La política de la emergencia: Kast y el Leviatán implacable

Más que un eslogan, la «emergencia» será el eje rector del gobierno de Kast. Esta columna proyecta cómo se utilizará la crisis como método de mando, fusionando un «Estado habilitador» en economía con un «Leviatán implacable» en seguridad. Bajo la premisa de que el país «se cae a pedazos», se busca legitimar la excepción y restaurar el orden moral. El riesgo es que esta lógica, espejo menor del trumpismo, transforme la urgencia en una norma permanente que sacrifique la deliberación democrática.

Umbral

La derecha chilena —que se supone que llega al poder con un manual de operaciones, planillas y cuadros de mando— se halla perpleja ante su propia consigna: «gobierno de emergencia». Frase repetida por el Presidente electo José Antonio Kast y su círculo íntimo como si fuese una obviedad; pero, a su alrededor, aumenta el ruido de las interpretaciones.

Larroulet, exministro e influyente asesor del Presidente Piñera, ha dicho que la emergencia debería durar cuatro años, como si la excepcionalidad pudiera administrarse dentro del calendario completo del período presidencial. Axel Callís, sociólogo y encuestador, por el contrario, vaticina que la expresión se evaporará en cuestión de meses: nadie quiere vivir indefinidamente bajo sirenas.

Otros ven en esta designación una fórmula comunicacional útil para marcar contraste con el gobierno Boric, predicado como rutinario, errático o mediocre; una teatralidad eficaz para «mostrar acción» y ensayar el gesto de mando. Y hay quienes, con razones tácticas, advierten que instalar la emergencia como marca de gobierno podría convertirse en un error. Según escribe P. Navia en este mismo medio: «Usar el lenguaje de emergencia, como si en Chile hubiera un incendio que necesita ser apagado lo antes posible, genera falsas expectativas y obliga al gobierno a mostrar resultados concretos de corto plazo que serán muy difíciles de lograr».

No me interesa dirimir quién tiene razón en estos asuntos, algo que eventualmente decidirá la diosa Fortuna. En Chile, por lo demás, conocemos emergencias que duran más de lo que el lenguaje permite: estados de excepción renovados una y otra vez hasta cubrir casi un cuatrienio, como ocurre en la Macrozona Sur. Según señaló la ministra de Defensa: «No se puede vivir toda la vida con zona de excepción». En efecto, la excepción se normaliza. La emergencia aprende a convivir con la rutina. Y entonces la cuestión cambia de lugar: la pregunta no es si la consigna resiste cuatro meses o cuatro años, sino qué tipo de conducción política se instala cuando la emergencia deja de ser un episodio y se convierte en principio organizador. O sea, en el horizonte principal de gobernanza durante el período presidencial que viene.

Mi tesis es ésta: la emergencia será el eje del gobierno de Kast. No un eslogan del que después se arrepiente el marketing, sino el hilo rojo del programa ofrecido al electorado, reiterado en campaña por todo el territorio e inscrito en el prólogo de aquel documento —en la melodía y la partitura—, reforzado con instrumentos específicos y planes concretos.

Creo que, más allá de las dudas y controversias públicas sobre esta designación, la fuerza de los hechos terminará por imponerlo como matriz discursiva. Será el tema conductor de la agenda presidencial, así como la transición lo fue para Aylwin, la modernización para Frei y Lagos y las reformas para Bachelet. Cuenta con el entusiasta apoyo del Partido Republicano; a fin de cuentas, se dice, A. Squella, su presidente, habría «inventado» la fórmula. A su turno, una de las corrientes intelectuales de la derecha, el IES, think tank de ideas conservadoras-católicas y sociales-subsidiarias, lo ha recibido con el aplauso de su director ejecutivo.

Lo importante, en suma, es que, para el kastismo, la emergencia es un modo de leer el país y de gobernarlo; una óptica que las derechas en su conjunto recién comienzan a absorber.

Diagnóstico

Para ser creíble, la emergencia presupone un diagnóstico integral. La consigna republicana lo sintetiza a la perfección: «El país se cae a pedazos». No es una metáfora inocente; es una afirmación performativa. Si el país se cae a pedazos, entonces lo normal es insuficiente: la administración corriente no basta; la gestión incremental luce como frivolidad; la «derechita cobarde» se queda corta y la deliberación se vuelve un lujo.

