Entre un carabinero herido a bala y barricadas en la Alameda, Chile recibió a su nuevo Presidente, quien llega con una larga lista de promesas que los chilenos esperan ver cumplidas prontamente. José Antonio Kast viene a cerrar un ciclo presidencial que demostró la resiliencia del país, sus instituciones y ciudadanos.
Es cierto que hay que mirar hacia adelante y dejar atrás eso que nos causó tanto problema, pero no debemos dejar en el olvido los cuatro años de gobierno que se van. Porque detrás del fallido viaje a Temucuicui de la exministra Siches, los indultos a los presos de la revuelta, la mesa transversal de seguridad que se cae a último minuto, los dos ensayos constitucionales, la corrupción de las fundaciones, el pick de violencia y la escondida firma de documentos que autorizaban el cable chino, existen instituciones que resistieron malas prácticas, errores y desconocimiento técnico.
No hay que olvidar tampoco los debates legislativos que terminaban con integrantes del entonces oficialismo afirmando que se criminalizaba la pobreza o se validaba la autotutela para referirse al proyecto de ley sobre usurpaciones y a la Ley Nain-Retamal.
Los sesgos ideológicos fueron evidentes y no son nuevos en la historia de Chile, pero no fueron suficientes para quebrar a un país pequeño al fin del mundo que sigue siendo un ejemplo de democracia ¡Hasta el general Baquedano regresó a su lugar en Plaza Italia!
Hoy, los indicadores de seguridad mejoran, se respetan las instituciones y los procesos republicanos, pero nada de eso se lo podríamos atribuir a las autoridades salientes, porque el hecho de que se evidencie y registre menos violencia, que se hayan desarticulado células importantes del Tren de Aragua e intervenido tomas emblemáticas tiene que ver con un trabajo profesional de la institucionalidad chilena, de esa que va más allá del gobierno de turno y las diferencias políticas.
Nada de esto hay que olvidar.
Quienes dejaron La Moneda esta semana, el 2019 estaban en las calles marchando por alguna de las causas sociales que usaban para esconder el verdadero objetivo del estallido social y hoy, vuelven a esas mismas calles. Desde otros lugares seguirán empujando sus agendas.
Chile resistió a todo eso, mostró en pleno su resiliencia pero, el cambio de mando no significa que esas agendas desaparecen, sólo llegan nuevos inquilinos a La Moneda. Inquilinos que además de los desafíos evidentes no pueden olvidar estos otros retos porque, quienes salieron no lo olvidan.
Chile resistió, pero no hay que confiarse en eso pues, como dice el dicho popular, “tanto va el cántaro al agua que termina por romperse”.
Es un precepto fundamental de la política saber prever lo peor y tener la capacidad para impedir que ocurra.
Es preciso que la ciudadanía tome conciencia de la amenaza que se cierne sobre nuestra patria de una nueva asonada revolucionaria —extremadamente violenta, como la iniciada el 18 de octubre de 2019— y que las autoridades de gobierno y legislativas adopten las medidas conducentes para evitarla. Y, si tal asonada se produjere, debería ser controlada o neutralizada por las autoridades de gobierno mediante la aplicación de la violencia física legítima del Estado si fuese necesario, sin verse inhibidas por el “discurso de los derechos humanos”; a fin de garantizar el orden público, el orden institucional de la República y, en definitiva, el bien común.
La probabilidad de que tal amenaza se concrete si no se adoptaren las medidas adecuadas para evitarla es alta, porque se avizoran negros nubarrones en el horizonte: las izquierdas radicales difícilmente dejarán gobernar al presidente Kast; ellas no cejarán en su empeño por conquistar el poder mediante la violencia —especialmente el Partido Comunista, que no ha renunciado a su proyecto totalitario: “el proyecto popular que encabezó Salvador Allende es un proyecto inconcluso, pero no derrotado” y, como lo señala su Manifiesto del año 1848: “Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente”—; los miles de empleados públicos de la administración central del Estado y de las municipalidades que gozan de inamovilidad, muchos de los cuales se desempeñan, en la práctica, como activistas políticos y que “atornillarán al revés”; las escuálidas arcas fiscales, el excesivo endeudamiento externo y el pago de intereses exorbitantes, hará muy difícil financiar nuevos proyectos u obras públicas o financiar programas sociales; los gravísimos problemas de seguridad, económicos, de vivienda, educacionales, de salud, previsión, etc. heredados por el nuevo gobierno exigirán para su solución adoptar medidas impopulares; las protestas, los paros y movilizaciones ilegales serán pan de cada día, así como el recrudecimiento de la violencia; todo lo cual contribuiría al éxito del proceso insurreccional en curso. A ello se suma la existencia de sectores políticos de izquierda antidemocrática que consideran inaceptable que la derecha acceda al poder y que postulan «meterle inestabilidad al país” para hacer grandes transformaciones y utilizar retroexcavadoras a fin de destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal lo que, evidentemente, ahoga la libertad económica, desalienta la inversión y afecta gravemente al crecimiento, al empleo y al bienestar de la población. El nuevo gobierno deberá pagar los platos rotos de la crisis provocada por la mala gestión de gobiernos anteriores.
Es probable que, debido a las divagaciones precedentes, algunas personas me tilden de pesimista, alarmista o exagerado. A ellas les digo, compartiendo un pensamiento de Hannah Arendt, que la exagerada es la realidad, no el cronista que la describe.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencia política