Chile no le está dando la relevancia que se merece a la emergencia del empleo. La seguridad importa, y mucho. La economía también. La megarreforma ya fue aprobada y la agenda de mercado de capitales contiene medidas necesarias para recuperar financiamiento, inversión y profundidad financiera. Pero mientras discutimos todo eso, hay una emergencia que avanza con menos ruido y mucho costo humano: el empleo. El INE informó que el desempleo llegó a 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, su mayor nivel desde 2021, con ocho regiones ya en dos dígitos. La noticia duró un día. Algunas declaraciones, un par de diagnósticos conocidos y vuelta a la rutina. Esa normalidad es parte del problema. Cuando casi un millón de personas busca trabajo y no lo encuentra, no estamos frente a un dato incómodo: estamos frente a una prioridad nacional que la política todavía no decide asumir.

El cuadro completo es todavía más preocupante. La informalidad laboral se ubicó en 26,5%, con más de 2,5 millones de personas trabajando sin la protección de un empleo formal. Entre los jóvenes, el problema es especialmente duro: el empleo de las personas entre 18 y 34 años volvió a caer, con una destrucción concentrada en puestos formales. Y el dato administrativo confirma la misma tendencia. Según cifras de la Dirección del Trabajo, los despidos por necesidades de la empresa llegaron a casi 500 mil durante 2025, un alza de 6,9% y el nivel más alto desde la pandemia. La creación de empleo, mientras tanto, se frenó. La edición de abril del Barómetro Laboral y Previsional de la Universidad del Desarrollo y la Asociación de AFP registró un crecimiento de apenas 0,5% anual; además, la formalidad previsional de las mujeres cayó a 37,6%.

Estos números no son episodios sueltos. Juntos muestran una economía que crea poco empleo, pierde puestos formales y empuja parte del ajuste hacia la informalidad. El golpe cae primero sobre quienes tienen menos margen: jóvenes, mujeres y trabajadores que dependen de un mercado laboral más dinámico para entrar, mantenerse o volver a trabajar. David Bravo lleva años hablando de emergencia laboral. Tiene razón. Y su advertencia es incómoda porque obliga a dejar de tratar el empleo como un subproducto de otras políticas. No basta con crecer un poco más ni con confiar en que el mercado laboral se arreglará solo. Si el empleo no entra al centro de la agenda, la recuperación seguirá siendo incompleta.

Aquí está el punto político de fondo. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, ha puesto sobre la mesa una agenda relevante: adaptabilidad laboral, sala cuna universal, estatutos especiales para sectores intensivos en empleo, incentivos a la contratación formal y ajustes a la implementación de las 40 horas. Es una agenda necesaria. Pero no alcanza si queda encerrada en un ministerio. Si el empleo es una emergencia, debe ser una prioridad del Gobierno completo. La pregunta es simple y debería ordenar cada decisión pública: ¿esto ayuda a que alguien contrate, invierta o emprenda, o lo empuja a esperar? Si una regulación encarece sin justificación, si un permiso se demora meses, si una reforma aumenta incertidumbre justo cuando una empresa evalúa contratar, entonces el Estado no está protegiendo el empleo: lo está debilitando.

Por eso la agenda laboral no puede ser solo laboral. El empleo también se juega en Hacienda, Obras Públicas, Vivienda, Energía, los gobiernos regionales y cada servicio que puede acelerar o frenar una inversión. La Ley de Presupuestos que ingresará al Congreso a fines de septiembre es una oportunidad concreta para ordenar esta discusión. No para transformar al Estado en empleador de última instancia ni para abrir una bolsa de gasto sin disciplina, sino para hacer algo más básico y más urgente: despejar el camino. Revisar regulaciones que encarecen sin una razón clara. Simplificar permisos sectoriales. Reducir tiempos muertos entre aprobaciones. Fortalecer capacidades técnicas donde hay cuellos de botella. Exigir a cada servicio público una respuesta concreta: ¿está facilitando que se invierta, se construya y se contrate, o está agregando incertidumbre?

Naturalmente, no creo que el asunto se resuelva con la creación de empleos estatales y menos por una política de gasto público sin disciplina. Lo relevante es que el Estado deje de estorbar a quienes pueden crearlo, y facilite las condiciones para hacerlo. Los subsidios, los programas de emergencia y los convenios con municipios pueden ayudar en ciertos casos, pero no reemplazan una economía que invierte, construye y contrata. Chile no necesita otra explicación solemne sobre la importancia del trabajo. Necesita decisiones que vuelvan más fácil contratar y más rápido invertir.

La cifra de desempleo no puede ser un titular incómodo de agosto. Tiene que ser una advertencia para reordenar la agenda de septiembre. Los jóvenes que no encuentran su primer empleo y los trabajadores que reciben un finiquito no necesitan que la política les hable de buenas intenciones. Necesitan que despierte, que deje de mirar para el lado y que despeje el camino para que el trabajo vuelva a aparecer.