Antes del fondo, la rareza del cuadro: en un país donde con frecuencia no hay acuerdo ni sobre la hora, la Comisión de Familia de la Cámara aprobó en enero, por nueve votos y ninguno en contra, el proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada. La moción la firmaron un diputado republicano y una exministra de Salud de Bachelet; la respaldaron un frenteamplista y un socialista. En junio comenzó la votación en particular. Afuera ocurre algo parecido: un informe de Naciones Unidas de octubre pasado pide reconocer la práctica como un sistema de violencia y explotación e insta a abolirla, y en enero, León XIV dijo ante el cuerpo diplomático que la gestación no puede convertirse en un servicio negociable. Cuando la ONU y el Papa coinciden, y el Partido Socialista vota con el Partido Republicano, algo está ocurriendo. Queda en la conciencia moderna un músculo que todavía se contrae. Vale la pena averiguar qué ve ese músculo y, sobre todo, qué se niega a ver.
Empecemos por los argumentos contrarios al proyecto. Vienen en dos familias. La primera defiende la modalidad lucrativa y se apoya en la libertad: una mujer adulta dispone de su cuerpo, y si decide gestar a cambio de dinero, quién es el Estado para impedírselo; gestar es un servicio exigente y bien pagado, y llamarlo indigno es el viejo paternalismo patriarcal que siempre ha decidido por las mujeres qué les sirve. La segunda familia defiende la modalidad altruista y renuncia al dinero precisamente para desactivar la objeción: si nadie cobra, nada se vende; la hermana que gesta por amor no mercantiliza, regala. A ambas las corona el alegato más noble: hay parejas que no pueden tener hijos, y el derecho a formar familia no debería depender de la lotería biológica. Cierra la fila el argumento práctico de siempre: prohibir no elimina, empuja al extranjero.
Tomemos primero la libertad, que es donde el razonamiento parece más firme. El contrato de subrogación tiene una peculiaridad que ninguna otra convención exhibe: intervienen tres personas y firman dos. La tercera no comparece, no consiente, no negocia; es aquello sobre lo cual se contrata. Se habla sin descanso de la autonomía de la gestante y de la de los comitentes; lo notable es el silencio sobre el único que no puede alegar autonomía alguna y cuya entrega es el objeto preciso del acuerdo. Añádase un detalle que suele pasar inadvertido: estos contratos incluyen cláusulas por las que la mujer se obliga a no encariñarse. Hemos inventado el único trabajo del mundo que exige por escrito la mutilación del afecto. Se dirá que es cláusula de estilo, sin fuerza real. Al revés: es la cláusula esencial, porque sin ella el negocio no funciona.
Se insistirá en que es trabajo, y que el trabajo dignifica. Pero todo trabajo admite dos cosas que éste no admite: la renuncia y el arrepentimiento. Un minero puede dejar la mina y un cirujano bajarse de la mesa, y lo peor que les ocurrirá será pagar una indemnización. Aquí el cumplimiento no se sustituye por dinero: se exige en especie. Es la única prestación cuya ejecución forzada consiste en quitarle un hijo a la mujer que acaba de parirlo. Y hay un dato que ahorra discursos: la dirección del flujo. Las gestantes mayoritariamente están en Europa del Este, en el sudeste asiático, en Latinoamérica pobre; los comitentes vienen de París, de Los Ángeles, de Madrid. Ninguna ejecutiva de Manhattan ha gestado para una campesina de Chiapas. Si el precio no dijera nada sobre la dignidad del acto, la geografía sería aleatoria. No lo es.
Viene entonces la modalidad altruista, que se presenta como la versión limpia. Pero la gratuidad suprime el precio, no la naturaleza del acto: el hurto no deja de serlo porque el ladrón regale lo robado. Es más, el altruismo no atenúa la presión, la perfecciona. Donde había dinero —que al menos se cuenta, se declara y se discute— queda la deuda familiar o amistosa, que no se cuenta ni se declara ni se discute, y a la que nadie sabe decir libremente que no. Una mujer puede negarse a un cheque; probemos si puede negarse a su hermana llorando en la cocina.
Se responde entonces con el argumento más conmovedor: ningún niño del mundo es más deseado que éste. Pero «deseado» describe al adulto, no al niño; informa sobre la intensidad de una voluntad ajena, no sobre la condición del que llega. Ninguno fue más querido, se dice; habría que decir, con más exactitud, que ninguno fue más encargado y, por ello, cosificado. Y el deseo, por vehemente que sea, no engendra títulos sobre personas: si bastara desear mucho para tener derecho, el derecho sería el nombre necesario del capricho intenso.
