Diego Schalper, secretario general de RN dijo que la decisión de Evópoli de no apoyar la acusación contra el ministro Ávila fue “una puñalada al corazón de Chile Vamos” puesto que, según el diputado, “uno de los principios de la coalición es siempre, a todo evento, velar por los niños, por el futuro de Chile y por la probidad de los recursos públicos.” Terminó rematando que “los niños no se transan, no se negocian.”
Duras palabras del diputado para sus pares de coalición que fundamentaron su decisión bajo el pretexto de que “no existían argumentos jurídicos para respaldarlo.” La violación flagrante del derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, establecido en el Capítulo III, inciso 10 de la actual Constitución, echa por tierra la excusa de los parlamentarios de Evópoli. A ello se suman los escándalos de la Junaeb la que realizó un gasto de $3.500 millones de pesos en 30 raciones de colación y la paupérrima situación que enfrentan los niños no sólo por el ausentismo escolar, sino por el franco deterioro en la calidad de la educación. El escenario es de tal gravedad que los medios han intentado justificar la decisión de Evópoli argumentando que las declaraciones de Marcela Aranda y de la doctora Cordero, estarían “¡¿a la base de la decisión de los parlamentarios que le salvaron el pellejo al ministro?!” ¿Es en serio? Aclaremos lo que estas afirmaciones significan.
Si los parlamentarios de Evópoli actuaron por motivos religiosos, entonces la estocada es definitiva. ¿A qué religión me refiero? A la religión woke. Sus seguidores están comprometidos con la destrucción del racismo, el patriarcado y la heteronormatividad. Lo hacen desde el marco dado por el victimismo que divide a la sociedad en buenos y malos. Sus cimientos están dados por el corporativismo político o práctica de la política identitaria. La presencia de activistas woke que no dan a conocer su credo es cada vez mayor en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. Prueba de ello es el avance de la ESI, rechazada democráticamente por el Congreso e impuesta por la fuerza en este ministerio (otro motivo más para afirmar la juridicidad de la acusación), la imposición del lenguaje “inclusivo”, en general y en particular en el proyecto de reforma de pensiones y la adhesión de parte importante del empresariado y los partidos políticos a un proyecto de futuro woke, delineado en la Agenda 2030, específicamente, el ODS 4. Muchos no lo saben, pero ya son sus feligreses. Y, si efectivamente la prensa tiene razón y los parlamentarios de Evópoli votaron por motivos inspirados en la no discriminación -aunque existan fundamentos jurídicos y morales sólidos para apoyar el libelo acusatorio- entonces, lo sepan o no, han hecho propio el credo woke.
Una persona que adhiere a este tipo de religión tiene como sentido de vida la protección de los sectores de izquierda que manejan a su antojo el universo de sus colectivos. De ahí que usted no verá nunca a una feminista defendiendo a una mujer de derecha, a un parlamentario woke acusando la discriminación de homosexuales o transgénero de derecha o a un indigenista representando a la mayoría mapuche que no aboga por el separatismo ni quiere propiedad colectiva. Es el gran triunfo moral de la izquierda que extorsiona y manipula con su victimismo al punto que, en la práctica, se han transformado en inimpugnables quebrando el principio de igualdad ante la ley.
En suma, la puñalada de Evópoli tiene profundas consecuencias para la posibilidad de recomponer el pacto social del país, fundamento del orden institucional, desde un acervo republicano, democrático y cristiano. Al contrario, lo que observamos es que la religión woke, fuente de inspiración del octubrismo y de la política identitaria característica de la Convención fracasada, sigue avanzando sin cortapisas. Ya sabemos quiénes son sus primeras víctimas, los niños, que tendrán que soportar el adoctrinamiento con ideología de género, que los “bajen de los patines” y las vejaciones de adultos comprometidos con la ESI.
La otra víctima la encontramos en el mapa político; son los partidos de Chile Vamos. Y es que, como bien dice Schalper, “los niños no se transan, no se negocian.” Era el último bastión de un conglomerado que ha negociado con la extrema izquierda todo lo que el ciudadano de a pie consideraba intransable: la soberanía nacional con la Agenda 2030, la Constitución vigente con el Acuerdo por la Paz que nunca llegó de no ser por la pandemia y los resultados de los procesos eleccionarios al reiniciar sin plebiscito de entrada el proceso rechazado por la ciudadanía. ¿Qué les queda a RN y a la UDI por defender? Schalper dijo la verdad, la puñalada es en el corazón.
