Hace pocas horas hemos conocido la noticia de que Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social hasta el viernes 11 de agosto de 2023, decidió renunciar al gabinete del Presidente Boric, en medio de fuertes presiones opositoras y oficialistas en torno a su permanencia en el gobierno y sólo a dos días de haberse anunciado una acusación constitucional en su contra por parte del Partido Republicano. El día anterior a la renuncia, el Presidente de la República criticó duramente la acusación y sostuvo que la oposición va a hacer todo lo posible por evitar que el gobierno «saque adelante sus reformas».
Obviamente, la decisión de acusar constitucionalmente a Jackson no tuvo nada que ver con las malas reformas en las que insiste el gobierno, como la previsional y la tributaria, que son ampliamente rechazadas por la ciudadanía y que difícilmente encuentren apoyo en el Congreso Nacional, dada la minoría parlamentaria que tiene el ejecutivo. Sin embargo, la declaración de Gabriel Boric no puede extrañar, ya que va en la línea de lo que el Gobierno ha hecho en relación con el caso convenios: eludir la responsabilidad política que les corresponde a sus distintas autoridades por el caso de corrupción más grave de los últimos años. En el caso de Giorgio Jackson, por supuesto, influye además el amiguismo, el blindaje, que ha significado para el gobierno el absurdo de llevar semanas con el ministro de Desarrollo Social convertido en un verdadero lastre político.
En su declaración de renuncia, Jackson acusó a la oposición de ocuparlo como “excusa” para evitar los acuerdos con el gobierno. Efectivamente -y aunque en lo personal me parece un error político-, algunos dirigentes de oposición condicionaron su participación en mesas de conversación con el gobierno a la salida del ministro Jackson; sin embargo, es evidente que la razón de su salida responde, en realidad, a la pérdida total de credibilidad de Jackson, a su responsabilidad política como ministro de Desarrollo Social en medio de un caso de corrupción que crece día a día y que tiene como principales involucrados a militantes de su partido, y que se suma a la evidente desconfianza que existe de parte de distintos sectores políticos a la figura del ex dirigente estudiantil.
La salida de Giorgio Jackson como ministro es un mínimo. El Gobierno ha dicho a la opinión pública que quiere colaborar con la investigación de estos múltiples casos de corrupción, “caiga quien caiga”. Lamentablemente, el blindaje político y la amistad del Presidente de la República alargó la agonía de un ministro que para los chilenos es el rostro principal de la corrupción: el 56% de los chilenos asocia el caso “Convenios” -ex Democracia Viva- al exdiputado Jackson. Su renuncia, sin embargo, es solo un primer paso. El llamado “Caso Convenios” sigue ahí y no termina con la salida de Giorgio Jackson del gabinete, la que busca principalmente descomprimir el ambiente político y dar señales en favor de asumir algún tipo de responsabilidad, pero que no está ni cerca de resolver el problema de fondo.
El mal manejo de recursos públicos, el curioso robo de computadores y otros medios de prueba, las irregularidades que semana a semana se dan a conocer a la opinión pública gracias al trabajo de la prensa libre que tanto incomoda a este gobierno sólo terminarán si el gobierno del Frente Amplio toma una decisión real de contribuir con la justicia, transparentar los antecedentes de todos los traspasos irregulares de recursos, desvincular a los funcionarios corruptos y ponerse del lado de la probidad.
Solo así el gobierno será capaz de dar una señal clara a los chilenos de que efectivamente “no hay espacio para la impunidad”, como ha repetido insistentemente el Presidente Boric, y podremos volver a preocuparnos sobre los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad chilena: la creciente crisis de delincuencia y el avance del narcotráfico; el estancamiento económico y el encarecimiento de la vida; las listas de espera y el eventual colapso del sistema de salud; entre tantos otros temas que requieren a un gobierno que se haga cargo de las urgencias sociales de los chilenos y abandone su agenda refundacional.