La indignante afirmación del diputado Jaime Bassa

A raíz de la decisión del Ministro de Justicia Fernando Rabat de otorgar beneficios penitenciarios  a condenados por delitos sexuales contra menores, basada en la irretroactividad penal existente en nuestro país, además de  los múltiples fallos anteriores de la Corte Suprema en casos similares -pero sin considerar ni analizar las consecuencias políticas que dicha decisión podría implicar-, el país ha tenido la oportunidad de presenciar el deshonroso nivel de ciertos miembros de la oposición, que ya no tienen vergüenza alguna en emitir opiniones que no sólo indignan sino que provocan vergüenza que personajes así representen a uno de nuestros  tres poderes del Estado.

Un ejemplo de lo anterior es el diputado Jaime Bassa del Frente Amplio, exvicepresidente de la Convención Constitucional que pretendió refundar Chile, quien el martes sin prueba alguna ni un mínimo respeto por la honra de quien se atrevió a denostar, tuvo la desfachatez de expresar una insultante afirmación, al decir sobre lo ocurrido en el caso de los beneficios penitenciarios otorgados, “esto no es un error, esto es una manifestación más de una red de pedofilia internacional” aludiendo además en su indigna declaración a figuras internacionales como los Presidentes Trump y Milei entre otros.

La irresponsabilidad del diputado Bassa es gravísima pues no le importó siquiera considerar el daño a la imagen institucional e internacional del país que su injuriosa declaración nos podría provocar, pues imaginen ustedes. lo que podría suceder si las cancillerías extranjeras se quedaran con la idea que la decisión de un ministro de otorgar beneficios penitenciarios a condenados por delitos sexuales fue una manifestación más de una red de pedofilia internacional.

El diputado Bassa, con la arrogancia que lo caracteriza, se dio el gusto de insultar gravemente la honra del ministro Rabat basado en el privilegio de su fuero parlamentario, pensando seguramente que por ese motivo no tendría consecuencia alguna en su contra y que además probablemente se llenaría de gloria entre sus partidarios por aseverar algo así de irreverente. Sin embargo, se equivocó, porque el aludido ministro confirmó que no está dispuesto a aceptar las intolerables graves acusaciones en su contra, que atentan directamente contra su honra, y encargó la preparación de una querella criminal contra el diputado por sus dichos sobre la red de pedofilia internacional.

La reflexión que considero necesario hacer sobre este grave hecho, es que no se puede tolerar ni se debe aceptar que miembros del Poder Legislativo, como es el caso del diputado Bassa, puedan injuriar gravemente y sin fundamento alguno a autoridades de Gobierno, menoscabando su honra por el simple hecho de ser opositores; y en esos casos, lo mínimo que debiera ocurrir es que se les pase a la Comisión de Ética y sean penalizados con la sanción más grave que puede imponer la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara, además de sufrir las consecuencias de las querellas que puedan ser presentadas en su contra, por el bien de la Institucionalidad.

 Si el diputado Bassa fue capaz de emitir una injuria de esa naturaleza, veamos si tiene la decencia de asumir la responsabilidad por sus palabras y explicarle al país basado en que y por qué denostó la honra del Ministro de Justicia, quien es el responsable final de haber tomado una decisión en base jurídica, obviando las implicancias políticas de la misma, lo que es reconocido como un error.

Y como si esto fuera poco, en la sesión especial del miércoles en la Cámara de Diputados, titulada «Análisis sobre rebajas de condenas otorgadas por el Ministerio de Justicia a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes», el diputado Daniel Manouchehri del Partido Socialista, no estimó nada mejor que advertirle al Presidente, que si no se atreve a sacar al Ministro de Justicia, tendrá que ser el Congreso el que lo saque, como si los ministros dependieran de la confianza de los parlamentarios y no del Presidente.

Lo que implica dicha declaración es que se pretende instruir una Acusación Constitucional contra el ministro Rabat, la que no tiene base jurídica alguna, porque dicho Ministro no ha violado ninguna ley ni menos la Constitución Política de Chile. Manouchehri lo sabe, pero el propósito es otro; es mantener el tema en el clima de opinión pública por un largo tiempo para que la aprobación del gobierno se mantenga en los bajos niveles actuales y así provocarle daño.

Que un diputado ofenda la honra de un Ministro de Estado, injuriándolo gratuitamente por darse un gustito personal, debe ser motivo de amplio repudio ciudadano por el potencial daño a la institucionalidad y a la imagen internacional de Chile.