Muchas son las expectativas que se han puesto en los anuncios de la llamada Comisión Engel. No sólo por su contenido, sino también por el significado político que tenga o se le atribuya al informe final que dé cuenta de sus conclusiones. ¿Marcará un punto de inflexión en la vida política y en el quehacer del gobierno? ¿O será sólo una exposición sistemática de ideas ya conocidas y en general compartidas por todos desde la primera comisión dedicada al tema en 1994? ¿Cuáles serán sus prioridades, porque el abanico de temas es amplio?
No hay duda que el foco de la preocupación está hoy en la relación entre dinero y política, principalmente en el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. La preocupación ciudadana es por una posible captura de los agentes políticos por parte del poder económico. Tal vez sea exagerada, pero existe, y a esa inquietud es preciso responder.
La lucha contra la corrupción está ligada al proceso de modernización del Estado, que comprende el logro de un gobierno abierto, con información accesible al público (open data) e instancias de participación. Hay que renovar las instituciones democráticas a la luz de las exigencias y los adelantos tecnológicos actuales. Los sectores más modernos del Estado son los más inmunes a la corrupción: son mayores los controles y el riesgo de que se descubra el acto corrupto es alto. Pero donde intervenga el ser humano, siempre estará presente la desviación de poder. Hay personas que con mayor facilidad caen en el vértigo de la trasgresión y el delito.
Lo más probable es que el informe de la comisión plantee una serie de cambios a la forma en que hoy la ley regula los aportes a las campañas, terminando con los donativos de personas jurídicas y los aportes reservados; también se postulará un incremento del aporte público. Al mismo tiempo, seguramente se reconocerá que el período de campaña que la ley admite debe ser más extendido y se propondrán límites al gasto electoral, dotando al Servel de mayores facultades y recursos para fiscalizar. Una duda es saber si la comisión se referirá a la necesaria profesionalización de la justicia electoral regional, llamada a establecer las sanciones en caso de incumplimiento de las normas.
Muchos esperan que la comisión postule un mayor aporte público a los partidos políticos, reconociendo su rol clave para un buen funcionamiento de la democracia. Pero, como contrapartida, debería exigirse que esos partidos se ajusten a la Ley 20.285 sobre transparencia y se sometan, en esta materia, al control del Consejo para la Transparencia. Si hay más fondos públicos, incluso para los centros de estudio ligados a los partidos, debiera haber mayor posibilidad de un control ciudadano eficaz.
Pero también es importante un respaldo de la comisión a los proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso, que apuntan a evitar los conflictos de intereses, como los que perfeccionan las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades y regulan el fideicomiso ciego y el paso entre el sector público y privado. Para mejorar el sistema de control del Estado es importante que continúe la modernización de la Contraloría y dotar a las Superintendencias de un ámbito mayor de autonomía administrativa. En la misma perspectiva modernizadora, es fundamental mejorar la ley del Servicio Público en cuanto al nombramiento de los cargos de alta dirección del Estado.
Acápite aparte debiera tener la transparencia del sector privado. Un punto importante sería ampliar la cobertura de la ley de responsabilidad penal empresarial, cuyas penas debieran ser proporcionales al daño causado. Lo mismo vale para mejorar los gobiernos corporativos, aumentar la información disponible en las páginas web, abrir la Bolsa de Comercio y fortalecer la SVS.
La transparencia y el saneamiento de la política y del actuar empresarial debieran constituir uno de los ejes básicos de un nuevo esquema de gobierno. Como ha escrito Eugenio Tironi, el desafío de la arquitectura institucional está menos en saldar cuentas con los resabios del pasado y más en el futuro de una democracia más abierta al control y la deliberación de los ciudadanos.
José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.
FOTO:FELIPE FREDES FERNANDEZ/AGENCIAUNO