A partir del 1º de enero de 2027, los profesionales funcionarios de salud comprendidos en el artículo 90 de la Ley N°21.724, modificado por la Ley N°21.806, deberán cesar sus funciones al cumplir 75 años. Esta medida se aplica en función de la edad, sin considerar una evaluación individual de las capacidades del profesional. La norma no establece una prohibición general de ejercer la medicina: quienes deban abandonar su cargo público podrán continuar trabajando en el sector privado.
Este límite ha sido cuestionado por su insuficiente respaldo técnico. En un país que envejece, desvincular a personas por su edad, sin considerar su desempeño, exige una justificación que vaya más allá de aplicar a todos la misma regla.
La Constitución prohíbe discriminaciones laborales ajenas a la capacidad o idoneidad personal, aunque permite establecer por ley límites de edad para determinados casos. La pregunta de fondo es si este límite está adecuadamente justificado y si resulta proporcional. Por su parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores protege la igualdad laboral y exige vincular las distinciones a las características del cargo, promoviendo transiciones graduales a la jubilación y la adecuación de las tareas.
En medicina, esta discusión enfrenta una responsabilidad ineludible: proteger a los pacientes. Con el envejecimiento pueden producirse cambios físicos y cognitivos que comprometan el ejercicio profesional, pero estos no afectan a todas las personas por igual. Cuestionar la discriminación por edad (edadismo) no significa desconocer esas pérdidas ni defender una continuidad irrestricta. Cuando existen señales fundadas de deterioro, corresponde evaluarlas y actuar, cualquiera sea la edad del profesional.
Conviene entonces precisar qué entendemos por aptitud para el trabajo médico. Conservar el razonamiento clínico y la comunicación no asegura mantener la destreza motora necesaria para una operación compleja. A su vez, necesitar dejar ciertos procedimientos no significa haber perdido toda capacidad de contribuir: la experiencia puede seguir siendo valiosa para resolver diagnósticos difíciles, conversar sobre decisiones complejas, acompañar a pacientes y familias o formar a nuevos profesionales. Estas funciones tienen exigencias propias: tampoco basta la antigüedad para presumir que se desempeñan bien.
La aptitud laboral también depende de las condiciones en que se trabaja. Evaluarla supone considerar tanto las capacidades del médico como la duración de sus jornadas, los turnos y los apoyos disponibles. Desde la medicina del trabajo, esto invita a una aproximación preventiva: cuidar la salud de los profesionales y adaptar sus condiciones laborales durante toda la carrera.
Existen distintas propuestas para abordar este problema. Kramer y cols (NEJM, 2026) consideran razonable iniciar el tamizaje alrededor de los 70 años, con garantías para los evaluados. Desde la medicina del trabajo, José Ignacio Méndez, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, propone evaluaciones funcionales periódicas para todos los médicos, según las exigencias del cargo, y evaluaciones cognitivas dirigidas ante señales de alerta. La discusión no se limita a decidir si evaluar o no, sino también cuándo hacerlo, a quiénes y con qué instrumentos, sin que exista un umbral etario único aceptado.
Cualquiera sea el modelo, se requieren instrumentos pertinentes para la práctica, resultados confidenciales y oportunidades de revisión. Un hallazgo preocupante en una prueba de tamizaje debe conducir a una evaluación más completa. Los programas también necesitan demostrar que contribuyen a la seguridad y evitar someter a los mayores a estándares más exigentes que los aplicados a sus colegas jóvenes.
Las consecuencias debieran ser proporcionales a las dificultades identificadas. Reducir turnos, modificar procedimientos, trabajar con apoyo o dedicar más tiempo a docencia y mentoría puede permitir conservar aportes valiosos. Cuando estas adaptaciones no bastan para asegurar una práctica segura, corresponde restringir o suspender las funciones comprometidas. La experiencia acumulada merece reconocimiento, pero la aptitud para ejercer debe evaluarse en el presente.
Hay, además, una responsabilidad que suele quedar en segundo plano: la de los colegas y las instituciones. A veces las dificultades son advertidas por el equipo, pero nadie se atreve a levantar la voz de alarma. Esa “conspiración del silencio” posterga una evaluación necesaria y deja al paciente expuesto. También abandona al propio profesional, que podría necesitar ayuda para reconocer sus límites y reorganizar su trabajo.
En medicina, la identidad está estrechamente ligada al oficio. Por eso, las instituciones deben ofrecer evaluaciones justas, conversaciones oportunas y transiciones dignas. La pregunta no es hasta qué edad ejercer, sino qué puede seguir haciendo cada médico de manera competente y segura. Respetar su dignidad y proteger a sus pacientes son responsabilidades que debemos asumir conjuntamente.