Trump hizo su campaña y ha dirigido el primer año de su gobierno con esta consigna traducida al inglés: Make America Great Again. En ese contexto, la división de poderes es un estorbo; los procedimientos burocráticos se convierten en obstáculos; las órdenes ejecutivas sustituyen la tramitación legislativa y las decisiones se personalizan al margen de la institucionalidad. Los países en crisis exigen gobiernos que actúen con urgencia.

En esta narrativa, versión chilena, el culpable es el «pésimo» gobierno de Boric, descrito como ineficaz, errático, inexperto, de volteretas ideológicas e incapaz de sostener el orden, el crecimiento o la dirección. El estancamiento del país se atribuye a una mezcla de permisología, Estado obeso, burocracia de «amarres», regulaciones asfixiantes y —en un registro importado— una suerte de «swamp chileno» que tendría capturado al aparato público, lo habría vuelto lento, desconfiado, corrupto y adversario de la inversión. Los animal spirits habrían sido domesticados o enjaulados.

No discutiré el diagnóstico que considero unilateral, liviano, exagerado y, en gran medida, falso, aunque eficaz como arma comunicacional y eficiente publicitariamente. Más importante: para las derechas movilizadas tras el programa de Kast, sirve como base para el gobierno de emergencia. En efecto, le proporciona un piso estructural en economía y política.

No es casualidad, por lo mismo, que la emergencia conecte de inmediato con el lenguaje de «destrabar», «acelerar», «desregular» y «liberar». La promesa no es sólo reducir impuestos ni recortar el gasto. Mi hipótesis es que estamos ante la posibilidad de una segunda generación de políticas liberalizadoras, más sutiles y de mayor impacto microeconómico: levantar regulaciones, simplificar permisos, acelerar inversiones, reordenar mercados, promover asociaciones con inversionistas estratégicos.

¿Sería esto nada más que un nuevo ciclo de iniciativas privatizadoras encubiertas?

No lo creo. El Estado no desaparece de la escena. Al contrario, reaparece, esta vez con un rol activo de apoyo y un socio mayor del capital privado, como ya ocurrió durante el gobierno de Boric, por ejemplo, con la alianza empresarial de Codelco y SQM, timoneada por M.Pacheco. Tal vez la contribución más importante en estos años a nuestra economía haya sido su incorporación a un capitalismo de inversiones estratégicas.

Ese es un Estado que impulsa misiones o proyectos clave, digamos, en lenguaje de neoderechas, «subsidiariamente»: de transición energética, modernización productiva, automatización, industria alimentaria altamente competitiva, servicios financieros sofisticados, grandes obras públicas de concesión. Es decir, se «privatiza» con otros medios y orientación, no lo que existe, sino lo que ha de venir. El Estado se reconfigura para servir los nuevos propósitos de la economía. Menos «Estado social», «benefactor» o «de cuidados»; más «Estado habilitador».

Aquí se esconde una interesante paradoja: el gobierno de emergencia, aunque se presente como antídoto contra la burocracia, podría terminar justificando un Estado más concentrado en la decisión, más selectivo en objetivos y con mayor sentido estratégico y no sólo comparsa de los mercados. No necesariamente «menos Estado», sino otro Estado. Quizá uno con más poder para hacer «lo imprescindible» en la actual fase del capitalismo y para hacerlo rápido, con menos paciencia para las tramitaciones y, por ende, también con mayores riesgos de discrecionalidad, de descuido de bienes públicos y del retorno a un ciclo de capitalismo más próximo a los animal spirits salvajes.

¿Consistirá en esto la emergencia económica cuyo mando el Presidente electo ha encargado al ministro Quiroz y su equipo? ¿Una derecha ni libertaria ni neoliberal, sino tímidamente dispuesta a acelerar la inversión y a explorar el desarrollo de capacidades endógenas para impulsar el carro de la productividad? ¿Una conducción económica que se alejaría progresivamente del marco ideológico de los Chicago Boys? ¿Que dejaría atrás a la élite de política económica que dominó la Hacienda de los gobiernos de Piñera y aseguró la continuidad (incluso intergeneracional) de los cuadros gerenciales del empresariado y del elenco académico-tecnocrático-mediático encargado de administrar la sana doctrina económica que hoy aparece cada vez más cuestionada?

