropiación por parte del Estado que no hace cumplir la ley?
Pero hay más. Los casi $11.000 millones necesarios para pagar lo que el gobierno ofrecerá por la expropiación provienen de proyectos que ni siquiera comenzaron a ejecutar obras y que estaban presupuestadas en Aysén, Los Lagos, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos. Más grave todavía es que se están utilizando recursos provenientes de los impuestos que todos los contribuyentes pagamos al Estado para brindarle apoyo a unos usurpadores de propiedad privada.
Y ¿qué consideración, qué respeto, tienen con las personas de San Antonio que están en la fila esperando poder tener su casa propia cuando ven que hay otros privilegiados por el gobierno que se saltaron la fila y cometiendo un acto ilegal obtuvieron su vivienda antes que ellos que respetaron todos los protocolos? Pero al Ministro Montes le da lo mismo porque dice que ha llegado a la conclusión que hay que tener varias filas. ¿No tienen vergüenza?
Pero qué le importa a este gobierno. Se va en tres meses más y el problema se lo deja al próximo, que tendrá que darle un corte definitivo porque sin duda alguna que la expropiación no se va a resolver ni en 24 horas ni en 24 días ni en el verano.
Para terminar, a no olvidar que Jeannette Jara justificó en el debate ARCHI la expropiación de la megatoma porque es una institución de la Constitución, pero nada dijo de las consecuencias acá descritas, de convertir un ilícito en un acto legal, etc., por lo que es importante tenerlo en cuenta.
La maquinación oficialista con el tema de la eutanasia es pueril. Es de esperar que el próximo domingo sea el primer día del fin del actual gobierno y que la oposición logre una victoria por el más amplio margen posible. Chile así lo merece.
Excelente
lamentable para personas y empresas propietarias de bienes inmuebles porque otras personas podrán «gratuitamente expropiárselas» aduciendo razones populistas. La decisión de Boris, poder Ejecutivo, sería ilegal porque otro poder, Justicia, ha determinado, que esos bienes/terrenos **deben ser devueltos a sus verdaderos dueños**. La explicación del Ejecutivo de que los fondos para pagar la dudosa expropiación seria de partidas del presupuesto fiscal aprobadas por el otro poder, Legislativo, y que el Ejecutivo «no las ha usado a causa de….?». Pero si el Ejecutivo, por su única decisión, desea darle otro destino, no deberia solicitar al Legislativo su aprobación para dicho cambio?. La Contraloría General de la República, puede o no puede, emitir *su parecer*, ya que controla a la República, que es todo Chile. Para terminar, podríamos pensar todos que si el Ejecutivo tiene la razón, mucho mejor sería destinar esas platas *no usadas por el Ejecutivo* a aliviar al área de la salud, donde chilenas/chilenos mueren todos los días porque la lista de espera sigue igual de larga y, uno escucha en la tv que hay hospitales que no operan, quirurgicamente, por falta de infraestructura e implementos.
Corresponde someter a una acusación constitucional a las autoridades de gobierno involucradas. Desde el presidente hasta el ministro. Pero el desprestigio de esa herramienta atenta contra esa acción. Además de los complejos de la derecha en el congreso y la corrupción transversal en el congreso.