La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó el jueves pasado la idea de legislar la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico. La escena que rodeó esa votación, y los días que siguieron, retratan con nitidez incómoda el estado de nuestra discusión pública. En plena votación, el diputado Daniel Manouchehri alzó la voz para denunciar que se imponía un “régimen autoritario”. Días después, el diputado Jaime Araya, del PPD, anunció que la oposición prepara más de dos mil quinientas indicaciones al proyecto, una operación que él mismo describió como un “tsunami” destinado a hacer “inviable” la tramitación, “un sufrimiento para este gobierno”. Y Franco Parisi, desde el Partido de la Gente, sintetizó la lógica del cálculo con notable franqueza: políticamente su partido ya había ganado, porque si la ley salía se atribuiría el mérito, y si no salía, el costo lo cargaría el gobierno.
Tres escenas, tres modos distintos de un mismo daño. Hannah Arendt sostuvo, a lo largo de su obra, que la vida pública descansa sobre tres condiciones frágiles: hechos compartidos sobre los que se pueda discrepar, la disposición a pensar -que para ella era, ante todo, un diálogo silencioso con uno mismo y con el otro- y un mundo común que la política está llamada a cuidar. Lo inquietante de esta semana es que cada una de las tres escenas erosiona una de esas condiciones.
La intervención del diputado Manouchehri es lo que Arendt habría reconocido sin esfuerzo: el momento en que un hecho se trata como si fuera opinión. Una opinión es legítimamente discutible; un hecho, no. Llamar “régimen autoritario” a una votación parlamentaria en regla no es exagerar: es sustituir el procedimiento democrático funcionando en su cauce por su contrario. La palabra pública deja de describir y se ofrece como versión alternativa de la realidad, pensada para movilizar. Sin hechos compartidos no hay acuerdo posible: solo trincheras enfrentadas que ya no discuten lo mismo.
La declaración del diputado Jaime Araya, del PPD, pertenece a otra categoría, igualmente grave. Anunciar dos mil quinientas indicaciones antes de que comience la discusión particular es, exactamente, no haber pensado. Existe una diferencia decisiva entre tener convicciones y haberlas analizado. Pensar exige ponerse mentalmente en el lugar del otro, examinar el texto antes de impugnarlo, sostener un diálogo silencioso con quienes no están de acuerdo. Lo que se anuncia con orgullo como “tsunami” es la renuncia explícita a ese diálogo: una operación reglamentaria diseñada para agotar al adversario, no para mejorar una ley. Hay posición; no hay juicio sobre el proyecto concreto.
Parisi ofrece la tercera escena, quizá la más reveladora porque carece de disimulo. Su lectura del momento es transparente: gane o pierda la ley, el PDG saca rédito. La política se ha vuelto cálculo de suma cero, ejercicio de posicionamiento. Falta el bien común como horizonte. Falta la pregunta por el país. Falta la idea misma de que la política existe porque somos distintos y necesitamos un espacio donde esas diferencias se vuelvan mundo compartido.
No se trata de tres episodios aislados. Octubre de 2019 fue, en los hechos, violencia descarnada: estaciones de metro incendiadas, iglesias destruidas, comercios saqueados, carabineros heridos. La respuesta de un sector importante de la política chilena no fue condenar esa violencia, sino interpretarla como un “despertar”. El primer hecho ya estaba transformado en su contrario por la fuerza del relato. De esa interpretación nació, en línea recta, el primer proceso constituyente, rechazado por dos tercios; luego el segundo, también fallido. Quienes lo impulsaron son, en su mayoría, quienes gobernaron los cuatro años previos al Presidente Kast. Hoy, frente a una ley discutida en regla, vemos repetirse las tres operaciones de siempre: la descripción que niega los hechos, la oposición que no piensa, el cálculo que olvida el país.
El cuidado de la discusión pública es responsabilidad de todos, no de un sector. El espacio público no es propiedad de nadie precisamente porque es el lugar donde aparecemos unos ante otros, y por eso lo daña cualquiera que lo trate mal. La altura no se demuestra solo cuando se tiene razón: se demuestra cuando, teniéndola, se renuncia a la respuesta fácil. Y se exige con especial rigor a quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar. A quienes tienen la responsabilidad de legislar. Conviene decir algo que muchas veces se omite: darse por vencido a mejorar la calidad de la política, de los partidos y del periodismo, es un atentado a la democracia. No todo vale. No vale el grito que llama autoritarismo a un trámite, ni la indicación que no leyó, ni el cálculo que olvida el bien común, ni la frase imprudente del propio lado, ni el silencio cómplice frente a quien practica todo eso.
La Ley de Reconstrucción es, en este sentido, mucho más que una reforma económica. Es la primera prueba seria, después de dos derrotas constitucionales, de si hemos aprendido algo. Levantar la vista es leer antes de anunciar, pensar antes de gritar, persuadir y dejarse persuadir, deliberar en lugar de calcular. Porque cuando los hechos se vuelven trinchera, el diálogo se vuelve imposible.
Excelente columna!!
Muy buena exposición
Excelente columna, muchas gracias!!