Obviamente es muy temprano para responder estas preguntas. Pero ellas abren una inesperada ventana al futuro gobierno de emergencia, una perspectiva fundamental que, precisamente por la larga subsistencia de esa «doxa chicaguense«, algunos conciben como parte de la naturaleza sujeta a leyes inamovibles.

Seguridad

La emergencia, sin embargo, no se limita a la economía. Va más allá de Chicago. Su eje central, su núcleo, es la seguridad. La prioridad número uno, el pilar fundamental, es una tarea a cargo del Estado, no de los mercados. Tiene menos que ver con los negocios y el lucro y, en consonancia con un pensamiento más conservador y católico, con el monopolio de la violencia y el pecado.

En el programa de Kast, este pivote lleva el nombre de un cómic: Plan Implacable. Mas no es una fantasía. Representa la emergencia traducida a medidas que operan como símbolos de autoridad: cárceles de máxima seguridad, aislamiento duro para cabecillas, fin de prácticas narcodelictivas que exhiben poder territorial y cultural, endurecimiento de sanciones, ampliaciones de facultades y presencia reforzada del Estado en zonas desde donde «fue expulsado». Una nueva noción de «los territorios» se abre paso aquí. No se trata de aquellos espacios del imaginario frenteamplista que, se pensaba, congregaban identidades comunitarias y articulaban demandas comunes, sino de «terrenos ocupados» que deben ser recuperados para el orden de policía.

El Plan Implacable actúa como respaldo de dicho orden y como prueba material de que la emergencia es «real» y existe para reconquistar los territorios (morales) usurpados por los «ismos» que Kast reconoce como enemigos de la sociedad civilizada: «el ambientalismo, el animalismo radical, el feminismo ideológico, el indigenismo radical». Y, sabido es, la lista cubre una variedad de otros «ismos»: el izquierdismo disolvente, el interculturalismo, el islamismo, el ateísmo, el (pos)modernismo, los liberalismos sin freno, el estatismo y así por delante. Es una espiral ascendente: el diagnóstico legitima el plan; el plan confirma el diagnóstico. Y todo esto desemboca en la emergencia. La política se organiza aquí como un relato de restitución: «recuperar», «restaurar», «devolver», «retomar». La palabra «implacable» no es técnica: es moral. Promete lo que muchas personas sienten que la sociedad contemporánea ha perdido: la protección del pudor y la vergüenza, los límites morales, las tradiciones consagradas, los signos de autoridad, el respeto policial. En breve: hay que traer de vuelta a un Leviatán sin complejos, como recién sacado de la filosofía práctica de Hobbes.

Hogar

En este punto donde conviene hablar sin eufemismos: la emergencia es un argumento para producir y concentrar legitimidad. Y la seguridad —por su carga emocional, por su relación con el miedo, por su vínculo directo con la vida cotidiana— es la vía más rápida para esa acumulación.

Mas sería un error creer que la emergencia kastista se agota en el Estado y en las condiciones habilitantes para el capital (entre las cuales los mercados ocupan un lugar privilegiado).

Hay una segunda capa, más profunda, que apunta a la sociedad civil, las familias y las personas. La emergencia, en esta lectura, interviene también en la vida cotidiana: se trataría de revitalizar la iniciativa individual, las micro y pequeñas empresas, las carreras meritocráticas, el consumo y el crédito; pero, sobre todo, de contrarrestar una sensación generalizada de dislocación: un país donde supuestamente «nada funciona», donde el intercambio pacífico se vuelve incierto, donde las jerarquías se han debilitado y la autoridad parece ausente. En adelante, cantaba la promesa del candidato electo en las redes sociales: «No te preocupes … todo va a estar bien».

En este punto entran los motivos conservadores clásicos, pero en versión actualizada: restaurar la familia, la natalidad, la moral, la disciplina del trabajo, el respeto, las figuras de autoridad. Y también hace su ingreso la dimensión simbólica más potente: la seguridad como forma de orden del mundo. No se promete solo una baja de delitos; se promete un retorno a la normalidad: volver a habitar sin angustia anómica, volver a confiar en la calle, en la escuela, en el barrio, en el Estado. Para muchos, no es una discusión ideológica. Es una discusión existencial.

Hobbes vuelve entonces, esta vez como fantasma. El miedo —el miedo real, no el «miedo inventado»— es un organizador político de primera magnitud. Un gobierno de emergencia se instala, en parte, canalizando ese miedo y ofreciéndole una forma institucional: el Leviatán que protege. Octavio Paz hablaba del ogro filantrópico; aquí la filantropía cede lugar a la mano dura; el contenido moral se intensifica: proteger, castigar, ordenar, jerarquizar. Se busca estabilizar la vida cotidiana como quien endereza una casa tras un terremoto.

La idea aparecida en la prensa del fin de semana pasado, la de conformar un comité de seguridad presidido por el Presidente, al lado del (tradicional) comité político (integrado por ministros y jefes de partido), busca reforzar ese lado fuerte, sin concesiones, áspero, de fuerza, del Estado. La primera actividad de cada primer día de la semana durante el gobierno de emergencia será recordar al país que vivimos al borde del abismo y que, para conjurar la amenaza, existe un Estado de seguridad nacional. Sin duda, la idea de los comités de salvación ejerce una particular fascinación en el imaginario de la política, tanto revolucionaria como reaccionaria.

18-O

A propósito de ese imaginario, el 18 de octubre de 2019 es inevitable. No tanto por lo que allí ocurrió, sino por lo que dejó instalado en la imaginación social. Hay lecturas del fenómeno que lo conciben como un momento magnífico, terriblemente hermoso, de liberación, de desborde de Eros, de emergencia de identidades aplastadas, de potencia destituyente, de imaginación sociológica de lo popular. Esa lectura —que a veces se escribió con ánimo filosófico, con pasión exultante, con estética de ruptura— convive, desde el primer día, con otra experiencia: la del orden derrumbado, la incertidumbre, la violencia sin contención, el temor al contagio de la anomia. Dos memorias, dos relatos, dos efectos.

Mi crítica —sé que irrita— es que una parte de nuestra intelectualidad de izquierdas, la de las bellas letras, la órfica, prefirió habitar el 18-O como escenario y no como advertencia. Vio allí el drama de Eros y Tanatos y celebró la destitución del sistema como si el mundo fuese a rehacerse en clave emancipatoria. Pero no reparó en que esa coyuntura también era una incitación poderosa al advenimiento de un Estado hobbesiano: el deseo social de protección, la demanda de autoridad, la búsqueda de una restauración. Más que sociología (por cierto, con excepciones) y análisis cultural (otra vez, con excepciones), hubo mesianismo sin anticipación, violencia y sin deconstrucción, y una gran mistificación del evento. En expresión de una de esas excepciones, leemos: «El pueblo como evento es aquella multitud que se reúne para decir ‘no más, basta’, se constituye como fracción agitativa en el momento en que ocurre la revuelta. Pero hay un pueblo representación o un pueblo poblacional que excede esa fracción y es justamente aquel que se pronuncia en la votación mayoritaria del rechazo» del 4-S de 2022. El mismo que, al final, produjo otra forma, diametralmente opuesta, de redención, otorgando una amplia mayoría a un gobierno de emergencia y a su plan implacable.

No es que toda lectura crítica sea romanticismo; ni que toda defensa del orden sea virtud. La cuestión es la ceguera estratégica: invocar una tormenta creyendo que el viento soplará a favor de la emancipación, cuando puede soplar en dirección contraria. La cultura política no decide el desenlace, pero lo prepara. Y la experiencia del desborde, en sociedades con memoria de la violencia, no suele producir solo horizontes libertarios: también produce apetito de autoridad y orden.

Así también aparece la incómoda comparación con medio siglo atrás. En aquellos años, muchos «profetas desarmados» —me incluyo— contribuimos a precipitar condiciones que luego facilitaron la instauración autoritaria, amenazando al antiguo régimen con el sueño de un nuevo cielo y una nueva tierra, un radicalismo imaginario, unos pretextos revolucionarios y la incapacidad para leer el miedo social y la latencia de los poderes fácticos. Al final, se impuso la reacción violenta, cien veces más fuerte, armada, decidida y mortífera que la amenaza.

No digo que la historia se repita: el 18-O de 2019 había en Chile instituciones, legitimidades y circunstancias distintas al 11-S de 1973 y un contexto internacional muy distinto. En cambio, es posible reconocer una afinidad electiva: cuando la política se entiende como gesto destituyente permanente, cuando se desprecia el orden como si fuese solo dominación, cuando se ridiculiza el temor de la mayoría como «falsa conciencia», se abre la puerta a una respuesta bonapartista: un poder que promete restablecer jerarquías, pacificar por la fuerza, normalizar por decreto.

