La semana pasada el Tribunal Constitucional resolvió, por 6 votos contra 4, rechazar el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados contra la expresión “no sexista y” del artículo 12 del proyecto de ley que consagra el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. El Gobierno, desesperado por obtener algún logro político y presionado por las insatisfechas feministas, se la jugó para que TC no repitiera la sentencia de 2021, en la que declaró inconstitucional una frase similar respecto al proyecto de ley de garantías de la niñez.
El artículo en cuestión señala: “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”. La norma establece una obligación para todo tipo de establecimiento educacional, sea público, privado o subvencionado. La discusión giró en torno a la definición, límites y alcances del concepto de educación no sexista. Lo anterior tiene relevancia porque será la Superintendencia de Educación la que fiscalizará que se cumpla esta obligación de promoción, y si considera que ello no ocurrió, podrá sancionar al establecimiento educacional.
Lo increíble es que ni el Gobierno ni las feministas son capaces de ponerse de acuerdo sobre su significado. El proyecto ingresó en enero de 2017 y en los 7 años de tramitación fueron absolutamente incapaces de definir el concepto o de demostrar su supuesta efectividad… porque hablar con lenguaje inclusivo está claro que no reducirá el número de asesinatos de mujeres, como tampoco cambiarle el nombre del delito por “femicidio”. ¿Por qué no quisieron dejar por escrito lo que realmente creen que es la educación no sexista? Porque es lo que vimos en la Convención Constitucional, ese feminismo totalitario que sólo considera válida su diagnóstico -y “soluciones”- de la relación entre el hombre y la mujer. Las adoratrices de Butler que defendieron la misma idea, que la educación tenga un carácter no sexista, en el proyecto de Constitución rechazado el 4-S, son las mismas que defendieron la constitucionalidad de la norma impugnada.
En este sentido, no sorprende que el Presidente, en sus observaciones al requerimiento, haya citado a un conocido profesor octubrista, el cual sostiene que el derecho a la educación no sexista “es un modelo que el Estado debe implementar a través de un conjunto coherente de medidas: marco regulatorio, promoción de buenas prácticas, actividad de gestión directa de establecimientos educacionales (sea a nivel central o municipal) y también es una obligación respecto de la gestión privada, que no sólo se garantiza vía el marco normativo general, sino que también a través de control y fiscalización”, y que “obliga al Estado a organizar todo el aparato de educación para garantizar que la educación no establezca distinciones con base en el sexo, género y las identidades sexuales. Esta reorganización del modelo de educación implica hacerse cargo del currículum oficial, del oculto y del omitido, así como de los espacios educacionales y las formas en que estos se estructuran y regulan la convivencia de la comunidad educativa”. Esta es realmente la definición en la que creen las feministas y no la que la abogada del Gobierno defendió en los alegatos, negando lo que siempre han defendido, asustadas de perder, como si se tratara de una cuestión inofensiva, una mera lucha contra la discriminación se basa en la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Pero, la verdad siempre triunfa y es imposible esconderla, especialmente si la han aplicado innumerables veces, como expuso la representante del movimiento ciudadano “Con mis hijos no te metas” que agrupa a decenas de miles de padres.
Podrán decir que la educación no sexista es diferente a la educación sexual integral, que persiguen un fin noble y que los casos polémicos en que los niños han salido afectados no es realmente lo que ellas buscan, pero deben hacerse responsables de las políticas públicas que impulsan, y las palabras de una diputada oficialista de esta semana confirman sus verdaderas intenciones. Por cada niño cuya infancia e inocencia se ve vulnerada por una supuesta educación “no sexista” que lucha contra “estereotipos de género”, por cada padre que ve cómo adoctrinan a sus hijos en las más disparatadas teorías de género y no dispone de herramientas jurídicas eficaces para oponerse o que impotente constata que el Poder Judicial, con su Secretaría de Género, avala lo que una burócrata ñuñoína cree que es el interés superior del niño, por cada establecimiento educacional, especialmente los cristianos, que ve cómo su proyecto educativo tiene que adecuarse a la interpretación antojadiza e ideológica de los organismos estatales fiscalizadores, el feminismo es responsable.
Es tiempo de que los políticos abran los ojos de una vez por todas y no se contenten sólo en oponerse a la agenda feminista que socava el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, sino en recuperar el terreno perdido y avanzar. No pueden seguir amparándose en excusas sobre desconocer el contenido o consecuencias de la agenda feminista. Cuando el lobo aúlla, el orco ronda.
Perfecto, gracias