¿Cuándo les creemos? ¿Cuándo dicen que no dijeron lo que dijeron o cuando lo dijeron? Grave problema cuando ocurre eso con la autoridad. Se desdicen y enmiendan unos con otros. La vocera reinterpreta lo que dijo el Presidente, el Ministro de Justicia arregla lo que señaló confusamente el Mandatario, el senador Latorre se da tres vueltas en tres días. O están poniendo a prueba nuestra paciencia o nos creen tontos.
Lo que hemos ido sabiendo, por goteo, es que:
El 2 de mayo los funcionarios del Serviu de Antofagasta enviaron un correo electrónico a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, denunciando con detalle que el seremi de Vivienda Carlos Contreras, ex asesor de la diputada Catalina Pérez, entregó recursos millonarios a una Fundación dirigida por la entonces pareja de la misma parlamentaria (Daniel Andrade), todos de Revolución Democrática (RD). Tuvo 45 días para investigarla antes de que se hiciera pública y no informó a sus superiores, aclaró la subsecretaria después que se filtrara lo contrario.
El 7 de junio la diputada Yovana Ahumada mandó un oficio fiscalizador al mismo seremi de Vivienda, a través del presidente de la Cámara, para que respondiera cuál fue el criterio que usó para entregar sin licitación pública $426 millones a la Fundación Democracia Viva, sin experiencia previa y, entre otras cosas, con domicilio en Santiago.
El 10 de junio, preparando una estrategia frente a la denuncia que se haría pública luego, se reunieron por zoom los mismos tres amigos, parejas y militantes de RD de Antofagasta más el presidente de este partido, Juan Ignacio Latorre.
El viernes 16 de junio, la denuncia fue publicada en el medio regional Timeline con ribetes de escándalo.
¿Cuándo supieron en el oficialismo de esta malversación que opera como un ardid en los muchos otros casos que hemos ido conociendo? Fundaciones recién creadas o sin giro para los trabajos asignados por contrato directo en vez de licitaciones transparentes. Con pagos fraccionados para evitar pasar por Contraloría y cuentas sin rendir entre los desembolsos, además de ausencia de boletas de garantía o seguros. Y no menor, que en su gran mayoría atrapan platas, vía seremis o gobiernos regionales, destinadas a los pobres de campamentos o la calle.
El miércoles pasado, el presidente de RD dejó abierto cuándo supieron en La Moneda de la denuncia. Preguntado ese mismo día cuándo se enteró, el Presidente dio una confusa respuesta, pero apuntó claramente a que fue entre la publicación del 16 de junio y la fecha del oficio fiscalizador, es decir, antes que la dilapidación de recursos saltara a los medios.
Pero aquí viene lo bueno. Cuatro ministros han salido a decir que no dijo lo que dijo:
El Ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el Mandatario tomó conocimiento de la irregularidad de Antofagasta como todos los ministros el 16 de junio y que no conoció el oficio de fiscalización enviado nueve días antes; el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, consideró suficiente la explicación de su par de Justicia“ creo que con eso basta”, como si fuera un dogma; el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, a su vez, fue enfático en distinguir entre el momento en que se envió el oficio a la seremía y “cuándo se tomó conocimiento por parte de las máximas autoridades de Gobierno”. La vocera Camila Vallejo repitió el mismo libreto, pero fue más allá, explicando que el Presidente admitió saber del oficio porque “la periodista no le pregunta cuándo fue que La Moneda se enteró, sino que el Gobierno y el Gobierno son todas las autoridades de Gobierno”. ¡Patético! Le faltó agregar que La Moneda, entonces, y el mismo Presidente, no forman parte del Gobierno que ella admite sí conoció días antes de la publicación la denuncia.
Claramente hay un problema con cuándo tuvieron la información en el oficialismo y por eso callan o eluden, como lo hizo Latorre cuando le preguntaron si había informado la irregularidad de Democracia Viva al jefe de asesores del segundo piso, el RD Miguel Crispi. Luego, como es habitual, volvió a darse una vuelta, asegurando que no informó a nadie. No quieren ser atrapados en una mentira, pero tampoco auto delatarse o implicar a otros.
Lo que pasa es que, si sabían antes del 16 de junio, cuando se mostraron todos tan sorprendidos (ya sabemos que algunos no tanto), viene otra pregunta más difícil de responder: ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por si pasaban piola? La subsecretaria de Vivienda nos informó que no alcanzó a tomar ninguna medida como auditoría, sumario o denunciar a la justicia, porque en 50 días, desde que recibió el mail acusatorio, no alcanzó a “ordenar los antecedentes”. Y Crispi, que tiene que apagar el fuego antes de que llegue a la oficina presidencial, ¿por qué no se anticipó y reunió toda la información sobre los traspasos de platas fiscales a fundaciones dudosas o creadas en 2022? Ahora sabemos que él mismo, cuando era subsecretario de Desarrollo Social, en junio de 2022 avaló la asignación de $629 millones del gobierno regional de Antofagasta a la fundación ProCultura, dirigida por el psiquiatra amigo de Boric, Alberto Larraín.
Por eso la pauta es fijar una fecha común que no puede ser más tarde que cuando la denuncia se publicó en un medio de Antofagasta. No hay un antes, porque no pueden justificar la falta de reacción y por eso repiten los ministros a coro que la información la recibieron el día 16. El que se equivoca, “no sale en la foto”.
Seremos pacientes, pero no tontos y cuando hay reacciones tan confusas y corporativas, el “chanterío” se delata solo.
