En una interesante charla TED del año 2020, la directora del Center for Economic Democracy, Shari Davis, plantea una pregunta que, sin ser nueva, sigue resultando incómoda: ¿Qué pasaría si las personas pudieran incidir de manera más directa en cómo se usan los recursos públicos? No se trata simplemente de opinar o de ser consultadas, sino de tener algún grado de influencia real sobre decisiones que hoy están principalmente en manos de las autoridades.
En Chile algo de eso sabemos. Existen experiencias de presupuestos participativos, sobre todo a nivel municipal, en los que la sociedad civil puede priorizar ciertos proyectos sobre otros. Sin embargo, estos mecanismos suelen operar en márgenes acotados, tanto en los montos involucrados como en el tipo de decisiones que se someten a consideración. Funcionan más como una señal de apertura que como un verdadero traspaso de poder.
La reflexión que propone Davis apunta, precisamente, a tensionar ese límite. No para eliminar la democracia representativa, sino para preguntarnos si estamos disponibles a complementarla con espacios de incidencia más sustantivos. Y aquí aparece una discusión que no es baladí.
Administrar recursos públicos exige responsabilidad, información y una mirada de largo plazo. En ese sentido, lo más juicioso es comenzar asumiendo que no todas las decisiones pueden —ni deben— someterse a dinámicas participativas: el poder del gasto público puede generar incentivos perversos o populismos acelerados, con el riesgo de privilegiar lo inmediato por sobre el largo plazo, o que grupos más organizados terminen capturando estos espacios.
No obstante, Shari Davis parece dar en el clavo cuando señala que el modelo actual muestra evidentes signos de fatiga. La distancia entre quienes toman decisiones y quienes viven sus efectos sigue siendo amplia, y esa brecha no es sólo institucional, sino también de percepción. Cuando la ciudadanía siente que su rol se limita a votar cada cierto tiempo, la política se vuelve ajena, lejana, incluso irrelevante.
En ese contexto, ampliar —aunque sea de manera gradual y bien diseñada— los espacios de incidencia puede tener efectos que van más allá de la decisión puntual. Puede contribuir a alinear mejor las prioridades, empoderar y responsabilizar a la ciudadanía, enriquecer el debate público y, quizás lo más importante, reconstruir confianzas. No es una solución mágica, pero sí una señal en la dirección correcta. Y, por supuesto, se debe avanzar en su justa medida, no como un dogma a defender, y siempre de forma gradual, para evitar tensiones o fracturas en el sistema.
En el fondo, la pregunta que subyace finalmente es: en un ecosistema de democracia liberal, en el que las personas eligen representantes son los mandantes, ¿hasta qué punto los mandatarios están disponibles para que esas decisiones, al menos en parte, se compartan?
La clave, por tanto, no está en discutir si acercarse o no hacia una mayor apertura social en la toma de decisiones, sino en cómo hacerlo. En qué ámbitos, con qué reglas, bajo qué resguardos. No es evidente cuál es el punto de equilibrio. Pese a ello, y aunque sea un asunto incómodo, vale la pena empezar a buscarlo.