En esta afinidad, Kast aparece como síntoma, no como actor. Su «gobierno de emergencia» es la traducción política de un deseo social que el 18-O —entre otras cosas— alimentó. En parte, por la incapacidad de una fracción de la izquierda cultural para entender que la violencia desbocada genera reacción. No es un evento que suspenda o interrumpa la historia.

Trump

Hoy el espejo que mejor refleja la lógica de la emergencia no es otro país latinoamericano, sino los Estados Unidos en su giro trumpista. No porque Chile pueda asimilarse a los Estados Unidos, sino porque Trump muestra con crudeza cómo la política puede operar fabricando y administrando emergencias: frontera, crimen, decadencia moral, enemigos internos, conspiraciones, decadencia nacional. Emergencias de todo tipo que, a su vez, justifican decisiones extraordinarias, la concentración de poder, la ruptura de hábitos institucionales y el desprecio por las intermediaciones.

Trump gobierna no solo con políticas, sino también con una dramaturgia constante de crisis: cada día crea una escena de conflicto, una amenaza, una urgencia, una batalla. Esa dramaturgia no es casualidad: permite reordenar la agenda y exigir lealtad. Permite desplazar el debate de «qué es lo justo» a «qué es lo urgente». Permite instalar un clima en el que la regla se vuelve ineficaz y la excepción, razonable.

Cuando se cita a Carl Schmitt —el filósofo jurista de la soberanía como decisión sobre la excepción— no se hace por erudición o pedantería: se hace porque la intuición schmittiana resulta operativamente eficaz para liderazgos que quieren gobernar sin contrapesos. Si la sociedad vive en emergencia, el decisor se vuelve imprescindible. Y si el decisor se vuelve imprescindible, los frenos se leen como traición. También en asuntos del (nuevo) orden internacional —uno de los grandes espacios (Großräume) a cargo de cada uno de un hegemón regional— la visión trumpiana encuentra soporte en Schmitt.

Kast no es Trump, Chile no es EE.UU., ni Guzmán es Schmitt. Tampoco nuestra institucionalidad admite trasplantes mecánicos. Pero el mecanismo cultural es reconocible: la emergencia como atmósfera envolvente de la sociedad. El peligro y el temor están infiltrando cotidianamente la opinión pública. La batalla cultural como pegamento moral. La apelación a la restauración como promesa de sentido. La mano dura extendida como símbolo de que todo va a estar bien.

Clave

Llegamos así al núcleo interpretativo de estas páginas: el «gobierno de emergencia» contiene la clave para las posibilidades —y los riesgos— de la administración Kast. Es una noción que busca definir un diagnóstico del país, un estilo de mando y la seguridad nacional como eje moral del mandato y como condición habilitante para una aceleración de la economía. En breve, es un dispositivo para reconfigurar la legitimidad de las derechas en el poder, tras una experiencia dictatorial y dos períodos de gobierno epígonos de la Concertación, según piensan hoy muchos en las filas intelectuales de las nuevas derechas hegemónicas.

La emergencia puede convertirse en un gran atajo: permite reducir la diversidad de prioridades. Permite transformar diferencias razonables en obstáculos culpables. Permite desplazar la conversación de la justicia a la eficacia. Permite sospechar la deliberación como dilación. Y, a la vez, ofrece al gobierno un recurso expedito para explicar fracasos: si no resulta, no es porque la política esté mal diseñada, sino porque la emergencia era más grave de lo que se creía, o porque «los de siempre» impiden actuar.

Las oposiciones —que, sin duda, serán varias y fluidas por razón de la fragmentación político-parlamentaria— serán mantenidas a raya tras el cordón sanitario de la emergencia. Toda crítica será considerada sospechosa. Todo cuestionamiento es un acto inadecuado de «buenos chilenos». Cualquiera impugnación, una complicidad con los males que acechan a la sociedad. La emergencia es, por sí misma, un terreno de superioridad moral, sin necesidad de declararla ni justificarla. Es desde ella que se reclama el alineamiento y la subordinación.

Por eso, paradójicamente, la emergencia es promesa y, a la vez, excusa: promete decisión, mando y autoridad, y habilita coartadas, vigilancia y castigo. Esta ambivalencia marcará el desempeño del gobierno por venir.

