El próximo 19 de noviembre debutará, junto con la elección presidencial y la de Cores, el nuevo sistema para elegir el Congreso. El binominal no es hoy más que un fiambre, y va camino a ser reemplazado por un sistema “más” proporcional, con distritos que elegirán entre tres y ocho diputados, y con regiones que obtendrán entre dos y cinco senadores, en base a una fórmula —la de D’Hont— que no explicaré para no aburrir a la audiencia (y digo “más proporcional”, ya el sistema binominal es a decir verdad un sistema proporcional, en base a la misma fórmula D’Hont, pero con magnitud electoral menor: siempre dos escaños por territorio). Se trata, sin lugar a dudas, de un cambio titánico y, aunque probablemente nos demoremos algunos años en comprender a cabalidad sus consecuencias, las expectativas no son buenas.
Si bien el binominal tenía problemas graves (al interior de cada pacto se comportaba como sistema mayoritario y, por ende, centraba la competencia en el compañero de lista y no en los candidatos del frente) y otros simbólicos (como su origen), todo parece indicar que el remedio será peor que la enfermedad. Y aunque las críticas que le podemos hacer al nuevo panorama son muchas, hoy me quiero centrar principalmente en una.
El nuevo sistema proporcional, como cualquier otro de esta naturaleza, producirá un número importante de supuestas distorsiones entre votos obtenidos y escaños, dando lugar a los tristemente célebres “arrastrados”. El caso de Ricardo Lagos, en la senatorial de Santiago Poniente en 1989, fue paradigmático: el líder de la oposición a Pinochet quedó fuera del Senado por haber tenido unos pocos votos menos que Zaldívar, y a pesar de haber obtenido varios miles de votos más que el tercero, Jaime Guzmán, quien sí resultó electo. Y la razón es muy sencilla: la lista de la Concertación no alcanzó a doblar a la derecha y, de acuerdo con el nunca bien ponderado D’Hont, había que asignar un escaño a la primera mayoría de cada pacto.
Casos de estos ha habido decenas, como el recordado episodio de Marisela Santibáñez, en la última elección parlamentaria: su votación personal le podría haber permitido acceder al Congreso, pero como el sistema binominal es un sistema de listas, e importa la suma de aquellas, quedó afuera. Finalmente, otro caso paradigmático fue el del entonces diputado Guido Girardi, quien en dos ocasiones “arrastró” al DC Carlos Olivares, aunque este apenas rondó el 5% de los votos.
El punto acá no es de justicia electoral. Lo correcto —electoralmente— era que Marisela Santibáñez quedara afuera, y que Carlos Olivares quedara dentro. Pero eso no lo entiende la opinión pública. Las distorsiones fueron siempre uno de los argumentos para cambiar el binominal, y muchos creen que, con la llegada del nuevo sistema proporcional, estas quedarán para la historia. A todos ellos lamento informarles que están muy lejos de la realidad: los sistemas proporcionales de gran magnitud, lejos de acabar con los arrastrados, los multiplican.
Es cosa de ver lo que pasó en la última elección de Cores, en 2013, en el que se utilizó este mismo sistema: en Arica, que elegía 11 consejeros regionales, quedó fuera la quinta candidata más votada, y en cambio, entró el vigésimo quinto, arrastrado por otros de su lista. Y así suma y sigue: en muchos de los territorios con magnitudes electorales amplias (cinco, seis o más consejeros) se produjeron las mismas distorsiones. Aquella vez hubo poco eco, es verdad, pero si se produce la misma dinámica en la elección de parlamentarios, la opinión pública lo va a resentir. Y las matemáticas indican que así será.
Un sistema electoral se valida tanto por su transparencia, como por su legitimidad social. Y si en la primera elección hay muchas distorsiones entre votos y escaños, la ciudadanía sencillamente no le creerá al sistema, y lo que es peor, tampoco al Congreso realmente electo. Difícil tarea tendrán los legisladores a partir de marzo 2018 para validarse ante una sociedad cada vez más impaciente con sus autoridades. Pero no todo está perdido: quizás esta misma crisis puede permitir que, una vez inaugurado el nuevo Congreso, haya ánimo suficiente como para volver a reformar nuestro alicaído sistema electoral.
Roberto Munita, abogado, magister en Sociología y en Gestión Política, George Washington University
@rmunita
FOTO: YVO SALINAS/AGENCIAUNO