Muy extendida es la opinión de que Chile carece de una tradición democrática robusta, que lo que hay desde el siglo XIX en más bien una proto-democracia, es decir, un ensayo, un proceso, un aprendizaje, un horizonte. La palabra “democracia” aparece recién en la Constitución de 1925; antes de eso, no existió mayor arraigo intelectual ni práctico con dicho sistema de gobierno. La irrupción de los totalitarismos en el siglo XX hizo crujir al incipiente estado-nación europeo, y con eso, la modernidad se apropia de la democracia liberal no solo en cuanto sistema de gobierno, sino también como un sistema de reglas y modos de convivir: la sociedad abierta.
Mucho se discute sobre los contornos de dicho modus vivendi: ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Dónde termina la tolerancia? En paralelo, se han pasado por alto las vigas maestras que sostienen y dan vida al Estado moderno, esto es, que la principal función del Estado y sus instituciones es evitar el estado de guerra y el abuso de algunos (reyes, señores feudales, nobles, etc.) por sobre la mayoría (el pueblo). También se olvida que la democracia reconoce el mismo derecho a cada ciudadano, posibilitando que cada persona pueda gobernar y ser gobernado, siendo todos iguales ante la ley.
La Comisión sobre Sistema Político de la Convención Constitucional, en el capítulo I de su texto sistematizado del 31-01-2022 (“de la Democracia”), señala que “Corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de la sociedad, asegurando la participación de los grupos históricamente desaventajados y excluidos, y por tanto, de especial protección”. Nada dice el texto sobre quien definirá quienes merecen ser rotulados como “históricamente desventajados y excluidos”. Todo indica que quedará al juicio o interpretación de las autoridades de turno. Parece una declaración inofensiva; eso, hasta que se contrasta con la redacción del capítulo sobre “Congreso plurinacional” (art. 9 al 23), donde un intrincado modelo de distribución de escaños nos muestra que, en definitiva, lo que se busca es que el futuro órgano legislador (unicameral) sea lo más parecido a la Convención Constitucional, sin espacio a las sorpresas o la novedad, todo muy calculado, con un claro beneficio de inventario.
Si la (llamada) democratización de nuestras instituciones consiste en fragmentar, otorgar privilegios y cuotas a algunos grupos por sobre otros, difícilmente habrá una rehabilitación del pacto social que se dice lesionado. Con un diseño de estas características no solo pierden las regiones (las que dejarán de tener una cantidad importante de representantes), sino también pierde la democracia y la búsqueda del bien común. Si realmente somos todos iguales ante la ley, es importante que nuestras instituciones democráticas reflejen dicha aspiración. Si no queremos más grupos o personas con privilegios, es importante que el poder político se autoimponga límites claros, de lo contrario, se abre espacio a pulsiones autoritarias, al clientelismo, y por consiguiente, a la corrupción y la captura del Estado por parte de ciertos grupos de presión. Las democracias tienen varios enemigos y hoy la convención constitucional podría crear uno nuevo: la “Cuotocracia”.