Durante el último mes del año, Juan Emilio Cheyre hizo noticia por dos razones. Presentó en un acto público el libro que, con el formato de un diálogo con el historiador Alejandro San Francisco, recoge sus reflexiones sobre su historia personal y la historia de nuestro país durante el último medio siglo. También, días antes de la Navidad, se supo que la Corte Suprema de Justicia elevaba la sentencia de un juez instructor y lo condenaba a cinco años de prisión por el delito de complicidad en el caso “Caravana de la Muerte”.
¿Pueden darse dos situaciones tan divergentes en un mismo país y en tan corto lapso? Sí pueden: acaba de ocurrir.
El libro del excomandante en jefe del Ejército entregó, en un año pletórico de reflexiones y testimonios sobre el episodio más triste y lacerante de nuestra historia reciente, el testimonio que hasta ese momento faltaba: el de los militares. Y es posible adjudicarle esa personería plural porque, a todo lo largo de sus páginas y en cada uno de los temas que aborda, queda perfectamente claro que quien se expresa en ese libro es un militar que habla como tal y que interpreta el pensamiento y los sentimientos de su institución.
Y Juan Emilio Cheyre se expresa con valentía. Y lo hace sin escamotear verdades incómodas y sin temer herir susceptibilidades. No rehúye los temas sobre los cuales se espera la opinión de alguien que fue el jefe del Ejército. ¿Por qué son importantes sus opiniones? Porque el militar Cheyre, desde que egresó como primera antigüedad de la Escuela Militar con el grado de subteniente en 1966 y hasta su retiro como comandante en jefe en 2006, no sólo fue testigo, sino que protagonista y, durante los últimos años de ese período, protagonista principal de los acontecimientos que conmovieron a nuestro país. Uno de los más importantes entre ellos la “transición militar”, esto es el proceso que llevó a los militares a aceptar y ser parte en nuestro país de una democracia recuperada; un proceso que fue conducido principalmente por él.
Se trata de un proceso nada irrelevante y quizás el principal de aquellos años en que comenzó nuestra transición. Porque pocos tienen presente que, para que las instituciones funcionen, es preciso que sean respetadas por todos, no solamente por algunos, y que esa totalidad en el Chile de esos años exigía la participación consciente y activa de los militares. Algo que en gran parte se logró gracias al esfuerzo de Cheyre y otros militares como él, que fueron conscientes de la responsabilidad histórica que les cabía en ese momento.
Y Cheyre asumió plenamente esa responsabilidad, lo que le permitió afirmar en el discurso con que entregó su mando: “…no habría sido honesto con mi patria ni con la alta misión que me había sido encomendada, ni con mis camaradas de armas ni conmigo mismo, si me hubiese resultado indiferente que por años el Ejército venía siendo visto por una parte no menor de la sociedad como distante e incluso antagónico… El origen de esa situación… radicaba en un episodio histórico, que la inmensa mayoría de los chilenos deseamos no vuelva a ocurrir nunca más… hoy… es probable que ya hayamos alcanzado lo más importante: que el Ejército haya terminado su tránsito desde una fase de antagonismo o mera tolerancia social, a otra de comprensión de su actuar profesional; que haya llegado a ser percibido, nuevamente, como el Ejército de Chile y de todos los chilenos”.
Ese militar fue condenado como cómplice en un asesinato atroz.
¿En qué se basó la condena? Un columnista que es también rector de una importante universidad y cuya opinión es muy respetable, aunque no esta vez, ha intentado explicar esa condena por el hecho de haber sido a él, un teniente ayudante del comandante del regimiento de La Serena, a quien se le ordenó que llevara a los integrantes de esa inmoral “caravana” los antecedentes de múltiples personas que habían sido sentenciadas a penas menores por tribunales militares locales y entre las cuales se encontraban aquellas que ese grupo, posteriormente, decidió ejecutar. O sea que fue condenado por transportar unos papeles de un lugar a otro sin saber -como nadie, ni en el regimiento ni en La Serena, podía saber- qué decisiones iba a tomar ese grupo de asesinos, todos los cuales, por lo demás, eran sus superiores jerárquicos.
