El día de la marmota

El Día de la Marmota es una película que está a punto de convertirse en un clásico y que seguramente usted vio. Su protagonista despierta cada mañana para descubrir que está condenado a vivir exactamente el mismo día una y otra vez. ¿Se acuerda? Los acontecimientos se repiten, las personas dicen las mismas cosas y los errores vuelven a cometerse con una puntualidad desesperante.

La política chilena parece haber entrado en una versión propia de esa historia.

Como en el día de la marmota, partidos oficialistas, sin que el Gobierno hiciera nada por impedirlo o siquiera matizarlo, presentaron una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Con ello dieron una nueva vuelta de tuerca al deterioro de nuestra convivencia democrática y a una práctica que, lejos de fortalecer las instituciones, las debilita.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la oposición presentó siete acusaciones constitucionales contra ministros de Estado y dos contra el propio Presidente de la República. Sólo durante los primeros diez meses de la administración de Gabriel Boric, la oposición presentó tres acusaciones constitucionales contra ministros de Estado. En los últimos ocho años se presentaron 27 acusaciones constitucionales, siete de las cuales en contra de ministros de tribunales y una contra un delegado presidencial.

Una de las expresiones más evidentes de la pérdida de templanza que afecta a la política chilena es precisamente el abuso de esta herramienta excepcional. Lo mismo ocurre con la proliferación de comisiones investigadoras que, en demasiadas ocasiones, parecen constituirse menos para esclarecer hechos que para exhibir acritud política y hostigar al adversario de turno. Muchas veces importa poco la gravedad de los hechos denunciados o la viabilidad de obtener un resultado concreto. Lo que importa es el agravio de la acusación.

Pero la acusación constitucional no fue concebida para eso. Se trata del instrumento más severo que posee el Congreso para fiscalizar a los ministros de Estado. Patricio Zapata, abogado de Grau y un destacado constitucionalista, la describió recientemente como una verdadera “bomba atómica” institucional. Quien la promueve está afirmando que un ministro ha comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, ha infringido la Constitución o las leyes, las ha dejado sin ejecución o ha incurrido en delitos tan graves como la concusión, la malversación de fondos públicos o el soborno.

Como a nadie en su sano juicio se le ocurriría imputar semejantes conductas a Nicolás Grau, la acusación ahora presentada se refugia en una fórmula mucho más difusa: una supuesta “falta grave a la probidad administrativa”. Sin embargo, todo Chile sabe -porque así lo han explicado economistas de las más diversas sensibilidades políticas- que el diferendo de fondo se refiere a los supuestos utilizados para proyectar el déficit fiscal y la evolución de la deuda pública, proyecciones que finalmente no se estarían cumpliendo. Y eso ocurre todos los días en el mundo de la economía. Las proyecciones se elaboran sobre la base de supuestos que pueden cambiar. El valor del dólar, los precios internacionales, una guerra en Medio Oriente, una desaceleración global o cualquier otro factor externo pueden alterar resultados que parecían razonables al momento de efectuar los cálculos.

¿Se trató de un error? ¿Cambió el escenario? ¿Fueron insuficientes los antecedentes disponibles? Todas esas son preguntas legítimas. Los expertos podrían analizar la situación, identificar los supuestos que no se vieron confirmados por la realidad, levantar prevenciones contra esas posibles desviaciones en futuros cálculos. Lo que no se puede sostener es que en unos cálculos con parámetros explícitos que fueron conocidos por el Congreso cuando se aprobó la Ley de Presupuesto para 2026, existiera dolo, se hubiese infringido la Constitución o las leyes, o se hubiese incurrido en delitos como concusión, malversación de fondos públicos o soborno. Ni siquiera es posible demostrar que hubiese habido una “falta grave a la probidad administrativa”

¿Por qué entonces esa absurda acusación? Después de reflexionar con la mayor serenidad posible sobre esta interrogante, debo admitir que la única respuesta que encuentro es la peor de todas: el odio. Para una parte importante de quienes apoyan al gobierno del Presidente Kast, quienes se identifican con ideas o sentimientos de izquierda no son simplemente personas equivocadas sino individuos movidos por intenciones perversas cuyo objetivo en la vida es dañar o destruir todo lo que ellos valoran. No son adversarios, sino enemigos, pues lo que intentan es destruir lo más sagrado: sus valores. Y no voy a ser condescendiente con quienes se sitúan en lo que no puedo sino describir como trinchera opuesta. Porque el mismo odio anida en mucha gente de izquierda. Basta recordar las multitudes rodeando La Moneda, las acusaciones en contra del presidente Piñera, los epítetos de nazi lanzados contra el presidente Kast y de “fachos” en contra de sus seguidores.

Cuando la política se instala en ese terreno, desaparece la posibilidad de atribuir errores, cambios de circunstancias o simples equivocaciones de juicio. Todo debe explicarse por la mala fe. Toda discrepancia se transforma en una amenaza. Toda diferencia se convierte en una agresión.

En ese ambiente no resulta extraño que prosperen acusaciones tan débiles como la presentada contra Nicolás Grau. Tampoco resulta extraño que quienes la impulsan parezcan indiferentes a las consecuencias. Porque esas consecuencias llegarán. No me voy a referir al descrédito que sufre el país cuando se acusa a un exministro de Hacienda de falsear datos, poniendo así un signo de interrogación -que ningún inversionista extranjero dejará de observar- sobre la legitimidad de las cuentas públicas y de la “oferta país”, sino al hecho que, en uno o dos meses, o quizás más adelante, sus adversarios responderán con una acusación contra un ministro del Presidente Kast o incluso contra el propio mandatario. Y luego vendrá otra más. Y otra. Y así seguiremos reproduciendo, una y otra vez, nuestro particular día de la marmota, que para nosotros es, en realidad, el día del odio.