Las auditorías que se han hecho hasta ahora por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, donde se han revisado 913 millones de datos provenientes de más de 500 servicios públicos en el período 2022-2026, detectaron situaciones y alertas que involucran US$9.200MM. Lo que han encontrado hasta ahora son errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y en ciertos casos, antecedentes que podrían resultar en irregularidades o incluso hecho de relevancia penal.
Un ejemplo de lo anterior es que se traspasó al actual gobierno deuda por pagos que debieron efectuarse en 2025 por US$3.200MM, lo que equivale más menos a un 1% del PIB.
También se detectaron US$3.170MM en compras públicas mediante trato directo o compra ágil en casos en que, si se hubieran realizado, por ejemplo mediante licitaciones públicas, se podrían haber ahorrado US$780MM.
Pero no sólo eso, en la Junaeb se detectaron pagos a una empresa del Plan de Alimentación Escolar PAE, por $14.000MM sin prestación efectiva de servicios. Y junto con esto se abrieron investigaciones específicas en dicho organismo, así como también en el Ministerio de la Mujer, en el de Transporte y Telecomunicaciones, y en la ANID dependiente del Ministerio de Ciencia. Entre lo detectado en estas dependencias estatales hay graves problemas de control de recursos públicos, mala gestión, problemas financieros, rendiciones pendientes, no cobro de multas y garantías, rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.
A esto se suma la omisión de US$10.500MM que Hacienda detectó en la proyección de deuda del gobierno anterior, lo que implicaría que Chile estaría superando el 45% del PIB que se considera como máximo prudente de deuda pública ya en 2028.
Como se sabe, el exministro Grau critica esta proyección del ministro Quiroz y la polémica no termina de cerrarse, con acusación constitucional de por medio anunciada por parlamentarios Republicanos y Libertarios, cosa que al gobierno no le agrada porque enrarecería la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional.
Pero esto no termina acá. La Dipres publicó, esta semana que termina, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre. Lo que se detectó es que el déficit estructural de 2025 fue equivalente a -3,7% del PIB, cuando la meta que se auto impuso el Gobierno de Boric para ese año era de -1,6%. Este deterioro de más de 2 puntos porcentuales requiere de correcciones y hasta la fecha se han adoptado medidas para contener y mejorar la eficiencia en el gasto por $1.307.729 MM, lo que equivale a un 0,4% del PIB, logrando con ello evitar que el déficit efectivo para 2026 estuviera alrededor del 2,9% y el estructural en 4,1%.
Todavía no se terminan todas las auditorías y las cifras hablan de graves problemas en las cuentas públicas que recibió el actual gobierno. No podemos dejar de recordar que para el exministro Mario Marcel, la directora de Presupuestos Javiera Patricia Martínez Fariña era la mejor de la historia, lo que da cuenta de un error de juicio de parte de Marcel impresentable, pues nunca las cifras de ingresos y gastos calzaron con la realidad y las metas de déficit en los cuatro años de gobierno de Boric no se lograron cumplir; por el contrario, siempre fueron mayores de lo estimado.
El país se encuentra entonces en una delicada posición económica producto de una muy mala gestión del gobierno de Boric, la que está siendo recién revelada y que nos habla de cifras con las cuales se podrían construir decenas de hospitales, porque un hospital de alta complejidad que tienen entre 50.000 y 120.000 metros cuadrados, su costo está entre los US$ 85-95 MM los de 50.000 m2 y entre US$200-230MM los de 120.000 m2.
El exministro Marcel supo retirarse a tiempo antes que explotaran estas cifras, pero él es igualmente responsable que el ministro Grau en no cumplir con las metas de déficit, pues cuando él fue ministro de Hacienda, tampoco se logró el cumplimiento de lo prometido, por lo que su renuncia lo salvó de enfrentar una supuesta acusación constitucional, como la que está pendiente de resolverse contra el exministro Grau.
Ahora será la política la que defina el destino final de los responsables de las finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric, pues serán ellos los que decidan qué hacer con este grave problema provocado por la administración anterior.
