Donde la autoridad no entra

En la madrugada del miércoles pasado, Carabineros ingresó a la comunidad de Temucuicui con apoyo del Ministerio Público y del Ejército. Hubo disparos, impactos balísticos en vehículos blindados -dato que conviene leer dos veces- y cinco detenidos por atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur y delitos de droga. La ministra de Seguridad defendió el procedimiento, pidió “paciencia” y remató con una frase que merece masticarse: “Esto demuestra que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional”.

Esa oración debe mirarse como se examina un síntoma. Si el Estado cumpliera ordinariamente su labor en todo el territorio, el operativo no sería noticia. La prensa lo califica como una de las mayores intervenciones desde 2023. Tres años. Una madrugada. Blindados. Ejército. Eso no es lo que la autoridad hace cuando administra normalmente su soberanía; es lo que hace cuando entra -el verbo es del periodista, no inocente- a un territorio que no controla. La frase de la ministra no demuestra normalidad: demuestra excepción. Y la excepción, es confesión involuntaria.

Conviene decir, entonces, la palabra que la liturgia oficial evita con un esfuerzo digno de mejor causa. Una porción del territorio chileno está, de facto, ocupada. No por una potencia extranjera -ojalá fuera tan simple: la doctrina tiene previstas las invasiones-, sino por un grupo que ejerce dentro de un sector las funciones que toda teoría política atribuye a la autoridad civil: presencia armada estable, sanción efectiva, dominio del territorio. Que esto se llame “comunidad”, “conflicto” o “complejidad” es asunto de retórica.

La autoridad, según Santo Tomás, existe para conducir la comunidad al bien común, y de esa finalidad -no de un consentimiento revocable- derivan todos sus deberes y sus límites. El bien común, a su vez, no es eslogan ni cifra: es la condición material y moral que permite a cada miembro de una comunidad ordenar la propia vida hacia su máxima perfección. Tiene una primera capa, sin la cual ninguna otra subsiste: la paz, entendida -con Agustín, asumido por Tomás- como tranquillitas ordinis. No la ausencia de tensión, que sería paz de cementerio, sino la presencia activa del orden. Sin orden no hay paz; sin paz no hay vida buena.

De ahí, en la doctrina clásica, la centralidad del acto de castigar. El gobernante debe penar los actos que hacen imposible la vida en común porque la pena restablece el equilibrio quebrantado por el delito, defiende a los inocentes y enseña al cuerpo social qué cosas no son tolerables. Es, ante todo, acto de justicia. Cuando la pena no llega, el silencio de la autoridad se convierte en mensaje: cada delito impune extiende un permiso tácito; cada zona donde la autoridad no entra es un trozo del bien común abandonado por aquel a quien su oficio mismo le encomendaba protegerlo.

Llegados aquí, la palabra paciencia exige cuidado. Pedir paciencia al ciudadano que sufre los ataques, mientras la autoridad reconoce -por la sola excepcionalidad de su despliegue- que normalmente no entra al territorio, no es invocar una virtud: es transferirle una deuda que no es primariamente suya, sino del oficio público que ha dejado de cumplir su finalidad. La fórmula “se pide paciencia, pero realizando trabajo concreto, día a día” sería defendible si el trabajo concreto fuera ordinario y la excepción fuera el descontrol. Pero el cuadro es el inverso: lo ordinario es la ausencia, y lo excepcional, el operativo. Pedir paciencia así equivale a pedirla en abstracto, sin objeto. Y la paciencia sin objeto es derrota internalizada que algún día -si el cuerpo social conserva un mínimo de salud- se convertirá en cólera.

Conviene decir, por último, que esto no es problema de un solo gobierno. La administración actual lleva cincuenta días; la anterior se fio del diálogo -¿soberbia o inocencia?-; las que la precedieron, de la deuda histórica. Cada una contribuyó a su modo a una doctrina tácita -transversal, vergonzosa- según la cual en cierta porción del territorio la autoridad podía no entrar, y cuando entrara lo haría como expedición. El fruto natural está a la vista: un sector donde el delincuente con orden de captura vigente vive sin sobresalto, donde los disparos ya no escandalizan, y donde un operativo policial es -según la prensa- uno de los mayores en tres años.

Que la ministra Steinert pida paciencia no agrava ese cuadro: lo retrata. Y lo retrata con la frase que ella misma probablemente no escuchó al pronunciar: el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional. Quien tiene que afirmarlo es porque sabe que la afirmación no se sostiene sola. La evidencia no necesita pruebas; la imposibilidad, sí. Y mientras esa imposibilidad se siga vistiendo de paciencia, el bien común seguirá siendo, en boca de las autoridades chilenas, una cita escolar sin domicilio conocido.