Ha pasado una semana desde que la postura En contra en el plebiscito del domingo pasado obtuviera la mayoría para que no se aprobara la nueva Constitución y por lo tanto siguiera vigente la que la izquierda demonizó como la “Constitución de Pinochet”. Se supone que con este resultado se cierra la discusión constitucional en el país, aunque el PC dijo que por dos años, y ahora Bachelet anunció que no era correcto decir que se consolidó la Constitución del 80. O sea, siguen engañando y jugando con el país.
Creo importante sacar conclusiones de este largo proceso y revelar el costo de todo lo ocurrido desde el 18-O, cuando el octubrismo asoló Chile, siendo el origen de ambos procesos constituyentes, pues en medio de la violencia insana de esos días, 14 partidos de izquierda, desde la DC hasta el PC y el FA, sacaron un comunicado exigiendo una nueva Constitución.
El costo del octubrismo y de los dos procesos constitucionales es gigantesco e intentaremos cuantificarlo para dimensionar la responsabilidad de la izquierda en todo lo sucedido, pues antes de que se hablara siquiera de una nueva Constitución, el país se vio invadido por un nivel de violencia extremo, propio de una revolución. Es que no eran 30 pesos, eran 30 años y todo se justificaba.
El Metro sufrió la destrucción total de siete estaciones que resultaron incendiadas con aceleradores, además de 18 parcialmente siniestradas, 93 con múltiples daños y sólo 18 resultaron indemnes.
Casi 7.000 pymes fueron atacadas y sufrieron deterioro en infraestructura, equipamiento y stock, afectando a más de 35.000 trabajadores directos. Los supermercados vieron afectadas 450 salas de venta y 37 locales fueron saqueados e incendiados. Desde el comercio se informó que cerca de 800 locales cerraron los que eran muy difíciles de recuperar y las farmacias, a noviembre de 2019 tenían 283 locales siniestrados. El Banco del Estado también fue atacado, y más de 100 sucursales sufrieron daño considerable, con 22 de ellas incendiadas a un nivel de destrucción total o parcial de su infraestructura. Se incendiaron iglesias, hoteles, municipalidades y el edificio corporativo de Enel; destruyeron universidades, museos, bibliotecas, el Monumento al General Baquedano y al soldado desconocido, siendo el día más violento aquel 12 de noviembre en que Chile ardía por los cuatro costados.
Todo esto fue la antesala al comunicado de 14 partidos de izquierda, desde la DC hasta el PC y el FA diciendo que la única posibilidad de abrir un camino para salir de la crisis pasaba por una nueva Constitución y que los ciudadanos movilizados en todo el territorio nacional habían establecido, por la vía de los hechos, un «proceso constituyente» en todo el país. Esto derivó posteriormente en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre, paz que nunca llegó.
El resto de la historia es conocido, pero no los costos económicos de este engaño de la izquierda que intentó un golpe de estado no tradicional al Presidente Sebastián Piñera y que a continuación expondremos.
Tan sólo los dos procesos constitucionales tuvieron un costo de US$320MM según cálculos de LyD, lo que equivale en pesos a $281.600MM; sí, doscientos ochenta y un mil seiscientos millones de pesos.
Las reparaciones del Metro ascendieron a US$ 255MM, equivalentes a $224.400 MM.
El costo de reconstrucción de un supermercado tipo express se calculó en US$2.7MM y los formatos grandes en US$7.7MM. Si sólo se costean los 37 locales quemados a un promedio de US$4MM, suman US$148MM, equivalentes a $130.240MM.
Y para no extenderme en cada uno de los costos de recuperación de todo lo destruido, baste decir que lo que pagaron las compañías de seguro por los daños generados por el octubrismo ascendió a US$3.000MM, lo que en pesos asciende a la suma de $2,64 billones o $2.640 miles de millones.
Sumando los costos antes mencionados, la cifra del octubrismo y sus derivaciones alcanza la suma en pesos de $3,28 billones o 3.276.240.000.000. Esto equivale a más de UF 89MM. El costo de una vivienda social promedio es de UF 1000, por lo que 89 millones de UF equivalen a 89.000 viviendas. Juzgue Ud. lo que eso significa cuando desde marzo de 2022 a junio de 2023, el gobierno ha entregado 64.355 viviendas.
Este es el gran engaño de la izquierda. Dijeron que una nueva Constitución era el camino para la solución de la crisis de violencia octubrista. Se firmó el acuerdo del 15 de noviembre; hubo dos procesos constitucionales y al final de los cuatro años, nos dijeron que la Constitución vigente no era necesario cambiarla, porque no era la del 80, era la de Lagos; es “filete” como la calificó Francisco Vidal en TV, y el infinito costo de todo esto no les importó nada, porque querían refundar Chile y el fin justificaba los medios.
Mentirle al país de esta forma es inmoral y parecen estar dispuestos a seguir haciéndolo hasta obtener la Constitución que desean.

Super claro y directo, felicitaciones. Así son estos humanoides, cdr, mentirosos, violentos, golpistas.