El Presidente electo José Antonio Kast y su entorno se han empecinado en describir el gobierno que iniciará funciones el 11 de marzo de 2026 como un gobierno de emergencia. Si bien es importante subrayar el objetivo de marcar un cambio de rumbo claro y decidido respecto al camino por el que ha transitado el país en estos últimos años, usar el concepto de ‘gobierno de emergencia’ siembra innecesarias expectativas de resultados inmediatos y apura los plazos para cambios necesarios que, no obstante, tomará tiempo implementar. Así como el gobierno de Gabriel Boric innecesariamente ató el éxito de su proyecto de transformaciones a la aprobación de la propuesta constitucional en el primer plebiscito de septiembre de 2022, el futuro gobierno de Kast arriesga que la opinión pública forme un juicio anticipado sobre el éxito de su plan de transformaciones profundas mucho antes de que el gobierno haya tenido la oportunidad de poner en funcionamiento muchas de las reformas que aspira a implementar.
La conocida y repetida frase de que la campana electoral debe hacerse con poesía pero que, para gobernar, hay que usar la prosa es famosa precisamente porque resume brillantemente las diferencias entre el desafío de ganar una elección en una campaña de un par de meses y el desafío totalmente distinto de gobernar durante un periodo complejo de cuatro años, con sorpresas, imprevistos y la difícil tarea de cambiar el rumbo de un aparato público que se mueve lento y que, en este periodo, estará lleno de personas que se declaran adversarias y opositoras al gobierno que encabezará Kast.
Las emergencias y las crisis son, por definición, momentos especiales que no pueden durar mucho tiempo. Ningún país vive en crisis permanente. Incluso cuando una crisis se prolonga, aunque los problemas siguen existiendo, la gente se acostumbra y la crisis se vuelve cotidianeidad. Si el futuro gobierno insiste en hablar de gobierno de emergencia, deberá necesariamente existir un indicador que permita identificar cuándo se ha terminado la emergencia. Pero porque la emergencia se asocia fundamentalmente a la crisis migratoria y a los altos niveles de delincuencia que han alimentado la percepción de inseguridad, va a resultar muy complejo encontrar indicadores objetivos y convincentes que permitan al gobierno anunciar que la emergencia se ha terminado. Si en seis meses, la gente sigue creyendo que el problema de inmigración ilegal no se ha solucionado o que el país sigue siendo inseguro, será muy fácil para la oposición declarar que el gobierno ha fracasado en solucionar lo que el propio gobierno definió como una emergencia.
Ya que la gente seguirá percibiendo que hay más extranjeros que nunca en el país -y que nadie puede distinguir entre documentados e indocumentados cuando escucha acentos extranjeros en la calle- el gobierno tendrá una difícil tarea para convencer a la opinión pública que está terminando con la emergencia de la migración ilegal. Es cierto que puede haber avances si se reduce el ingreso de ilegales o si se apuran las expulsiones de indocumentados y extranjeros que han cometido delito, pero hay un riesgo real de que los avances no mermen la percepción de que viven demasiados extranjeros en Chile. Además, una política agresiva de expulsión de extranjeros, además de ser demasiado costosa, depende de una capacidad estatal que Chile hoy no tiene y debe construir. Finalmente, en su celo por cumplir esa importante promesa, el gobierno pudiera terminar dividiendo familias, forzando el abandono de infantes nacidos en Chile e incumplir nuestro patriótico compromiso de ser asilo contra la opresión.
De igual forma, la percepción de inseguridad no mejorará fácilmente. Nuevamente, la limitada capacidad estatal para combatir el crimen y asegurarse de que los delincuentes estén tras las rejas dificultará el cumplimiento de la promesa de campaña del Presidente Kast. Aun si se otorgan más atribuciones y respaldo a Carabineros, el aumento en la dotación de Carabineros necesaria para combatir más exitosamente la delincuencia tomará tiempo más allá de lo que supone la lógica de gobierno de emergencia que ha instalado el gobierno entrante.
Tendría más sentido que el nuevo gobierno hable de retomar el sendero correcto implementando reformas que requerirán sacrificio y paciencia. Usar el lenguaje de emergencia, como si en Chile hubiera un incendio que necesita ser apagado lo antes posible, genera falsas expectativas y obliga al gobierno a mostrar resultados concretos de corto plazo que serán muy difíciles de lograr. Apenas asumen, los gobiernos pueden dar señales claras que muestren un cambio de rumbo en el país. La gente entiende que, para mejorar las clases, tendrá primero que pasar un tiempo para que los cambios comiencen a dar frutos. Pero si la nueva administración insiste en que este será un gobierno de emergencia, la opinión pública tendrá menos paciencia y el nuevo gobierno tendrá menos tiempo para mostrar resultados y evidencia de que el país ha cambiado rumbo y estamos retomando el sendero correcto.
