Daño estructural

“Puede haber daño estructural por lo que se hizo en los últimos 12 años”, afirmó Sergio Urzúa en entrevista concedida a El Mercurio el domingo pasado. La noción de la economía chilena con esa clase de deterioro ha de resultar estremecedora para las generaciones que crecieron y prosperaron en un país con las cuentas ordenadas y la deuda pública en sus mínimos históricos. El economista añade que “algo se quebró”, una imagen de ominosas resonancias materiales. Se trataría de una o varias piezas que han dejado de funcionar en el motor de la economía chilena, algo así como un ruido inesperado cuyo sonido no augura nada bueno.

Una situación de esas características implica una cosa inevitable: que se requiere reparar esas piezas porque de otra forma el motor no podrá producir empuje, es decir, crecimiento. De acuerdo con este diagnóstico estaríamos entonces en una emergencia económica y no en el contexto de un ciclo cuyo fin, más temprano que tarde, podría poner nuevamente el motor en marcha.

Los resultados de las averías están la vista para quien las quiera ver: un déficit estructural que se ha tornado crónico; una deuda externa que se apronta a superar el nivel prudente del 45%; industrias completas que podrían estar expandiéndose y que apenas mantienen su nivel de producción (cuando no decrecen); un desempleo que bordea el millón de desempleados; un enorme stock de proyectos de inversión que recién comienza a destrabarse, pero que tomará tiempo en alcanzar un estado de régimen; y, suma y sigue.

Casi no hay resultados positivos para compensar la desoladora situación en la que nos encontramos, marcada por tasas negativas de crecimiento en el primer trimestre, lo que podría extenderse al semestre que está a punto de culminar.

Lo cierto es que la economía chilena viene siendo notoriamente estresada ya por más de una década y su resiliencia parece haber llegado a su límite. Quienes creyeron que se podía elevar la tasa corporativa al nivel más elevado de la OCDE sin consecuencias sobre la inversión; quienes pensaron que los retiros de los fondos de pensiones no producirían inflación ni elevarían el costo de los préstamos hipotecarios; quienes impulsaban una frondosa permisología con la plena seguridad que no iba a poner freno a un sinnúmero de proyectos; quienes llegaron a creer que el proyecto refundacional de la Convención Constitucional no ahuyentaría al capital -o que si lo hacía bien valía la pena-; en fin, quienes no se inquietaron siquiera por el cúmulo de shocks de que fue objeto nuestra economía -incluida la inédita pandemia- pueden observar ahora el lamentable estado en que se encuentra.

En la entrevista antes referida Urzúa expresa sorpresa, con razón, que “amplios sectores del espectro político todavía no hagan un mea culpa”. Hay momentos en los que pareciera que en lugar de ello estuvieran dando lecciones como si nada de lo ocurrido fuera de su responsabilidad. Lo cierto es que el daño estructural que presenta la economía chilena tiene responsables políticos que tuvieron la obligación de impedir que se produjera y no la asumieron.

Nos han dejado en un país más pobre y más lejos del desarrollo pleno. Si algunos se lo propusieron -abogaban incluso por el decrecimiento- han tenido un éxito rotundo.