La última elección presidencial volvió a instalar un debate ya conocido: ¿qué tan confiables son las encuestas en Chile? La respuesta es menos cómoda de lo que algunos quisieran admitir. Nuestro sistema electoral combina voto obligatorio para chilenos, voto voluntario para extranjeros y una ciudadanía cada vez más desconfiada de los sondeos. Ese simple dato vuelve extremadamente difícil construir muestras representativas y estables, incluso para firmas con trayectoria.
A ello se suma la enorme heterogeneidad de metodologías. Hay varios que ofrecen un panel online, enviar un correo esperando que voluntarios respondan o reclutar participantes a través de redes sociales. Cada método arrastra sesgos propios. ¿Quién completa un cuestionario que llega por mail? Usualmente los más interesados, politizados o activos digitalmente. Con voto obligatorio, ese sesgo se amplifica: quienes contestan no necesariamente representan a quienes efectivamente concurrirán a votar. Del mismo modo, las encuestas que dependen de redes sociales capturan burbujas, no necesariamente al electorado real.
Otro desafío son las expansiones y ponderaciones. Llegar a votantes con menor escolaridad, habitantes de zonas rurales o personas con baja conexión digital es cada vez más difícil. Allí se juega buena parte del error de muestreo: cuando ciertos grupos se vuelven esquivos, las cifras finales dependen en exceso de supuestos estadísticos para “corregir” ausencias. Esa ingeniería a veces funciona y otras veces simplemente genera proyecciones que no se sostienen.
Pese a ello, proliferan análisis que se presentan como “encuestas” sin cumplir mínimos metodológicos. Cuestionarios en redes sociales, opiniones con números que se acomodan, proyecciones personales disfrazados de ciencia. El problema no es sólo la calidad: es el efecto político. Cuando se toman decisiones estratégicas sólo mirando encuestas, se debilitan las convicciones, se incentiva el cortoplacismo y se confunde liderazgo con seguimiento obsesivo del termómetro.
Las encuestas siguen siendo un indicador relevante, pero no el único. La credibilidad de los candidatos, su potencial de crecimiento, su capacidad territorial y su fortaleza programática también importan. La ciudadanía evalúa coherencia y carácter, no solamente curvas estadísticamente correctas.
Se necesita mejorar sus instrumentos, ampliar el muestreo y construir métodos que realmente lleguen a todos los estratos. Y, con justicia, también reconocer a las encuestas que estuvieron más cerca del resultado. Pero el desafío de fondo es otro: recuperar una política que use datos con rigor, pero que no renuncie a liderar con convicción.
*Esta columna fue escrita con el subdirector del Instituto de Políticas Públicas UNAB, Gonzalo Valdés.
