Con ocasión del proyecto de reforma constitucional que el gobierno ha decidido enviar al Congreso, se ha organizado una consulta indígena efectuada dentro de los parámetros del Convenio 169 de la OIT —del cual nuestro país es signatario—, a fin de que los pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile se pronuncien por los aspectos de la propuesta que a ellos tocan.
Esta convocatoria resulta importante, al abrirles efectivos canales de participación y posibilidad de manifestarse en relación con una normativa constitucional que específicamente los reconoce no sólo en su existencia material, sino cultural y social. Además, representa un paso significativo en relación con la necesaria distinción que ha de hacerse entre los legítimos intereses de las personas que forman parte de estos grupos y las pretensiones extra-sistémicas que otros han canalizado a través de actos de violencia, como es el caso del conflicto de La Araucanía.
Así, la existencia y estatutos de los pueblos indígenas que son parte integrante de nuestro país ha de contar con una mirada de unidad y de compromiso con el Estado de derecho, dejando de lado a quienes han optado por canalizar sus demandas por vías ilegítimas y atentatorias contra los derechos de las demás personas, sin distingo de etnias ni de tendencias políticas.
Precisamente por tal causa, este proceso debe ser manejado con extrema responsabilidad, sobre la base de ciertas premisas básicas, a fin de que no sea desvirtuado ni genere expectativas imposibles de materializar. En tal sentido, vale la pena recordar que el resultado del acuerdo tomado en virtud del Convenio 169 es vinculante, en la medida de ser así reflejado en el proyecto de Constitución, el cual luego deberá seguir distintos pasos de tramitación, los cuales pueden importar variaciones. Ello es particularmente importante a propósito de la “reserva de cupos” planteada para pueblos originarios en elecciones parlamentarias e incluso otras provisiones de cargos, ya que tal propuesta no puede ignorar las condiciones de igualdad ante la ley y equidad en la participación ciudadana que también son parte de todo régimen constitucional.
Otro aspecto trascendental será despejar cualquier asociación entre el reconocimiento de los pueblos originarios y la posibilidad de hacerles creer a los que así lo estiman justificado, que el proceso constitucional por venir será la herramienta para que sectores del territorio nacional se declaren Estados independientes o para que sus habitantes se reserven una especie de “derecho de entrada” respecto de los demás chilenos o visitantes extranjeros. Ello no sólo es inviable frente a la obvia consideración de Chile como Estado unitario, sino además respecto de la existencia de un Estado de derecho que importa jurisdicción en toda la extensión de nuestro espacio físico y que impide la creación de “Estados dentro del Estado” o de “autonomías” de hecho.
El reciente caso del conflicto catalán en España, más que servir de inspiración para un “separatismo” a la chilena, debe hacer reflexionar sobre los riesgos materiales, jurídicos y sociales que significa querer apartar a una comunidad del resto del país. Las consecuencias han sido nefastas para la certeza y seguridad de los ciudadanos, han abierto grandes escenarios de conflicto y de desconfianza, han generado reacciones económicas adversas y han forzado al Estado español a iniciar procesos por sedición y a anunciar el uso del artículo 155 de su Constitución para dar cumplimiento forzado a las órdenes y normas del Estado central.
Los crecientes pasos hacia una consolidación constitucional de las autonomías españolas, ha quedado demostrado, no pueden orientarse a generar repúblicas independientes: no hay espacio en el Derecho y, sobre todo, en la realidad para ello. Que la lección sirva para que nuestros propios conflictos se aborden con realismo y no promesas aventuradas, y con la convicción de que las enmiendas sólo son posibles dentro del Estado de Chile y no fuera de él.
Ángela Vivanco Martínez, abogada y profesora de Derecho Constitucional UC, doctora en Derecho y Ciencias Sociales para la Universidad de La Coruña, España
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