La gran estafa

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación superior (PAES) y arrojó resultados que vienen a confirmar lo que se estaba viendo en otros instrumentos: estamos en una crisis educacional.

Después de las movilizaciones estudiantiles y con una política incapaz de anteponerse a los problemas, se instaló el diagnóstico de que estábamos haciendo todo mal en educación. Todo esto siempre acompañado de distintos calificativos, pero se decía que estábamos mal en educación escolar y superior principalmente.

No solamente se trataba de un diagnóstico cuestionable, porque miraba una foto y no la trayectoria de dónde veníamos ni hacia dónde íbamos, sino que también era absoluto, tildándolo de estructural. La opción no era hacer reformas progresivas para mejorar o acelerar el paso, sino que había que dar un golpe de timón, cambiar la “lógica neoliberal” de nuestro sistema educacional.

En base a ese diagnóstico se propusieron medidas de diversa índole, pero todas apuntaban a lo mismo: un mayor control del Estado central en la educación estatal, pero también en la particular. Lo primero fue el fin al lucro, al copago y la selección en los colegios particulares subvencionados; después no permitir que se pudieran hacer otros colegios si es que había una matrícula suficiente en la comuna; que había que sacar a las municipalidades de la administración de los colegios porque usaban la plata para otras cosas; y, posteriormente la universidad con su mecanismo de gratuidad, que hoy tiene a varias universidades con serios problemas de sostenibilidad.

Todas estas medidas fueron bastante discutidas por sus bases y conclusiones dudosas o incluso artificiosas, pero la minuta se transformó en dogma. No importaban los resultados, importaba la señal política que se enviaba. Que no se podía lucrar con derechos sociales, aunque ese colegio fuera bueno y las familias lo eligieran; que no se podía seleccionar, porque segrega por nombre en inglés y por lo rubio o no rubio de sus estudiantes; que no se podía copagar, porque segregaba, y un amplio etcétera.

Aquellas presunciones partían de la base que el Estado podía escoger mejor que las familias la educación que quisieran para sus hijos, pero también una visión educacional de escritorio, donde en el papel las cosas podían funcionar bien, pero que chocaron con la realidad rápidamente.

Desde la implementación de estas políticas, la educación no ha mejorado, no es más inclusiva y ha tensionado el tejido social por la promesa social incumplida de que la educación puede ser un vehículo de movilidad social.

Surgen algunas preguntas después de estos fracasos ¿Quién se hace responsable de la situación que se generó? porque ya sabemos quiénes pagan las consecuencias. ¿Qué haremos para revertir las medidas que tenían meros fines ideológicos y que se dieron un portazo con la realidad? Y, por último ¿hay alguna otra discusión pública, donde esté primando la obsesión ideológica y no la solución del problema? Si es así, ya sabemos cuál es la mejor opción.