El Derecho como bufón y la Justicia como estatua

Escena conocida: el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó la Ley Naín-Retamal —que reconoce a Carabineros un privilegio procesal cuando usan la fuerza— sosteniendo que amplía «los niveles de impunidad». Parlamentarios oficialistas respondieron con oficios reclamando “precisión técnica” y exigiendo reformar el organismo para terminar con su “captura ideológica”.

La disputa, en su forma, es repetida: podrían rotarse los actores, las fechas y los membretes, y el guion seguiría siendo el mismo. Un sector denuncia al INDH como aparato ideológico de una facción; el otro lo defiende como guardián insustituible de la democracia. El espectador asiste con la resignación de quien conoce el final antes de que comience la función. Pero ningún espectáculo se entiende a la altura de la pista; conviene levantar la vista hacia las gradas, y desde allí —desde algo más lejos— advertir que la disputa no es una controversia chilena sobre un órgano del Estado: es la sucursal local de un drama mucho más antiguo.

Hace siete siglos, un fraile inglés enseñó algo aparentemente inocente que terminó cambiándolo todo: que el bien y el mal no son cosas reales que la inteligencia descubre en la naturaleza, sino etiquetas que alguien —Dios primero, los hombres después— decide colocar desde fuera. Si esto es cierto, el juez no tiene nada anterior a la ley escrita a lo cual someterse: ningún bien previo le ilumina el caso. Siete siglos después seguimos cosechando esa semilla. Si no existe un bien real que podamos reconocer, sólo quedan voluntades en pugna; y si sólo quedan voluntades en pugna, toda la tarea del derecho consiste en ordenar la coreografía de sus choques sin preguntar —sería impertinente— qué se está bailando.

Así, en el gran circo del derecho moderno, las fieras están domesticadas, el domador es vegano y el público aplaude en cuanto el maestro de ceremonias confirma que todo se desarrolla conforme al procedimiento. La Justicia, aquella dama severa que sostenía la balanza con los ojos vendados para no dejarse corromper por las apariencias, ha sustituido la espada por un protocolo. Cuando alguien clama por ella, responde con la sonrisa impersonal de un empleado de ventanilla: “¿Ha rellenado usted el formulario? Perfecto, su caso es atendible. De lo justo o lo injusto hablaremos luego… si queda tiempo”.

Este espíritu se ha instalado con todos los honores en nuestros tribunales bajo la forma del derecho subjetivo abstracto: un elegante envoltorio en el que cabe absolutamente todo. En el mismo estuche se guardan el derecho a rezar y el derecho a blasfemar, el derecho a vivir y el derecho a matar al inocente aún no nacido, el derecho a fundar una familia y el derecho a disolverla cada temporada. El envase es invariable; el contenido, “asunto privado”. Porque —nos recuerda piadosamente la doctrina— el Estado ha de ser “neutral” en materia de vida buena, olvidando que la neutralidad ante el bien y el mal no es imparcialidad: es complicidad con el más fuerte, con el más astuto o, simplemente, con el más ruidoso.

Y cuando dos de estas joyas formales chocan entre sí —libertad de expresión contra honra, libertad religiosa contra igualdad, autonomía progresiva (o progresista) contra patria potestad— aparece, triunfal, la “ponderación de derechos”, esa varita mágica tan querida para el constitucionalismo moderno: una balanza imaginaria donde el juez sopesa derechos como si fueran kilos de papas, sin que la ortodoxia dominante le permita preguntarse cuál de los dos encarna y pretende algo verdaderamente bueno. Gana el que pesa más en la fórmula, no el que tiene más razón. Dos gladiadores peleando en una arena donde el árbitro tiene expresamente prohibido saber quién es el villano.

En este buffet encaja, con honores de plato principal, la polémica reiterada sobre el uso de la fuerza policial. Un órgano cuyo cometido es velar por derechos humanos abstractos no puede sino terminar protegiendo los que su composición decida considerar como tales, en el grado en que decida considerarlos, contra los actores que decida considerar agresores. La asimetría no es defecto operativo: es consecuencia matemática del paradigma. Sin un patrón objetivo y anterior del bien y del mal, lo que el órgano resuelve se convierte —por puro acto de poder— en lo justo. Y luego nos sorprendemos, ¡santa inocencia!, de que para un mismo instituto el muerto con piedra en la mano cuente como caído de una causa común y legítima, y el muerto con uniforme se diluya en la nota al pie de los informes anuales. No hay traición a la doctrina: hay aplicación rigurosa de ella. Quien define el envoltorio define también el contenido —y lo que ha de quedar fuera.

Pero la respuesta de quienes piden cerrar el organismo —o “cambiar su gobernanza” para liberarlo de la “captura ideológica”— es prisionera del mismo paradigma. Cuando se exige clausurar el INDH, se acepta tácitamente la premisa adversaria: que los derechos humanos son aquello que un órgano competente decida; basta con cambiar el órgano. El gesto es defensivo —como no me gusta lo que decide ese órgano, derribo el órgano, o nombro otros consejeros—, pero queda intacta la idea de que lo justo es producto de una decisión institucional. Sólo se desplaza la voluntad decisora a otro lado del tablero. Por eso, en lo más profundo, la derecha y la izquierda chilenas no están enfrentadas: están perfectamente de acuerdo. Discrepan sólo en quién debe ser el ventrílocuo de los “derechos”.

El problema, entonces, no es que el derecho moderno haya dejado de perseguir el mal. Es algo peor: lo persigue con el mismo entusiasmo con que persigue el bien, y con idéntico procedimiento. Hemos convertido la Justicia en una estatua imparcial… no ante las personas, como debía serlo, sino ante las conductas mismas; de modo que, si mañana el vicio se presenta con corbata, cita un artículo constitucional y una interpretación evolutiva de algún tratado internacional, la dama de la balanza le abrirá la puerta, le ofrecerá café y le reservará el asiento en primera fila. Y así, en nombre de los derechos humanos, hemos logrado la hazaña —aplaudida por moros y cristianos— de proteger con idéntico celo a la verdad y a la mentira, a la virtud y al vicio, a la medicina y al veneno… hasta que un buen día la mentira, agradecida por tanta hospitalidad, decida ejercer su derecho subjetivo fundamental a abolir la verdad.