El gobierno dio a conocer su propuesta de reforma tributaria, argumentando en parte que nos asimila al mundo desarrollado, explicación que se veía venir dados los contenidos en el Informe de Finanzas Públicas pasado. La reforma incluye un impuesto a la riqueza; veamos si esto nos acerca al mundo desarrollado.
Cordero y Vergara (2020) muestran que estos impuestos van de salida en la OCDE; de hecho, el 77% de estos países que tenía impuesto a la riqueza en 1990 ya los ha derogado. Mantienen el impuesto a la riqueza España, Suiza y Noruega. Resulta curioso entonces que el titular de Hacienda afirmara que nos estamos acercando a la norma internacional.
Este tipo de impuestos va en retirada en los países desarrollados principalmente porque incentivan la fuga de capitales y son poco eficientes, ya que recaudan relativamente poco y tienen costos administrativos relativamente altos.
Diversos estudios muestran que cambios tributarios generan salidas de capitales. En Francia se estima que el éxodo de capitales fue de tal magnitud que el Estado dejó de percibir más de lo que logró recaudar durante la vigencia del impuesto (Pichet 2007).
No podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado y que las personas de alto patrimonio tienen las puertas abiertas para residir en otros países. Así las cosas, no parece buena idea incentivar a estas personas a domiciliarse fuera de Chile, ya que terminaríamos recaudando menos.
Por el lado de los costos, este tipo de impuestos implica destinar recursos fiscales a la valoración de activos financieros y no financieros, lo que claramente involucra más esfuerzo para recaudar que otros impuestos. En caso de establecer fórmulas, podríamos caer en los problemas que tiene el impuesto a la herencia en nuestro país, que recauda poco para el nivel de su tasa. Además, como ha señalado la OCDE, aumenta los incentivos a la evasión y elusión, afectando la recaudación obtenida por otro tipo de impuestos asociados al ingreso y al capital.
Se supone que el nuevo impuesto propuesto gravará a 6.300 personas naturales residentes en Chile cuyo patrimonio es superior a 5 millones de dólares. Habrá dos tramos, el primero para patrimonios de entre 5 y 15 millones de dólares, al que se aplicaría una tasa marginal de 1%, y el segundo para patrimonios por sobre los 15 millones de dólares con una tasa marginal de 1,8%.
El Gobierno espera recaudar 0,5% del PIB, lo que parece optimista al comparar con la experiencia reciente de Argentina, que recaudó 0,54% del PIB gravando a 9.300 contribuyentes con patrimonio sobre los 2 millones de dólares y con tasas marginales que iban entre 2,0% y 5,25% dependiendo del tramo y del tipo de bienes. O sea, esperamos un resultado similar cobrando la mitad y a menos contribuyentes. Las diferencias en la distribución de riqueza podrían permitirlo, pero se ve difícil.
Por último, y quizás lo más relevante, es que el principal argumento detrás de la implementación de este tipo de impuestos es su capacidad redistributiva, ya que se grava a los más ricos y lo recaudado puede destinarse a las personas de menos recursos. Sin embargo, lo correcto es analizar la capacidad redistributiva del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto específico. Por ejemplo, dentro de los 10 países OCDE que mejor redistribuyen los ingresos (viendo su impacto en el GINI) ninguno tiene un impuesto al patrimonio.
Si bien compartimos la necesidad de elevar la carga tributaria, así como el objetivo de progresividad del sistema, creemos que este instrumento no es el adecuado por las razones expuestas.
*Soledad Hormazábal es economista e investigadora de Horizontal. Esta columna fue escrita en base a un estudio de la autora con Pelayo Herraiz, economista.