Hace más de una década que en Chile funciona, sin ruido ni polémica, un sistema de indemnización que resuelve exactamente el problema que seguimos debatiendo para el resto del mercado laboral. Se llama «indemnización a todo evento» y rige para los trabajadores de casa particular: el empleador cotiza mensualmente un porcentaje de la remuneración en una cuenta individual en la AFP del trabajador, y ese fondo se paga íntegro cualquiera sea la causa de término del contrato. Renuncia, despido, mutuo acuerdo: da lo mismo. El dinero ya está ahorrado, ya tiene rentabilidad acumulada, y no depende de que el empleador tenga caja el día que termina la relación laboral.

Es, en los hechos, una versión chilena y silenciosa de lo que en Europa se conoce como la «mochila austriaca». Austria reformó su sistema de despido en 2003 reemplazando la indemnización tradicional por años de servicio —que se paga de una sola vez y depende de la solvencia de la empresa al momento del despido— por un fondo de capitalización individual que el trabajador se lleva consigo de trabajo en trabajo. La empresa aporta un porcentaje fijo del sueldo bruto cada mes; si despide, no paga nada adicional, porque la indemnización ya estaba financiada de antemano. El resultado, después de dos décadas, es un mercado laboral con menos litigiosidad, mayor movilidad y una tasa de desempleo que se ha mantenido entre las más bajas de Europa.

La pregunta obvia es por qué Chile no ha llevado esta misma lógica al resto de los trabajadores. Hoy, fuera del servicio doméstico, seguimos con un sistema de indemnización por años de servicio que es, al mismo tiempo, generoso para quien logra litigar un despido injustificado y completamente ilusorio para quien trabaja en una empresa que quiebra o simplemente no provisionó el pasivo. Es un derecho que existe en el papel del Código del Trabajo, pero que en la práctica es un pasivo contingente no financiado, sujeto a la salud financiera de la empresa en el peor momento posible: cuando ya está despidiendo gente.

Extender el modelo de cuenta individual capitalizada al resto del mercado laboral no es una fantasía importada: ya lo hacemos con empleados domésticos desde 2015, y con seguro de cesantía desde 2002. Lo que falta es dar el paso de fusionar ambos mundos en un solo instrumento, como hizo Austria, en vez de mantener dos sistemas paralelos —uno prefinanciado y portable, otro devengado y contingente— según el rubro en que a uno le tocó nacer laboralmente.

Las objeciones son reales y hay que tomarlas en serio. La principal es el costo de transición: migrar el pasivo devengado del sistema actual hacia cuentas prefinanciadas no es gratis, y alguien tiene que pagar esa cuenta —probablemente una combinación de empleados, empleadores y Estado, con gradualidad. La segunda es que trabajadores de alta antigüedad y sueldos altos podrían perder respecto del tope actual de once años si la transición no reconoce adecuadamente los derechos ya generados. La tercera, más política que técnica, es que los sindicatos ven la indemnización actual no solo como ahorro, sino como una palanca de protección contra el despido arbitrario, y temen que «aportar a todo evento» termine abaratando el despido sin nada a cambio.

Son objeciones que se resuelven con diseño, no con inmovilismo. Chile ya demostró, con los trabajadores de casa particular, que sabe construir un sistema de indemnización portable, prefinanciado y que no depende de la solvencia del empleador al momento del despido. La mochila ya existe. Lo que falta es la valentía de ponérsela a todo el mercado laboral, no solo a quienes trabajan puertas adentro.