Crisis. Ese estado de caos o incertidumbre que para los griegos significa separar o decidir, detenerse y analizar, esta semana fue utilizada por la ministra vocera, Camila Vallejo, para referirse al panorama de seguridad después de que 9 personas fueran asesinadas durante el fin de semana de Navidad.
Bastante tarde llega la ministra, pues ya hacia fines de 2021 se observaba que la tasa de homicidios en Chile iba subiendo, el 2022 se alcanzó un peak en los asesinatos y este 2023 ha mantenido la tendencia. Un salto de 4,7 a 6,7 muertes por cada 100.000 habitantes arrojó el consolidado de homicidios entregado por el Ministerio del Interior para 2022, cambio relevante si lo ubicamos en el contexto regional. Si bien no estamos cerca de los países más violentos, sí aparecemos como uno donde más ha aumentado la violencia de acuerdo con el estudio anual de Insight Crime.
No vale la pena describir un panorama ampliamente comentado en los distintos medios de comunicación, pero sí es relevante revisar los elementos que contribuyen a su avance y, en ese sentido, no es posible dejar de mencionar la corrupción. El caso fundaciones da para mucho, sin embargo, evidencia dos aspectos sumamente preocupantes: la posibilidad de sobornar agentes del Estado y la negligencia de los líderes políticos. En otras palabras “debilidad institucional” al más puro estilo definido por Victoria Murillo en La ley y la trampa en América Latina.
Entonces, hablar de crisis hoy es inexacto pues el momento preciso donde había que detenerse y decidir fue años atrás. Es más, este gobierno pudo haber llegado a habitar La Moneda con una estrategia clara, con la tarea hecha para poder realmente haber transformado la crisis en una oportunidad. En vez de eso, asumieron queriendo refundar Carabineros, o sea, debilitando aún más a la institución; y, hablando del Wallmapu, es decir, revalidando de alguna manera el relato de orgánicas violentas. Llegaron a levantar los diagnósticos y a indultar a presos del estallido social, y solamente cuando la ciudadanía presionaba con fuerza desde abajo comenzaron un trabajo legislativo que buscaba crear institucionalidad, modernizar figuras penales y actualizar procedimientos en materias de seguridad.
Para este gobierno la crisis se ubica en marzo de 2022, pues ese era el momento para analizar y decidir. Hoy, deben reaccionar. La bola de nieve se ha hecho cada vez más grande y ya se requieren medidas fuertes para detenerla. La clave eso sí, está en la capacidad que tengan los conductores políticos de la seguridad para generar acuerdos transversales de largo plazo y estrategias que den sostenibilidad a las acciones reactivas, es decir, diseñen una política de Estado. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo el problema con un grado de generosidad que les permita ceder los puntos políticos y poniendo el bienestar de los chilenos primero. Aunque tarde, siempre se puede transformar la crisis en oportunidad. Todo dependerá de la real voluntad política que tenga el oficialismo.