La hora de escucharse

Hace una semana me atreví a sugerir que tanto el gobierno como la oposición necesitaban una “pausa de los diez minutos”, esa breve detención que se realiza en las caminatas militares apenas iniciada la marcha, para corregir aquello que incomoda antes de que termine transformándose en un problema mayor. Anoté que el gobierno debía detenerse para realizar cambios urgentes por lo menos en el área de comunicaciones, en su política de seguridad pública y en su manera de relacionarse políticamente con la oposición. Y para la oposición sugerí que esa pausa debería servir para reorganizar su discurso cambiando la diatriba y la denuncia por proposiciones positivas que, en el caso del proyecto de Ley de Reconstrucción propuesto por el gobierno, podrían nutrirse de los análisis que diferentes institutos y especialistas identificados con la oposición habían hecho durante las semanas anteriores.

Lo cierto es que podría haberme ahorrado mi propio pesimismo con relación a mi sugerencia si hubiese sabido que el Presidente Kast se proponía hacer cambios en su gabinete que introducían importantes modificaciones en la conducción de sus comunicaciones y en el ministerio de Seguridad Pública. Particularmente significativo fue el nombramiento de Claudio Alvarado quien agregará a sus obligaciones como ministro del Interior las de la Secretaría General de Gobierno, esto es la vocería de gobierno. En las actuales circunstancias probablemente no había otra figura oficialista con más experiencia política, más capacidad de interlocución y más serenidad para enfrentar una etapa que exige exactamente eso. Y el traslado del ministro Arrau desde Obras Públicas al Ministerio de Seguridad Pública, si bien puede abrir alguna incógnita debido a que no posee experiencia directa en materias policiales o de seguridad -aunque sí la tuvo como intendente- también resulta convincente debido a que reúne dos características que hoy parecen indispensables en esa cartera: experiencia política y formación técnica. En un nuevo ministerio que debe ordenarse institucionalmente, las capacidades de planificación y gestión son las necesarias para conducir la política pública en esa área, unas capacidades de las que su antecesora parecía justamente carecer.

Pero para ser consecuente con mis propios dichos, debo reconocer que el gobierno sigue en deuda en su relación con la oposición. No obstante que el nuevo biministro Alvarado saludó la aprobación de su proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional en la Cámara, destacando la labor del Ejecutivo en cuanto a “ser capaz de escuchar, ser capaz de recibir propuestas y de generar mayorías…”, lo cierto es que la mayoría fue conseguida exclusivamente gracias a los votos del Partido de la Gente y se logró en una negociación en la que ese partido no mencionó siquiera el proyecto del gobierno y se limitó a promover un proyecto de Ley propio y para su exclusiva mayor gloria. De igual manera, las únicas tres indicaciones presentadas por diputados y diputadas y que fueron aprobadas por el plenario, decían relación con materias que no alteraban el proyecto del gobierno (y una de ellas relativa a la creación del sistema de sala cuna universal presentado por un diputado del Frente Amplio fue objeto de reserva de constitucionalidad por parte del ministro Quiroz).

En realidad, y no obstante lo que afirma el ministro Alvarado, el gobierno no ha escuchado a la oposición, aunque sí se ha reunido con algunos de sus representantes para oírlos. Y la diferencia, aunque parezca semántica, es política y profundamente práctica. Oír es apenas percibir sonidos. Escuchar, en cambio, supone prestar atención, intentar comprender, aceptar la posibilidad de que el otro pueda tener parte de razón y estar dispuesto a incorporar algo de esa razón en las propias decisiones. Eso es, precisamente, lo que ha faltado durante estos meses en la relación entre gobierno y oposición.

Y ha faltado porque, así como el gobierno se ha mostrado demasiado seguro de sus verdades como para admitir otras verdades como posibles, también es cierto que la oposición tampoco ha hecho un esfuerzo significativo por presentar un cuerpo consistente de ideas que contribuyan a perfeccionar las propuestas del gobierno. Más bien al contrario, durante la semana volvieron a escucharse voces opositoras como la de la diputada Consuelo Veloso, del Frente Amplio, que sostuvo que la misión de la oposición era obstaculizar “sin pudor y sin complejos” al gobierno. Esa lógica, desde luego, no fortalece la democracia: la degrada. La democracia no es la negación automática del adversario ni su bloqueo permanente. La democracia existe para encontrar soluciones comunes desde posiciones distintas. Ser oposición, por ello, no significa destruir toda iniciativa del gobierno, significa intentar incorporar las ideas propias en las decisiones nacionales. Y eso sólo se consigue mediante el debate serio, la negociación y la capacidad de construir acuerdos.

Luego de aprobado el proyecto del gobierno en su primer trámite constitucional, gobierno y oposición siguen acusándose mutuamente de no querer dialogar. Lo lamentable es que probablemente ambos tengan algo de razón. Pero precisamente por eso alguien debe romper primero esa inercia. ¿Hay posibilidades para ello? Para los auténticos demócratas sí las hay. El gobierno ya presentó su proyecto y logró que se aprobara en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahora corresponde que la oposición haga también su parte: elaborar una propuesta coherente, ojalá común, respecto de cómo enfrentar las materias económicas, institucionales y sociales que el proyecto del gobierno aborda. Si eso ocurriera, estarían establecidas las bases para una negociación y el lugar debe ser el Senado.

¿Es necesaria esa negociación? Sí, porque ahora el gobierno no tendrá el soporte que le brindó el Partido de la Gente en la Cámara y le será mucho más difícil el “pirquineo” de votos. Para que el proyecto que estima tan necesario -una verdadera “viga maestra” para su quehacer futuro- debe comprender que requiere votos opositores. Y no sólo para que sea aprobado, sino para que lo que se obtenga posea una legitimidad indiscutida y se mantenga estable y permanente en el tiempo. Idealmente los votos de toda la oposición, pero si ello no es posible, al menos los de quienes estén disponibles para una conversación seria y productiva. Para conseguirlo no basta con invitar a reuniones ni multiplicar fotografías de diálogo. Se requiere disposición efectiva a modificar aspectos del proyecto original y aceptar propuestas ajenas. La oposición, por su parte, debe entender algo igualmente evidente: si toda iniciativa oficialista es rechazada antes incluso de ser discutida, la democracia termina convertida en una simple guerra de trincheras.

Tal vez el Presidente Kast hizo este cambio de gabinete porque entendió que había llegado el momento de hacer una pausa de los diez minutos antes de enfrentar la etapa decisiva en el Senado. Quiero creerlo. Ahora falta saber si la oposición será capaz de hacer lo mismo.