Mercado Libre vale hoy cerca de USD 85.000 millones, 14 veces más que hace diez años, y emplea a más de 180.000 personas, frente a unas 4.100 en ese entonces. Su lema es claro: “Stay hungry, zero complacency, scale with AI and deliver excellence”. Y lo cumple: gracias a la IA, su equipo de servicio al cliente disminuyó de 10.000 a 7.000 empleados en cuatro años, mientras el negocio se triplicaba. La tecnología no destruyó la empresa ni el empleo: la hizo más productiva y le permitió crecer y contratar en otras áreas.
Lo que vale para una empresa, vale para un país. En la última década, Estados Unidos dejó crecer su industria tecnológica y reguló después, caso a caso; Europa puso el foco en regular primero. Entre 2007 y 2025, el peso de EE.UU. en la capitalización bursátil de las economías avanzadas subió de 42% a 62%, mientras el de Europa cayó de 34% a 20%. No toda la brecha es regulatoria, pues pesan el capital de riesgo y el tamaño del mercado, pero es difícil ignorar la correlación.
Chile, sin la escala europea, avanza en esa dirección: ley de datos personales, ciberseguridad, cumplimiento tributario, proyecto de IA, redes sociales, neuroderechos, deepfakes, violencia digital, domicilio obligatorio para plataformas extranjeras, y más. Cada una tiene un propósito defendible; el problema es la suma y la señal. Chile arrastra 16 años de productividad casi estancada, y la IA es la mejor palanca para salir de ahí.
No adoptar la tecnología no es neutral: es quedarse atrás. Los países que adoptan con decisión suben su productividad; los demás la compran afuera, y su talento migra junto a ella. Para un país pequeño, la única alternativa a adoptar la IA de manera radical es depender de quienes lo hicieron antes.
Nada de esto significa no regular. La privacidad importa y hay abusos reales, como suplantación, fraude y filtración de datos. También habrá empleos que cambien. Pero eso se enfrenta con capacitación y fiscalización, no frenando la tecnología. Una buena regulación debería:
– Sancionar daños concretos con las leyes existentes, no regular una tecnología en abstracto.
– Exigir según el riesgo real, sin autorizaciones previas para usar o desarrollar IA.
– Evitar autoridades y reglas superpuestas en datos, ciberseguridad e IA.
-Probar antes de legislar, con espacios de prueba, evaluación del costo de cumplimiento y cláusulas de revisión.
– Hacer del Estado el primer adoptante: IA en trámites, salud y justicia, donde lo que se ahorra puede volver a las personas.
Los chilenos rankeamos alto en adopción de IA, pero eso aún no se refleja en nuestra economía: llevamos más de una década estancados. La pregunta ya no es si la IA llegará a Chile, porque llegó; sino si nuestro gobierno, nuestras empresas, y en especial nuestro sistema educativo, la incorpora de manera radical o esperaremos a que otros nos la expliquen y nos la cobren.