El gobierno parece empeñado en querer convencernos de que el problema de la delincuencia que encabeza continuamente el listado de las preocupaciones ciudadanas según todas las encuestas no es tan grave como parece, sino el resultado de una exageración de los medios de comunicación. Y ha decidido ponerle atajo a esta aparente discrepancia entre la percepción ciudadana y la realidad, tomando medidas comunicacionales bastante polémicas.
La más reciente de estas acciones es la dictación de un nuevo protocolo que ahora obliga a las policías a relacionarse “correctamente” con los periodistas. En concreto, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) ya no podrán cooperar de forma autónoma con los medios de comunicación -por ejemplo, facilitándoles la cobertura de los sucesos policiales o permitiéndoles la captura de imágenes sobre hechos delictuales- sin la autorización expresa de las autoridades políticas. A juicio de algunos, como el diputado Cristián Monckeberg (RN), el gobierno sólo busca censurar a los medios, y copiar las malas prácticas del régimen chavista que esconde la delincuencia con “leyes mordaza”, sin resolver el problema de fondo. Para el subsecretario del Interior, en cambio, el objetivo del instructivo elaborado en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones (Secom) es “disminuir la sensación de inseguridad”, supervisando cercanamente los operativos y las acciones policiales que tienen “interés mediático”. “El gobierno trabaja para los ciudadanos y no para los medios”, respondió secamente Mahmud Aleuy ante las críticas.
La preocupación del gobierno es legítima considerando que, a pesar de la reducción de algunos indicadores como el de la victimización, en los últimos días la delincuencia se “ha tomado” literalmente los canales de televisión y los periódicos gracias al espectacular asalto frustrado de una joyería en el centro comercial Alto las Condes, el homicidio de un carabinero de 20 años para quedarse con su moto, y el intento de robo de una sucursal del Banco Estado en Recoleta, que terminó con una persecución “de película” por varias comunas del norte de la capital.
Si el objetivo del gobierno es resguardar adecuadamente los derechos de las personas, algo de razón tiene con los cambios propuestos, pues en demasiadas ocasiones la policía ha exagerado su colaboración con algunos periodistas, lo que ha llevado a éstos a participar en detenciones e ingresar en viviendas sin el consentimiento de sus dueños, violando la intimidad de los detenidos y, lo que es más grave, atropellando los derechos de las supuestas víctimas. Esto fue justamente lo que dictaminó hace pocos días la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que fustigó duramente a Carabineros por ingresar a un hogar con periodistas y camarógrafos de Chilevisión, exponiendo públicamente a la dueña de casa que los había llamado para denunciar un caso de violencia intra-familiar. La mujer que supuestamente debía ser protegida fue humillada en su propia casa, y con la connivencia de los defensores de la ley.
Si, en cambio, el objetivo no declarado del gobierno es “sacar la delincuencia de los diarios”, obstaculizando la cobertura de los medios de comunicación, es muy posible que sus esfuerzos tengan resultados muy limitados, pues los periodistas logran acceder a imágenes y registros de los sucesos policiales por muchas más vías que las facilitadas por la policía. Por ejemplo, las impactantes grabaciones del reciente tiroteo en el Alto las Condes fueron registradas por los propios clientes del centro comercial con sus teléfonos, y otras fueron compartidas por el mall y la joyería asaltada. Hoy casi todos los chilenos portan una cámara y una grabadora en su bolsillo, y pueden grabar y subir directamente sus videos a Internet o llamar a una radio para dar una detallada descripción de los hechos policiales en desarrollo. Muchos de esos videos terminan viralizándose gracias a las redes sociales, como aquel de un conductor que atropelló a un motociclista que robaba una gasolinera. Hoy todos los ciudadanos “reportean” y la Secom no podrá coordinarlos ni controlarlos a todos.
La sensación de inseguridad tampoco bajará con otras acciones comunicacionales como la anunciada campaña de seguridad ciudadana llamada “Chile es Nuestro”, que tendrá un costo de $440 millones, la que tiene por objetivo promover lo que está haciendo el gobierno para reducir la delincuencia. Es difícil creer que frente al constante flujo de noticias sobre robos, asaltos y portonazos, que extienden su alcance gracias a las redes sociales y el más tradicional boca a boca, una campaña propagandística como la anunciada vaya a funcionar.
Cualquier experto en materias comunicacionales sabe que la publicidad y la propaganda son mucho menos convincentes -y fácilmente ignoradas- porque la gente las reconoce, precisamente, como mensajes patrocinados, y frente a ellas la información independiente y contrastada de los medios periodísticos resulta mucho más creíble. Así que si el gobierno quiere de verdad sacar la delincuencia de los diarios, debe atajar el problema de raíz. Eso es más complejo y tomará más tiempo, pero la propaganda por sí sola nunca ha sido la solución.
Ricardo Leiva, académico de la Universidad de los Andes.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO