En el Canto XII de la Odisea Homero relata las amenazan que asechan a Ulises y sus marineros al atravesar el estrecho de Mesina al sur de Italia: deberá evitar escuchar el canto seductor de las sirenas y luego navegar entre Escila y Caribdis, dos monstruos mitológicos peligrosos ubicados a ambos lados de la costa. Según la Real Academia la alusión a Escila y Caribdis describe la situación en que se encuentra quien no puede evitar un peligro sin el riesgo de caer en otro.
Algo así le sucede al Consejo Constitucional.
El dato político más relevante es el desequilibrio de fuerzas que hay en el Consejo Constitucional. Existe un predominio incontrarrestable de la derecha, que por sí sola puede modificar la propuesta del grupo de expertos. Y en ese sector el mayor peso lo tiene el Partido Republicano, con 21 consejeros, número suficiente para impedir la aprobación de cualquier norma, un virtual derecho de veto.
Este desbalance contrasta con lo ocurrido en el grupo de expertos nombrados por el Congreso Nacional, donde existe un mayor equilibrio político; si bien hay una fuerte dispersión en la representación parlamentaria, ella no se reflejó de igual modo al elegir los expertos, lo que facilitó los acuerdos que dieron origen a la propuesta entregada ahora a consideración del Consejo Constitucional.
Hay un amplio consenso entre lo que suele llamarse la elite sobre los méritos de dicha propuesta. Incluso el PC lo valora. Las voces críticas son esporádicas y destempladas. El texto de los expertos refleja un entendimiento sólido y coherente entre Chile Vamos y el actual oficialismo. El punto es que esa propuesta ahora debe ser sometida al juicio de los consejeros constitucionales surgidos del voto popular en un momento político muy diferente al que originó el actual Parlamento. Nadie previó el auge espectacular del Partido Republicano, fundado sólo hace 4 años.
Si bien la propuesta es reconocida como una premisa valiosa, un punto de partida, un marco para el debate, un texto a partir del cual deliberar, varios consejeros se han adelantado a reivindicar sus facultades decisorias recordando que serán ellos los que en definitiva resolverán el asunto. A diferencia de los miembros de la Convención pasada, esta vez no partirán de una hoja en blanco. Lo que no se sabe es si a esa propuesta, que se puede calificar de abierta, plural y no comprometida con un determinado proyecto político, se le va a querer imprimir un sello más ideológico.
Para cualquier fuerza política que cuente con un peso desequilibrante en un órgano colegiado resulta muy difícil contener el ímpetu de sus integrantes. Además de los sectores más intransigentes que siempre existen, está la presión de su electorado. El Partido Republicano se verá tensionado entre el clamor de sus bases y militantes, por un lado, y la necesidad de demostrar la amplitud suficiente como para aumentar su caudal político y, eventualmente, alcanzar la presidencia en segunda vuelta. Este dilema aparecerá cada vez que el Partido Republicano plantee una modificación, pretenda introducir una nueva disposición, cambiar el orden del texto creando capítulos nuevos o bien al desechar una indicación.
La Presidenta del Consejo Constitucional Beatriz Hevia intenta fijar el rumbo del organismo señalando: “El primer desafío que espera la gente es que logremos trabajar en conjunto, lo que significa tener un diálogo con todos. Acá no se trata de que la mayoría pase máquina, ni que la minoría sea obstruccionista”. Luego, en la misma entrevista, añade: “Los chilenos votaron el 7 de mayo y decidieron ser representados por el Partido Republicano”.
Por su parte, Chile Vamos tendrá que decidir si respaldar en lo sustantivo el documento de los expertos que lleva su impronta o inclinarse por hacerle modificaciones significativas junto con los Republicanos. Por su parte, el oficialismo busca definir un papel en el Consejo desde su condición minoritaria: cuenta sólo con 16 consejeros o 17 si se suma el representante mapuche. No podrán hacer prevalecer su criterio, pero sí plantear temas políticos relevantes que pueden incidir en el trabajo del Consejo y ante la opinión pública.
El Reglamento establece que, si una norma de la propuesta no alcanza los 3/5 para ser aprobada, pero tampoco es rechazada por 2/3, pasa a la consideración de una comisión mixta paritaria entre 6 expertos y 6 consejeros para buscar una solución; si no se logra, el Consejo de Expertos hará una sugerencia, que definitivamente tiene que ser resuelta por el Consejo Constitucional. Lo mismo ocurre con las sugerencias formuladas por los expertos al texto votado por el Consejo en primera instancia.
