Luego de mucho tiempo de espera, se encuentran en tramitación en el Congreso dos proyectos de ley sobre educación superior y a la espera un tercero, que debiera referirse al reemplazo del Crédito con Aval Fiscal (CAE).
Pese a las expectativas que se han formado en torno a esta normativa, que primero iba a ser contenida en un solo texto integral y que luego ha sido desagregada por dificultades políticas —y por qué no decirlo, técnicas—, hoy el panorama no se presenta auspicioso para este sector tan importante y tan demandado de la educación chilena.
No olvidemos, como escenario, que la tan discutida gratuidad nunca se ha incluido en una ley permanente, sino en glosas presupuestarias que duran un año y que, por su misma naturaleza, dejan a este beneficio en un estado de considerable precariedad, sometido más a la buena voluntad de los que vengan que al Derecho. Del mismo modo, la discusión sobre la eliminación del CAE ya no sólo implica encontrar un sistema capaz de ser efectivo en la entrega de recursos, sino en la cobranza de lo adeudado, más aún cuando se ha tejido a su respecto –con responsabilidad de quienes han generado tales expectativas– la idea de un “perdonazo” a los deudores mezclado con un total olvido de los que sí han pagado sus deudas universitarias por muchos años.
Tampoco olvidemos que, si bien se ha invocado por todos los sectores la necesidad de una provisión mixta en materia de educación, los signos de los proyectos no son demasiado amables con la educación privada. A ella se han ido endosando –como si fuera un todo indiferenciado, lo que es injusto– los escándalos de la Universidad del Mar y de ARCIS, y las infracciones a la prohibición de lucro, posibles por falta de los debidos controles, lo cual no se considera luego un demérito de quienes debieron controlar, sino un pecado general del sector respectivo.
A estos graves problemas hay que agregar otros. El primero, la normativa de uno de los proyectos establece privilegios para las instituciones públicas, mediante fondos especiales no asociados con excelencia académica, sino con su naturaleza. Ello, como es obvio, se contradice con la idea de que el servicio educacional es de interés público, independientemente de quienes lo presten, y con la realidad de que muchos alumnos de escasos recursos –dentro o fuera de la gratuidad– estudian en instituciones privadas, que son las únicas que les han brindado esa opción.
En segundo término, el sistema de acreditación, destinado al aseguramiento de la calidad, se hace obligatorio, lo cual parece positivo, pero se centra sólo en la acreditación institucional y no de las carreras, lo cual evita analizar el detalle académico/formativo de cada una de las unidades y centra el proceso en generalidades que no debieran estudiarse sin el contrapeso requerido.
Se exige, en tercer término, a las universidades contar con sólida investigación, lo cual como es obvio no puede ser fácilmente cumplido por las que están orientadas a la docencia, y también se regula escasamente la enseñanza técnica profesional, que es fundamental en el proceso de movilidad social del país. Este enfoque resulta parcial, no se aviene con el diálogo previo de las autoridades educacionales con entidades de distintos perfiles, y sólo incidirá en una retracción de la oferta, no en un mejoramiento de ella.
Por último, el proyecto establece límites al gasto publicitario, con definiciones tan amplias que confunden dicha inversión con labores de extensión propias de las entidades académicas y que, a la vez, no consideran realidades regionales y de sedes de los planteles, sino un solo estándar más bien teórico.
Tal modelo no sólo demuestra un dirigismo extremo, un afán de tratar de modo similar a situaciones diferentes o de diferenciar situaciones similares, y una afectación de la autonomía universitaria, sino la poca consideración por los verdaderos destinatarios de toda esta normativa, cuyos derechos son los que se ponen frecuentemente en riesgo: los alumnos de la educación superior. Mala hora para ellos.
Ángela Vivanco Martínez, abogada y profesora de Derecho Constitucional UC, doctora en Derecho y Ciencias Sociales para la Universidad de La Coruña, España
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