El columnista al que aludo defiende ese fallo porque, dice, la llamada “obediencia debida” debe también ser castigada y aunque Cheyre se haya visto obligado a obedecer una orden perversa, es tan culpable como los que le dieron tal orden. Su argumentación es lúcida y brillante, como todas sus argumentaciones y, una vez más, no nos deja dudas de su inteligencia y erudición. Sin embargo, no toma en consideración el hecho que el teniente Cheyre, como por lo demás su comandante de regimiento no sabía ni podía saber las intenciones detrás de la inocua orden de ir a buscar unos papeles. Fue sin duda un brillante alegato el del columnista que una vez más se lució, pero el brillante alegato de otro caso, no el del ahora general Cheyre.
No, a Juan Emilio Cheyre no se lo puede haber condenado por algo tan ridículo.
Pero tampoco hay mucho más de lo que se le pueda acusar. La sentencia del juez instructor de la causa original se refirió a “encubrimiento”, pues, señaló, él nunca denunció algo que conoció después de realizado. Esa decisión se fundamentó en el hecho que fue él, en su calidad de ayudante, quien llevó en un sobre la declaración que su jefe, el comandante, envió al diario local para informar a la ciudad de lo ocurrido. Es decir, en esa ocasión también fue condenado por trasladar unos papeles, que él no escribió y cuyo contenido ignoraba, de un lugar a otro. Y luego de haberse enterado de su contenido por la publicación del diario, por no haber hecho una denuncia que habría tenido que hacer a sus superiores militares que, en ese instante, acaparaban toda la autoridad en el país. Es decir, algo tan poco probable y tan poco lógico como la argumentación que condujo a la condena de la Corte Suprema.
En realidad, a Juan Emilio Cheyre se lo ha condenado por poco más que el hecho de encontrarse en el lugar inadecuado en el momento inadecuado.
Como muchos en el regimiento Arica de La Serena y en la ciudad en general.
Pero de todos ellos sólo uno llegó a ser comandante en jefe del Ejército e hizo y dijo las cosas que hizo y dijo Juan Emilio Cheyre. Sólo uno de ellos se ganó el respeto y el afecto de sus conciudadanos con esos dichos y actos, pero también se ganó la enemistad y quizás el odio de otros.
Quizás eso explique por qué, en el corto lapso de un mes, pudieron ocurrir en Chile situaciones tan divergentes como las que afectaron el pasado diciembre a Juan Emilio Cheyre.

Felicitaciones por tan buena columna. Importante que personas como usted o Gerardo Varela (en el mercurio del Sábado) salgan en defensa del general Cheyre.
Mas sobre Cheyre: https://ellibero.cl/tribuna/el-general-juan-emilio-cheyre-un-general-unico-en-su-clase/
Comparto lo excelente de esta columna que pone de manifiesto lo arbitrario del fallo contra el General Cheyre. Los tribunales últimamente no se han lucido precisamente por sus resoluciones y esta es una más de aquellas que genera severas críticas por lo incomprensible de la argumentación usada para condenar al General.
Después de haber leído la columna de Álvaro Briones que precede y la de Gerardo Varela publicada el 6 de enero en El Mercurio titulada “General Cheyre: cómplice de un delito o víctima de la justicia”, me atrevo a decir que los ministros de la Corte Suprema que condenaron al general Cheyre como “cómplice” no solo cometieron el delito de prevaricación tipificado en el artículo 223 del Código Penal —al fallar contra numerosas leyes expresas y vigentes— sino que, dada su estulticia y arbitrariedad, cometieron un “delito judicial de lesa humanidad”.
Lo más grave de esta sentencia no es tanto su iniquidad, sino que la subversión judicial que significa el quebrantamiento del orden jurídico y el abuso de los jueces de sus facultades jurisdiccionales con el propósito de condenar a toda costa a los militares y carabineros que durante las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado tuvieron que llevar a cabo la penosa y riesgosa tarea de enfrentar a combatientes que llevaban a cabo una cruenta guerra subversiva y que estaban dispuestos a matar y a morir por la revolución.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política
No comento nada más, me identifico plenamente con comentario que me antecede del señor Adolfo Paul
El intercambio de opiniones sobre esta «emblemática» condena tiene el mérito, a mi juicio, de dejar en evidencia lo que a muchos ha ocurrido al ser condenados a toda costa y que, por tratarse de personas en su mayoría desconocidas por la opinión pública, no se han beneficiado de lo que vulgarmente se conoce como «derecho al pataleo», toda vez que lo que resuelve la Corte Suprema es, en la práctica, definitivo, salvo para los ministros de fuero que reabren a su arbitrio causas sobre las cuales existe sentencia ejecutoriada.
100% de acuerdo con la opinión de don Adolfo Paul Latorre.