Eran las dos y media de la madrugada del jueves cuando el Senado por fin despachó la megarreforma de Reconstrucción Nacional. Después de meses de tramitación y una sesión que se extendió casi doce horas, el gobierno de José Antonio Kast se anotó una victoria con el mismo margen que lo acompaña desde junio: 26 votos contra 24. Los artículos que realmente importaban —la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración tributaria, la invariabilidad para las grandes inversiones— pasaron con esa cifra que ya empieza a sonar repetitiva. Pero contar esta jornada solo como un triunfo oficialista es quedarse a mitad de camino. Lo que ocurrió del otro lado de la sala es, si se mira con algo de calma, más interesante: una oposición que llegó a su primera prueba legislativa seria del año y salió de ella más fragmentada de lo que entró.

Conviene recordar el punto de partida. El proyecto había sido aprobado en general a fines de junio, también por 26 votos, con la abstención de Pedro Araya, del PPD. Un margen tan estrecho —apenas uno por sobre el mínimo— era una señal clara de que el Ejecutivo no tenía piso amplio en la Cámara Alta, y de que cualquier grieta en su coalición podía costarle la reforma que más le importaba en su primer año de gobierno. La discusión en particular, que pasó meses entre las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda, era justamente la instancia para que la oposición transformara esa estrechez en capital de negociación. No lo hizo, o no lo hizo de manera conjunta, que para estos efectos viene a ser casi lo mismo.

Las conversaciones con el Partido Socialista y el Frente Amplio se cayeron temprano y sin demasiado drama. Paulina Vodanovic fue bastante directa al respecto, horas antes de la votación general: el proyecto no tenía diálogo posible, dijo, y su bancada votaría en bloque en contra. Descartado ese frente, el gobierno movió sus fichas hacia el PPD, que en este Senado cumple el papel de bisagra casi por vocación. Ahí sí hubo entendimiento: una fórmula de invariabilidad tributaria escalonada según el tamaño de la inversión —diez años para los proyectos más chicos, hasta veinte para los mayores, con una sobretasa de 1,5 puntos— que le permitió a Araya y a Ximena Órdenes acercarse al Ejecutivo sin integrarse formalmente a su coalición.

Ese acuerdo con el PPD terminó siendo, en los hechos, la única negociación que prosperó en toda la tramitación. Y su efecto principal no fue ampliar el respaldo político del proyecto, sino dejar en evidencia la fractura opositora. Mientras el PPD descartaba ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad, la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Socialista mantuvieron esa carta sobre la mesa, alegando vicios de inconstitucionalidad en las normas ambientales y tributarias. El resultado, dicho sin rodeos, es una oposición que no solo perdió la votación: ni siquiera logró perderla como bloque.

Los votos que en realidad decidieron todo, sin embargo, no salieron del PPD sino de dos senadores independientes cercanos a Evópoli, Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, cuyo respaldo estaba prácticamente comprometido desde antes de que se abriera la votación general. Walker condicionó su apoyo público a que se respetara la fórmula pactada con el PPD y a que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no metiera cambios de última hora —cosa que de todos modos intentó, con una indicación para rebajar aún más el impuesto a empresas extranjeras, y que tuvo que retirar cuando el PPD amagó con bajarse del acuerdo. Ese tropiezo, sumado a los votos de Walker y Calisto, fue lo que terminó de convertir los 24 votos duros del oficialismo en los 26 necesarios.

Lo que muestra el proceso, mirado en conjunto, es que nunca hubo una sola oposición negociando con el gobierno, sino al menos tres estrategias corriendo en paralelo: la ruptura frontal de PS y FA, el acercamiento pragmático del PPD, y la resistencia más bien testimonial del Partido Comunista, cuyo senador Daniel Núñez llegó a acusar a Quiroz de comportarse como una suerte de Robin Hood al revés, generoso con los que ya tienen. Esa fragmentación no es nueva —ya se insinuaba en junio— pero la sesión del miércoles la hizo explícita artículo por artículo, en casi ochenta votaciones separadas que se extendieron hasta la madrugada.

Tampoco conviene exagerar el triunfo del gobierno. El propio senador Javier Macaya, de la UDI, lo dijo en la sala esa misma noche: esta reforma no se va a medir por los votos que sacó, sino por lo que produzca en el tiempo. Una ley que pasa con el margen mínimo, sin respaldo transversal y con al menos cuatro bancadas anunciando reserva de constitucionalidad, carga una legitimidad más frágil de la que sugiere el resultado final. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite, y no está descartado que termine en una comisión mixta si persisten las diferencias con lo que despachó el Senado.

Lo que sí queda claro es que la oposición chilena llegó a esta primera prueba legislativa relevante del gobierno de Kast sin una estrategia compartida, y salió de ella de la misma forma. Si la megarreforma termina o no en el Tribunal Constitucional lo definirán los abogados, en los próximos meses. Pero el examen de la unidad opositora ya se rindió, y el resultado se conoció mucho antes de las dos y media de la madrugada.