El horrendo crimen del niño Alejandro Águila Jorquera, de tan solo 12 años, producto de una inhumana, cruel y brutal banda de adolescentes y adultos que se dedicaron esa noche a un verdadero tour criminal, nos debe hacer reflexionar como sociedad, pues resulta intolerable que dos de los asesinos sean adolescentes de 17 años, otros dos de 18 años y uno de 21, todos con antecedentes por delitos violentos, robo con intimidación y receptación.
La situación de la criminalidad de menores es gravísima. El general director de Carabineros Marcelo Araya reveló que, en 2025, el programa “24 Horas” o PSI 24, que deriva casos de menores en riesgo o infractores a los municipios, cuyo objetivo es reducir la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, tanto como víctimas o trasgresores, tuvo cerca de 78 mil derivaciones, de los cuales 58 mil eran menores víctimas de vulneración de derechos, pero unos 20 mil fueron niños que Carabineros asoció a una conducta infractora o delictiva en el momento del control policial. Esto puede tratarse de un hurto menor, una falta, sospecha en flagrancias, que el sistema lo señala como “comportamiento infractor”.
Pero hay otra cifra aún más preocupante. Según los boletines de la Fiscalía Nacional, ya en 2023 el Ministerio Público registró 36.468 causas que tenían como protagonistas a adolescentes entre 14 y 17 años, cifra que venía con una tendencia a la baja, pues en 2021 había disminuido a 20.194 causas, pero en 2023 se alcanzó el número más alto en siete años y 942 adolescentes quedaron privados de libertad.
Los números son impactantes y nos señalan que el problema que tenemos es mucho más grave de lo que se piensa. Eso tiene que ver con que en Chile prácticamente no existen los desincentivos para delinquir y también con una importante cuota de responsabilidad de la justicia pues la puerta giratoria no para.
Un ejemplo de por qué digo lo de la justicia ocurrió esta semana en el Rodoviario de Valparaíso, donde cinco individuos tomaron por la fuerza a una mujer boliviana de 21 años para secuestrarla, la metieron en un auto y partieron con ella, pero tras una persecución de Carabineros lograron rescatarla. Cuatro de esos delincuentes lograron huir menos uno, que resultó ser un joven de 19 años, quien tenía 26 detenciones previas, con un amplio historial de delitos por infracciones cometidas siendo adolescente.
La pregunta es cómo es posible que un individuo haya sido detenido 26 veces por Carabineros o la PDI y siga en libertad cometiendo crímenes. Y ciertamente no es el único caso, pues por ejemplo hasta agosto de 2022, Carabineros detuvo a 12.670 personas, de las cuales 10.609 (84%) era reincidentes. De esos, 6.006 (48%) tenía más de 10 detenciones previas; es decir de cada 100 personas detenidas por robo, 48 ya habían sido detenidas más de 10 veces antes. Ante esta grave situación, el país merece a lo menos, una explicación de la justicia. Pero no es sólo la justicia, también son las leyes vigentes.
Razón tuvo el ministro Arrau al decir que el Estado falló ante el asesinato deliberado del niño Alejandro Águila Jorquera, por lo que urgen nuevas leyes que disuadan a los jóvenes a ingresar al delito y penen duramente a los líderes de los carteles. Un modelo a analizar lo impuso Argentina cuando la ciudad de Rosario la controlaba el narco y el crimen organizado. En el gobierno del Presidente Milei, siendo Patricia Bullrich la Ministra de Seguridad implantaron una ley basada en una ley italiana, en que cualquier miembro de una banda, por joven que fuera y mínimo el delito cometido, tendría la misma pena del máximo líder de la organización criminal. Eso desincentivó a los jóvenes a delinquir, pues no estaban dispuestos a terminar su vida encarcelados y con duras medidas contra el crimen organizado, recuperaron la ciudad de Rosario, donde hoy la gente volvió a vivir sin temor.
Legislación de ese tipo sería útil en Chile, de manera tal que nunca más tengamos que lamentar la muerte de un niño en manos de criminales adolescentes y ningún Ministro tenga que volver a decir que el Estado falló.
Así es, esa ley es urgente diseñarla, aprobarla y aplicarla.