“Chile no se cae a pedazos”, ha repetido el Presidente de la República. Y probablemente tiene razón. Sin embargo, en 2019 –cuando aún era diputado– Gabriel Boric junto con muchas otras personas en el mundo político y quizá millones de ciudadanos estimaban que el sistema no daba para más, que vivía una crisis terminal, que era necesario realizar transformaciones profundas en la sociedad chilena y que incluso era necesario refundar el país, como señaló la presidenta de la Convención Constituyente al comenzar sus tareas en julio de 2021. Para el tiempo presente, podemos decir lo siguiente: si es verdad que Chile no se cae a pedazos, también lo es que muchos viven mal, que las familias no disfrutan de una calidad de vida correspondiente a las posibilidades del país, que el actual ritmo cansino y mediocre impide un progreso adecuado para la población.
Como suele ocurrir en este tipo de debates, el análisis de la situación social, económica, política e institucional, depende solo parcialmente de la realidad: en buena medida, las opiniones están mediadas también por la ideología o la posición que una persona ocupa en la sociedad. Desde la oposición las cosas se ven peor y suele culparse al gobernante o a la coalición que dirige los destinos del país; desde La Moneda la situación se ve diferente, las cosas se aprecian mejor de lo que son e incluso a veces parece que las autoridades vivieran una realidad paralela, muy diferente a la que sufren sus conciudadanos: no andan en micro o en transporte público en general, tienen buenos sueldos, gozan de protección policial y con seguridad, no viven en poblaciones tomadas por el narcotráfico o el crimen organizado.
Quizá sea necesario tomarnos más en serio la cuestión social y dejar atrás las banderías políticas y las adscripciones ideológicas, para analizar mejor la realidad y resolver los problemas vigentes en Chile. Muchas veces se habla de democracia de los acuerdos, o de la capacidad de llegar a dichos acuerdos o de la necesidad de estar abiertos a ello: no obstante, en la práctica, los temas sociales parecen no tener prioridad y quedan relegados en el debate público, en las propuestas y por ende en las soluciones. Un ejemplo paradigmático se produjo tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cuando fue desechada por voluntad popular la propuesta de la Convención Constituyente, con un sólido 62% de los votos. Esa decisión, contundente y clara, era una gran oportunidad para cerrar el tema y para haber concurrido a un gran acuerdo social. Un acuerdo de esta naturaleza debería precisar el diagnóstico, priorizar los problemas y proponer soluciones inteligentes y viables, técnicamente sostenibles, con un claro sentido de urgencia y con capacidad para perseverar en la tarea. En esa oportunidad la definición fue exactamente la contraria, y el Congreso Nacional y la mayoría de los partidos de gobierno y oposición decidieron perseverar en el camino constituyente, que terminó en un nuevo fracaso. La cuestión social nuevamente debió esperar.
Chile ha tenido varios momentos difíciles en su historia, en relación con los problemas sociales y su efecto en la vida pública y política del país. Son momentos en que se combina una crisis social –esto es, la existencia de problemas sociales reales en la sociedad– y una consecuencia pública, que podríamos llamar la crítica social o política. Entre ellos han tenido especial relevancia histórica, me parece, lo que fue la crisis de comienzos del siglo XX y la llamada crítica del Centenario, que incluía aspectos tan diversos como el problema educacional, el abandono del pueblo, el distanciamiento de las clases sociales, la falta de vivienda, las dificultades y dramas en el mundo del trabajo, e incluso una “crisis moral”, entre otros asuntos que aparecieron en la voz de distintos escritores y analistas.
Algo similar emergió a mediados del siglo XX, con un sistema político que parecía funcionar bien, pero que tenía problemas muy visibles de carácter económico y social. Fue el tiempo en que Aníbal Pinto sostuvo que Chile era “un caso de desarrollo frustrado”, o cuando Jorge Ahumada escribió En vez de la miseria, así como otros autores, políticos e incluso eclesiásticos denunciaron la existencia de una crisis grave o terminal, que exigía transformaciones revolucionarias o estructurales, para cambiar los males denunciados de manera rápida y radical.
Hoy estamos en una situación similar, en lo que hemos denominado la “nueva cuestión social”. Hay algunos temas que son ilustrativos de esta realidad: el aumento de las familias viviendo en campamentos, los múltiples problemas que acumula la enseñanza en Chile, las largas listas de espera en los hospitales, la inseguridad reinante en las poblaciones, los más de 500 mil “nini” entre 15 y 29 años, la realidad de la droga que afecta a miles de compatriotas. Esos problemas se suman a las dificultades por encontrar empleo o a la verdadera “toma de territorios” por parte de grupos delictuales. La inmigración ilegal, la situación del empleo y el bajo crecimiento económico han contribuido a generar una situación en la que es más difícil y lento solucionar los problemas.
Este 2025 hemos tenido una sobreabundancia de política: encuestas, candidaturas, elecciones, debates y múltiples análisis sobre los comicios que definieron el Congreso Nacional y que este 14 de diciembre decidirán quién encabezará el gobierno de Chile por los próximos cuatro años. Es lógico que así ocurra, como suele suceder en los años electorales. Sin embargo, resulta lamentable la omisión de los problemas sociales, o su baja consideración, en circunstancias que muchos han crecido o se han acumulado en forma preocupante. Por lo mismo, es necesario producir un giro y modificar las prioridades.
La nueva cuestión social debe estar en el centro del trabajo del futuro gobierno. En muchos de los temas mencionados, Chile está peor que en 2019, cuando se produjo el “estallido social”, revuelta popular o revolución de octubre, como prefiero llamarla. Si, como indican los escenarios más probables, el próximo gobierno es encabezado por la derecha, es previsible que los “movimientos sociales” incrementen sus movilizaciones, utilicen los problemas acumulados como forma de presión y eleven sus exigencias. Es necesario estar preparados: una forma de hacerlo es dar prioridad a los temas sociales, lograr acuerdos, avanzar con decisión y tener una gestión con resultados.
Para ello se requiere enfrentar la cuestión social con sentido de urgencia, pero también resultados medibles, propuestas ambiciosas y con capacidad de ir quemando etapas. De esa manera, seguirán existiendo problemas, pero también se verá una luz al final del túnel. Y, lo que me parece central, Chile retomará las prioridades sociales y probablemente el sentido de la política: procurar que la gente viva mejor.
Excelente!