La visita a La Araucanía del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dejó más de una interrogante. Él dijo que no se comprarían más tierras a las comunidades violentas, pero esto ya se había asegurado antes y no se cumplió. Ahora bien, suponiendo que esta vez sí sea efectivo, surge otra duda: ¿cómo se va a distinguir una comunidad pacífica de una que no lo es?
Lo anterior, que parece fácil de dilucidar, no resulta así y por el siguiente motivo: solamente el 5% de las denuncias de connotación indígena en la IX Región tiene personas imputadas, mientras que apenas el 2% resulta con sentencia condenatoria. Peor aún, durante el año 2014, de un total de 209 denuncias, sólo hay 10 personas condenadas.
Otro dato: a la fecha van 120 camiones quemados, atentados por los cuales hay sólo dos personas imputadas que no sabemos si serán finalmente sentenciadas o no. Y en el supuesto de que hubiesen condenas, nadie nos asegura que no obtendrán beneficios o tratos especiales, como ya ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo con el comunero Luis Marileo, condenado por homicidio y que, presionando con una huelga de hambre, consiguió torcerle la mano a las autoridades y fue trasladado al centro penitenciario en donde él exigía estar, lo cual es insólito e inaceptable: los criminales no pueden ni deben escoger dónde cumplirán las sentencias. Esto último es una vergüenza que, lamentablemente, profundiza aún más nuestra desconfianza.
En la suma y resta, las señales que dejó el subsecretario Aleuy no fueron alentadores ni optimistas. Es más, no hubo nada distinto a lo que repitieron gobiernos anteriores. Y a esta altura, cuando los atentados siguen sin control y los perjuicios y daños aumentan sin que nadie se haga cargo -incluidos hechos terroristas en otras regiones, como lo sucedido hace pocos días con el agricultor Fernando Villasante, cuya casa en un fundo en Lanco fue incendiada y la vida de su familia corrió serio peligro-, la incertidumbre y las dudas son más que razonables. Más aún cuando hay parlamentarios de gobierno que obstaculizan los intentos por frenar definitivamente el actuar radicalizado de ciertas comunidades y, en un detalle que resulta revelador e incomprensible, en el último discurso presidencial del 21 de mayo el problema que afecta a La Araucanía ni siquiera fue mencionado, demostrando con esto que para el gobierno no somos prioridad, prácticamente no existimos (salvo para las vacaciones de la Mandataria).
Por lo tanto, la única alternativa que queda es, ya sin más dilaciones ni excusas, una actitud genuina, seria y comprometida que finalmente garantice que no se seguirá premiando más a quienes usan la violencia y que serán encontrados y detenidos, con todas las herramientas y facultades que la ley permite, los responsables de tanta irracionalidad. Todo tiene un límite y el subsecretario Aleuy, junto al gobierno al cual representa, deben entenderlo, asumirlo y responder con decisiones concretas y categóricas. La Araucanía no merece más atentados, amenazas ni presiones ilegítimas, ya basta de impunidad. Los delincuentes deben ir a la cárcel y sin beneficios, como cualquier chileno. Sin embargo, mientras eso no suceda, seguiremos sin creer en el gobierno. Está en sus manos recuperar la confianza, está en sus manos demostrar una verdadera voluntad por erradicar la violencia, tanto en nuestra querida región como en el resto del sur de Chile, donde estos hechos delictuales también están ya desatados.
Alejandro Martini Iriarte, Movimiento Paz en La Araucanía.
FOTO:DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO.