Mientras la política económica del actual gobierno venía con un prediseño articulado y contundente, la de seguridad se ha ido pintando a brochazos que de a poco revelan una figura. En ese cuadro, el anuncio de un registro de vándalos e incivilidades ha tenido un importante rol. Se trata de una medida que registraría a quienes cometan actos definidos como vandalismo o incivilidades, y que se usaría para condicionar el acceso a beneficios sociales como la PGU o la gratuidad universitaria.
Mucho se ha discutido sobre la legitimidad, moralidad y constitucionalidad de la medida. Sin restarle importancia a ese debate, quiero centrarme en otra cosa: la coherencia del cuadro que emerge en la política de seguridad y cómo eso podría afectar su eficacia.
Un rasgo del discurso del Presidente es su llamado a un cambio de actitud frente a la vida cívica, lo colectivo y lo personal. Tanto el día de su triunfo como en la Cuenta Pública, convocó a un mayor diálogo y respeto, constancia en el esfuerzo y participación voluntaria en el entorno.
Diversos analistas han notado que este discurso resuena con una veta del pensamiento conservador que desconfía de las grandes políticas públicas como instrumento para producir una buena sociedad, y que confía más en las actitudes de las personas ancladas en su entorno e historia. Se lee ahí una renuncia a la política y una apelación ingenua a la buena voluntad individual.
Ese análisis, sin embargo, ignora una trama de ideas más amplia en la que el llamado presidencial puede inscribirse. Alexis de Tocqueville, en su visita a Estados Unidos en el siglo XIX, destacó la importancia de los «hábitos del corazón y la mente» (mœurs) —la «constitución invisible» de un pueblo— para sostener una democracia: elementos que ninguna ley o institución puede producir por sí sola, y que para él eran el antídoto contra el individualismo que tiende a generar la igualdad democrática. El llamado de Kast resuena con esa idea, pero puede acompañarse de otras que le dan mayor profundidad.
Primero, para Tocqueville, las mœurs florecen junto con la asociatividad en comunidades intermedias —civiles, religiosas, políticas, vecinales—. Ante un problema colectivo, según Tocqueville, los estadounidenses formaban una asociación; los franceses, en cambio, esperaban al Estado. La disposición asociativa genera responsabilidad cívica y las habilidades democráticas que la acompañan, además de actuar como contrapeso al despotismo suave de un Estado que se hace cargo de manera paternalista de los problemas de individuos apáticos.
Segundo, esa asociatividad puede ser objeto de fomento o detracción por parte del Estado. Puede que el Estado desconfíe de ella y se arrogue la solución de los problemas colectivos —el centralismo, el autoritarismo y una noción estrecha de lo público van por ahí— o puede preferir abordajes descentralizados y espontáneos, como expresan el federalismo estadounidense o el principio de subsidiariedad en su versión liberal-conservadora.
La subsidiariedad exige del Estado dejar operar a los individuos y cuerpos intermedios cuando tengan capacidad de resolver sus problemas; por otro lado, limitarlos cuando infrinjan principios más amplios de convivencia; por último, apoyarlos cuando sus capacidades sean necesarias o puedan potenciar las de aquellos.
De esta manera, la pregunta que vale hacerse sobre el registro de vandalismo e incivilidades es si obedece a esa lógica subsidiaria que ampara el ideario del gobierno, o va en sentido contrario, abriendo una disonancia en su seno.
El vandalismo y las incivilidades que apunta a registrar la medida son, precisamente, productos de una antítesis a los “hábitos del corazón y la mente” que para Tocqueville florecen en la asociatividad y las comunidades intermedias. En Chile los vemos en universidades, colegios, barrios, agrupaciones deportivas: su elemento común es el rechazo, por individuos o colectivos, de la responsabilidad con el entorno inmediato, la convivencia y el orden público.
Los problemas que estas incivilidades generan son, a su vez, problemas colectivos y cabe preguntarse si el registro fomentará el rol de las comunidades intermedias y la asociatividad espontánea para confrontarlas o si desplazará la agencia en esta materia hacia el Estado en detrimento de los cuerpos intermedios.
Parece bastante evidente que la respuesta apunta a esta última dirección. Los castigos previstos están basados en beneficios sociales de alcance nacional y se tipifican comportamientos que deben ser identificados y atribuidos por autoridades externas a los ámbitos donde estos comportamientos surgen.
Con ello hay tres posibles efectos contrarios a la lógica subsidiaria. Primero, podría desplazar la agencia e iniciativa que los participantes de estos ámbitos pueden tener respecto de las incivilidades. Un director de un colegio o el rector de una universidad podrá ver en la sanción externa a su ámbito de acción una exoneración de su responsabilidad e iniciativa para evitar el vandalismo y las incivilidades. Segundo, esta misma externalidad disruptiva respecto del funcionamiento interno de esas comunidades puede poner a sus miembros en contra de la operación del registro, debido a los efectos que tendría no solo para los sancionados, sino para los demás. Tercero, el efecto de las sanciones en los individuos puede ser contrario a la disuasión de lo que se busca sancionar, debido al estigma y la exclusión que implican, profundizando la alienación de los sancionados respecto de su entorno.
El registro busca inducir un comportamiento cívico mediante el temor generado por el Estado central, el Leviatán. Pero es poco probable que la medida induzca un cambio en los “hábitos del corazón y la mente” respecto de la civilidad que el gobierno llama a hacer. La alternativa a esto no es simplemente un llamado a la buena voluntad o una renuncia del Estado a sus herramientas para la sanción de estos comportamientos.
La alternativa es una política que empodere a las comunidades intermedias y la asociatividad espontánea para abordar estos problemas. Hoy en día esa agencia está obstruida por el peso del Estado central. Un ejemplo de ello son las escuelas, abrumadas por las exigencias burocráticas de las reformas de las últimas décadas y atadas de manos para ocuparse y tomar un rol más activo en la prevención y sanción de las incivilidades y el vandalismo. La ley “Aula Segura”, a diferencia del registro que se busca implantar, apunta a empoderar a las instituciones educativas. No se trata de más o menos mano dura; se trata de que los ciudadanos tengan los incentivos, facultades y la disposición para tomar sus problemas en sus manos y no dejarlos a la mano imponente pero torpe y ajena del Leviatán.
Por ejemplo. se les podría delegar en los rectores de la Universidad de Chile, Santiago, Valparaiso, rectores de colegios como Instituto Nacional y similares, jefes de barras de la U, Colo Colo, UC y Wanderers que se autocontrolen y autosancionen????? Creo que estamos lejos de aquello hoy en día. Otros cuerpos intermedios, sí, muy buena idea. Creo que son complementarias. Llevamos unos veinte años de cultura de vandalismo y destrucción sin ninguna justificación razonable de ese camino.