Llegamos así al corazón del alegato, que es el derecho a formar familia, y aquí importa una distinción que la conversación pública ha extraviado. Ese derecho es el derecho a casarse y a que nadie lo impida injustamente; nunca fue el derecho a obtener un niño. Y no puede serlo, por una razón elemental: todo derecho supone un deudor. Si existiera el derecho al hijo, alguien estaría obligado a entregarlo, y ese alguien sólo puede ser una mujer, o una agencia que la administre. Un derecho cuyo objeto es otro ser humano no es un derecho: es una esclavitud. La adopción, que suele invocarse como precedente amable, corre en sentido opuesto: no entrega un niño a una familia que lo demanda, sino una familia a un niño que la necesita y merece.
Queda el argumento práctico, que no es despreciable: prohibido acá, se hará afuera. Es cierto, y por eso el proyecto extiende la jurisdicción chilena a estos delitos. Pero el razonamiento, tomado en serio, sirve para cualquier delito con demanda solvente, y a nadie se le ocurre regular el tráfico de órganos con el argumento de que igual se practica. Hay algo peor todavía: una ley que declara válido el contrato debe declarar debido su cumplimiento, y el día en que la gestante se arrepienta —ocurre— el Estado tendrá que ponerse, con jueces y fuerza pública, del lado de quien viene a reclamar lo pactado. No existe la regulación neutral de un contrato. Regular es tomar partido por escrito.
Todo esto lo suscribo. Pero adviértase la forma que tienen estos argumentos, porque en ella está la ironía: todos dicen hasta aquí y ninguno dice desde dónde. Son diques, no cauces. Marcan un límite sin describir el terreno, y un límite que no descansa sobre nada termina pareciéndose a lo que sus adversarios sostienen que es: un escrúpulo, una repugnancia heredada, un gusto conservador, capricho insensible. Pero pensemos: si se aceptó hace medio siglo que el hijo puede venir de un laboratorio y no del abrazo de sus padres, ¿con qué autoridad se declara ahora que puede venir de una probeta, pero no de un vientre arrendado o prestado?
La ironía continúa: algunas feministas que denuncian esta industria con fuerza —y lo hacen bien, y con más coraje que muchos de los nuestros— sostienen que la mujer está siendo reducida a instrumento, a cuerpo disponible para el proyecto de otro. Están compartiendo ideas de un texto de 1968 escrito por un célibe italiano, que anunció eso mismo: que el varón terminaría perdiendo el respeto por la mujer y considerándola un simple instrumento, y que el poder público acabaría metiendo la mano en lo más íntimo de la vida conyugal. Tal cual lo profetizó Humanae Vitae, que cumplió cincuenta y ocho años el sábado, y fue el documento más ridiculizado del siglo. Ya nadie discute sus argumentos, pero todos repiten sus predicciones.
Lo que se ha ido cumpliendo es una secuencia de tres separaciones, y sólo la tercera nos escandaliza. Primero se separó el acto conyugal de la fecundidad, y se celebró como liberación. Después la fecundidad del acto conyugal, y se toleró como técnica y se financió como prestación de salud. Ahora se separa el cuerpo de la persona —la gestación de la madre, la madre del hijo— y eso, por fin, nos parece intolerable. El escándalo del tercer paso lo protagonizan, en buena parte, quienes bailaron los dos primeros. Es lo que ocurre siempre que una civilización acepta un principio y después pretende detener sus consecuencias lógicas, invocando las premisas que antes sepultó.
De ahí que apoyar este proyecto de ley sea justo, necesario y, a la vez, insuficiente. Una ley que prohíbe sin doctrina que la sostenga es un dique que contiene el agua un tiempo y luego cede. Mientras no volvamos a entender —y a decir en voz alta, que es lo difícil— que el hijo viene y merece venir de la entrega total y definitiva de un varón y una mujer que se han prometido para siempre, el “derecho” a formar familia seguirá buscando puertas, y las encontrará más temprano que tarde. La ley puede cerrar una puerta por un tiempo, y es correcto que lo haga. Pero explicar en serio por qué la casa tiene puertas y qué debe custodiarse dentro es tarea de otra cosa, y esa otra cosa se llama matrimonio.