Modalidades

En la práctica, entonces, ¿qué formas podría adoptar el «gobierno de emergencia» que está por estrenarse? Propongo cuatro modalidades, no como una predicción sino como un mapa de alternativas plausibles.

Excepción. Una primera modalidad sería elevar la emergencia a doctrina de gobierno: la excepción se convierte en un régimen de conducción. Se expande la centralidad presidencial, se comprimen los tiempos, se buscan atajos normativos y administrativos, se gobierna con el lenguaje de la crisis del «primer día» una y otra vez. No hace falta suprimir la democracia; basta con que la lógica de la urgencia colonice el funcionamiento normal de las instituciones. La excepción se traga a la regla, sin necesidad de anunciarlo. Trump ha procedido así, lo mismo Orbán y Bukele.

Doble misión. Una segunda modalidad es más programática y «ordenada»: emergencia centrada en objetivos. El primero, hobbesiano: seguridad férrea. El segundo, económico: un impulso de crecimiento con misiones proinversión, liberalización regulatoria y aceleración de proyectos, o sea, un Estado habilitador. Aquí la emergencia sirve de paraguas para un pacto de orden y crecimiento, donde la moralización de la seguridad convive con la racionalidad tecnocrática de la inversión. Algo así subyace al proyecto original de la UDI y a su descendencia republicana.

Escenificación. Una tercera modalidad es la emergencia como estilo performativo: un gobierno 24/7, saturado de gestos, anuncios, despliegues y comités especiales de salvación nacional. Una política del «estamos encima», con coreografía de mando, administración en modo de crisis, apelación constante a la movilización privada, la caridad empresarial, el gremio, la solidaridad, la onda positiva y el moralismo evangélico. Representa la proyección comunicacional de una derecha que se considera «exitosa» por nacimiento y familia, madre y maestra en el manejo de catástrofes, el colapso de minas, el apaciguamiento de incendios y el combate al crimen. En esta versión, la emergencia opera como dramaturgia permanente: la acción importa tanto como su efecto visual.

Arranque. Una cuarta modalidad es la más pragmática de todas: la emergencia del motor de arranque —90 días iniciales, 90 medidas contundentes— para luego transitar hacia el ritmo más moderado del business as usual: rebaja de impuestos, fortalecimiento de la autoridad, reducción burocrática, expansión de las libertades de elección en salud, educación y vivienda. En esta onda, la emergencia se usa como un trampolín de inicio y luego se atenúa el lenguaje de crisis; el gobierno busca normalizar su propia normalidad. Hay cambios de ministros, llegan nuevas caras, abundan las explicaciones y reaparece el lenguaje de las curvas de aprendizaje y el folclórico «otra cosa es con guitarra».

En la práctica, estas modalidades podrán mezclarse. Lo más probable es que así ocurra. Dependerá no solo de los caprichos de la diosa Fortuna, sino también de la trayectoria del liderazgo de Kast, de la actuación de las oposiciones, del comportamiento del propio bloque de apoyo a Kast, hoy sólo sueltamente acoplado, y de la evolución de los «grandes espacios» geopolíticos. Last but not least, de cómo, cuándo y cuánto el gobierno decida utilizar las armas de la batalla cultural; puede servir para cohesionar la base, distraer de las dificultades económicas, explicar la persistencia de la percepción de inseguridad, arrinconar a la oposición o provocar lo que los sociólogos denominamos «pánico moral» (caza de brujas).

Al final

En cualquiera de las versiones, combinaciones o intensidades registradas más arriba, las preguntas de fondo siguen siendo las mismas: ¿la emergencia será un medio para gobernar o un modo de gobernar? ¿Será un recurso transitorio o un ambiente permanente? ¿Recurrirá a las excepciones o se construirá como la normalidad? ¿Descansará más en la seguridad que en el crecimiento, o viceversa? ¿Contará con oposiciones leales a la institucionalidad, radicalizadas en las calles o ensimismadas e improductivas?

Y una cuestión clave adicional: ¿gobernar para la emergencia significa abandonar toda esperanza de una gobernabilidad más estable y responsiva, más justa y deliberativa, menos focalizada en la coyuntura pasajera y más orientada a los intereses y las condiciones del futuro del país?

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