La crisis de confianza en las instituciones no suele ocurrir de un día para otro. Se va acumulando en el tiempo a través de señales, omisiones, ciertos casos y errores que la ciudadanía va observando. En Chile, uno de los golpes recientes más sensibles ha recaído sobre el Poder Judicial y, en particular, sobre la Corte Suprema, a propósito de la controvertida Trama Bielorrusa, que involucra a la ministra Ángela Vivanco, el que se suma al tema de los nombramientos y a la reciente destitución constitucional de un tercer Supremo, don Diego Simpertigue.
El caso Vivanco es grave porque se supone -y está siendo formalizada por eso- que Ángela Vivanco, siendo integrante y presidiendo en subrogancia la Tercera Sala de la Corte Suprema -antes de ser destituida constitucionalmente por el Congreso junto al Juez Muñoz- firmó varios fallos que favorecieron al Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM), integrado por la empresa chilena Movitec y la fábrica estatal bielorrusa Belaz.
Dicha empresa tenía un contrato con Codelco por movimiento de tierras, al que la estatal le puso término anticipado en 2022, por la muerte de un trabajador del proyecto Rajo Inca de la División El Salvador, dependiente del consorcio bielorruso. Los fallos firmados por Vivanco le significaron a Codelco tener que pagar $17.000MM a CBM.
Pero esos fallos a favor de CBM despertaron sospechas, pues Codelco había ganado el juicio en todas las instancias anteriores a la Suprema y no había razón para que no siguiera ocurriendo lo mismo en el máximo tribunal.
La gravedad de este caso, más allá del hecho mismo radica en que la Corte Suprema no es solo un tribunal de última instancia. Representa simbólicamente, el último recurso al que se puede aspirar para tener un fallo imparcial y justo. Cuando su nombre aparece asociado a corrupción, jueces venales, conflictos de interés, gestiones impropias o influencias indebidas -aunque estén bajo investigación y no plenamente probadas- el impacto no se limita a una persona. Se proyecta sobre todo el sistema pues la ciudadanía no discrimina entre individuos y la institución afectada.
El problema es grave porque la justicia no funciona solo con normas y sentencias; funciona con legitimidad. Un fallo judicial puede ser jurídicamente impecable, pero si una parte significativa de la población sospecha que las decisiones pueden estar contaminadas por redes de poder, corrupción o presiones externas, dicho fallo pierde autoridad moral. Y sin autoridad moral, el cumplimiento de la ley se debilita.
Por eso, la respuesta institucional importa más que la defensa corporativa. Minimizar los hechos, cerrar filas sin una investigación meticulosa o atacar a quienes dudan, empeoran la situación. La única salida válida es contar con una rigurosa investigación de la Fiscalía, un debido proceso y máxima publicidad de los resultados para restaurar la confianza ciudadana. La transparencia fortalece al Poder Judicial y es lo que se necesita.
Este episodio debiera servir para que la nueva Presidenta de la Corte Suprema, la ministra Ana Chevesich, de impecable trayectoria en el Poder Judicial y probidad intachable pueda generar cambios relacionados a los estándares de conducta judicial, regulación de contactos con abogados, litigantes y terceros interesados, además de mejorar los mecanismos de control ético. El Poder Judicial debe hacer todo lo posible para recuperar la confianza ciudadana en corto tiempo, la que hoy está en niveles muy bajos -tan solo un 16% de acuerdo con la encuesta CEP 2025- constituyendo un riesgo para nuestra democracia y el Estado de Derecho.
Reconstruir confianza toma años; perderla, solo días. Por eso, más que proteger nombres, lo urgente es proteger la credibilidad de la institución. Porque sin confianza en la justicia, la democracia pierde solidez y la ciudadanía se siente indefensa.
Es de esperar que en la llamada Trama Bielorrusa se logre establecer la verdad y si es efectivo que la ministra Ángela Vivanco recibió millones de pesos para fallar a favor de CBM, que litigaba contra Codelco, bueno, como cualquier ciudadano de nuestro país, debe ser sancionada con las máximas penas que permite la ley; de lo contrario, muy difícil será que el Poder Judicial recupere la confianza ciudadana.
Don Jaime, muy buena su columna, en mi opinión se debe empezar, por la designación de los jueces, que estos dependan de quinas y ternas que le presentan al presidente y en algunos casos (la suprema) al senado, estamos muy mal porque en el fondo y en la superficie, los jueces son «amables» con los que más influyeron para su designación. Hasta ahora en «besamanos» ha funcionado. Hay una ley que lleva casi dos años en trámite para cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, no creo que los honorables empujen mucho esta causa.
👌👌