En materia de distribución de cargos dentro del Consejo, se ha conformado un bloque de derecha designando a la Presidenta (Republicana) y a los presidentes de las cuatro comisiones (dos Republicanos, un UDI y un RN). El oficialismo fue dejado de lado. Sí hubo coincidencia en la composición de las comisiones: las de Sistema Político, Poder Judicial y Principios tendrán 8 de derecha (cinco Republicanos en la primera) y 4 del oficialismo, y en la de Derechos Sociales habrá 9 de derecha y 5 del oficialismo.
Todo hace prever que esta alineación se convertirá en el eje del Consejo. Como se trata de un eje plural, queda por ver quién determinará el rumbo de las votaciones fundamentales, teniendo en cuenta que los expertos pueden participar en los debates del Consejo sólo con derecho a voz.
Otro elemento para considerar es la relación del Consejo con la opinión pública. Una reciente encuesta de Espacio Público e Ipsos revela que existe indiferencia y cierto desencanto frente a la propuesta de los expertos. No predominan sentimientos de esperanza o alegría. Para justificar su actitud se usan frases como las siguientes: “el proceso ya no me representa, no soy optimista que se produzcan los cambios que yo esperaría, los partidos políticos se apropiaron del proceso constituyente, ya no entiendo en qué está el proceso, pienso que la Constitución al final no es tan importante en la vida…”; un 69% estima que hay poca inclusión de la ciudadanía.
Si se votara hoy dicho texto, el resultado sería incierto. Sólo un 31% confía en el grupo de expertos. Su juicio no es sobre el mérito del texto elaborado, está muy influido por la situación que vive el país. Entre quienes expresan una actitud de rechazo hay posiciones muy variadas: unos prefieren la Constitución vigente, otros buscaban cambios más profundos, y entre medio están los que se sienten desde hace décadas alejados de la política y que concurren a sufragar sólo porque el voto es obligatorio. Tratándose del Consejo Constitucional la confianza ciudadana sube solo a un 36%.
Por su parte, una encuesta de la UDD y Datavoz revela cómo en ciertas materias hay coincidencia entre la mayoría de los consejeros y la ciudadanía, mientras que en otras existe mayor distancia. Según Jorge Fabrega, uno de los responsables del estudio, esas diferencias se producen sobre todo en temas valóricos, como incluir o no el aborto, y su atenuación o profundización dependerá en gran medida de la voluntad de los Republicanos de querer marcar su identidad en la nueva Constitución.
Un aspecto relevante es el sistema de participación ciudadana a cargo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica con la colaboración de las universidades regionales y otras entidades. En la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, la Secretaría de Participación Ciudadana dio a conocer los cuatro mecanismos por los que las personas y organizaciones podrán aportar al nuevo proceso constituyente y para lo cual hay plazo de un mes, hasta el 7 de julio. Estos son: la consulta ciudadana (consulta digital sobre el anteproyecto de los expertos); diálogos ciudadanos (encuentros grupales); iniciativa popular de norma (para proponer enmiendas o modificaciones); y audiencias públicas (personas o agrupaciones pueden exponer sus puntos de vista). Toda la información está en internet. Es de esperar que este canal serio de participación sirva para acercar la ciudadanía al debate constitucional.
¿Podrá volver el entusiasmo de los ciudadanos en el proceso constituyente? Difícil saberlo. Mucho dependerá del rumbo que vaya tomando el Consejo, de la altura y seriedad de sus debates y del comportamiento y opiniones de sus integrantes, y también del papel que cumplan los medios de comunicación y las personas e instituciones que contribuyen a formar opinión.
Según la encuesta Espacio Público Ipsos el 89% de los ciudadanos quieren que los consejeros llegaran a acuerdo. Ello será más fácil si impera en la esfera política un clima de entendimiento, por ejemplo, en lo relativo al nuevo pacto fiscal. Habría, entonces, menos presión por establecer resguardos en la Constitución. La confrontación acarrea recelo y desconfianza. Lo que ocurre en la coyuntura política, de un modo u otro, terminará repercutiendo en el trabajo constitucional.
Los Consejeros deberían hacer oídos sordos al canto de las sirenas o atarse a un mástil como Ulises para resistir a su embrujo, y con una brújula certera y el timón firme poder sortear los peligros de imponer una visión de parte o de construir un modelo alejado del sentir ciudadano.