Una empresa puede equivocarse al calcular su producción, pero cuando se repiten inconsistencias que involucran a distintas divisiones y que determinan el pago de bonos, entonces es mucho más difícil explicarlo. Eso es lo que ha quedado al descubierto en Codelco. Y el problema desborda una contabilidad mal llevada.
Según los antecedentes preliminares, la estatal habría sobredeclarado 42.100 toneladas de cobre entre 2024 y 2025, contabilizando como producción terminada materiales que aún no lo estaban y duplicando registros entre divisiones, inflando ficticiamente los inventarios con un impacto estimado entre 120 y 140 millones de dólares y alterando el cálculo de incentivos variables para sus ejecutivos y trabajadores. No fueron errores inocuos, sino registros adulterados con consecuencias patrimoniales.
La reiteración de esta práctica, su extensión a varias unidades y los beneficios indebidamente pagados obligan a investigar una eventual concertación para defraudar al Fisco. No basta con atribuirlo a fallas administrativas. La relación entre indicadores que fueron artificialmente mejorados y bonos que no correspondía pagar plantea una hipótesis que no puede descartarse como un mero desajuste técnico. Corresponderá a la justicia determinar quiénes intervinieron deliberadamente y quiénes recibieron esos bonos sin conocer las irregularidades.
El problema tampoco se agota en las eventuales responsabilidades penales. Codelco cuenta con directorio, comités de auditoría, mecanismos de cumplimiento y controles internos. ¿Cómo pudo pasar por tantos filtros una producción inexistente? ¿Quién revisaba los registros? ¿Cómo se conciliaban los inventarios entre divisiones? ¿Quién autorizaba remuneraciones variables sobre información cuya integridad no estaba comprobada?
Un buen gobierno corporativo no sólo requiere directores autónomos y manuales de buenas prácticas, sino además asegurar información confiable, controles efectivos y responsabilidades claras. Las auditorías posteriores y las desvinculaciones no borran la pregunta fundamental: ¿por qué fallaron los resguardos preventivos?
La fiscalización externa merece igual escrutinio. Es necesario revisar las funciones de Cochilco, fortalecer sus capacidades técnicas y asegurar que tenga suficiente autonomía para cuestionar la gestión que fiscaliza y contrastar los datos que le entregan, en lugar de limitarse a recibirlos.
Este episodio debiera examinarse desde la modernización del Estado. Las empresas públicas administran recursos de todos los chilenos y están obligadas a estándares rigurosos de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Se necesitan registros trazables, conciliaciones de producción e inventarios, auditorías independientes, bonos vinculados a resultados verificados y mecanismos para recuperar pagos improcedentes. También deben evaluarse las responsabilidades de quienes tenían el deber de supervisar.
No basta con encontrar culpables ni prometer que esto no volverá a ocurrir. Hay que revisar cómo se designa y evalúa a quienes dirigen la principal empresa pública del país, qué información recibe su directorio y con qué facultades cuentan los órganos encargados de controlarla. La revisión institucional anunciada por el Gobierno sólo será útil si se traduce en cambios sustantivos y concretos.
Pero que nadie se inquiete, nada de esto implica privatizar Codelco; apenas estamos planteamos que hay que exigir a una empresa estatal la misma seriedad que reclamaríamos a cualquier empresa privada.
Codelco no es patrimonio de sus ejecutivos, de sus sindicatos ni de los gobiernos de turno. Es patrimonio de Chile. Cuando toneladas ficticias pueden generar bonos que no correspondían, no sólo está en juego un eventual fraude, sino que queda expuesta una estructura de gobierno y fiscalización que no logró prevenirlo. Modernizar el Estado también significa impedir que una producción que no existía se convierta en un beneficio pagado con recursos de todos.
Por experiencia le puedo responder que todo es una fachada para cumplir con exigencias del mercado internacional. Pero no pueden abtraerse de la cultura subyacente de las personas. CODELCO no pertenece a todos los chilenos como dicen, que es más bien un frase para ocultar que sus beneficios sólo van para quienes pertenecen a su planilla de pago. COCHILCO, organismos de control de comportamiento ético propios y externos, todos funcionan para protegerse ante cualquier situación de denuncia, porque todos, de alguna manera, participan en la recaudación y distribución del dinero. Así es como, el día de hoy, llegamos a la situación de que todos los demás chilenos tenemos que pagarle la deuda a CODELCO.
Las irregularidades de Codelco no pueden reducirse a «cobre ficticio». Reconocimiento anticipado, duplicación de registros y sobrevaloración de inventarios son mecanismos distintos. Las 42.100 toneladas sobredeclaradas no equivalen necesariamente a cobre inexistente, ni el ajuste contable preliminar constituye automáticamente una pérdida patrimonial.
La crítica debe apuntar a lo esencial: ¿cómo fallaron los controles internos, las auditorías y la supervisión de Cochilco? Atribuirlo simplemente a la propiedad estatal sustituye el análisis técnico por una conclusión ideológica. El problema es la confiabilidad de la información productiva y la responsabilidad de quienes debían verificarla.