Hay una foto que casi todos los chilenos han visto alguna vez, aunque no todos con la misma mirada: Allende con casco, fusil en mano, mirando hacia el patio de La Moneda minutos antes de que los Hawker Hunter la bombardearan. Esa imagen se ha usado durante 53 años para cerrar discusiones, no para abrirlas. Cada bando la mira y confirma lo que ya creía: unos ven a un mártir de la democracia, otros a un proyecto que llevó al país al borde de la guerra civil y que fue detenido a tiempo. Ninguna de las dos lecturas deja espacio para preguntarse qué fue exactamente lo que se rompió ese 11 de septiembre, más allá del gobierno de la Unidad Popular.

Lo que se rompió fue algo más elemental que un gobierno: la idea de que el adversario político sigue siendo, pese a todo, parte de la misma comunidad. Cuando esa idea se pierde, la política deja de ser el arte de procesar diferencias dentro de reglas compartidas y pasa a ser la administración de una guerra por otros medios. España lo vivió con una crudeza que Chile nunca alcanzó: entre 1936 y 1939 murieron, según las estimaciones más aceptadas por los historiadores, alrededor de medio millón de personas, y a esa cifra hay que sumarle los fusilamientos de la posguerra que se prolongaron hasta bien entrada la década de 1940. No hubo un bombardeo puntual ni una junta que tomara el poder en una mañana: hubo tres años de trincheras, de checas, de paseos nocturnos, de un país que se mató a sí mismo calle por calle antes de que Franco impusiera cuarenta años de silencio obligatorio.

La comparación no busca consolarnos con la idea de que a Chile «le fue mejor». Busca lo contrario: mostrar que la lógica que hizo posibles ambas catástrofes fue la misma, aunque su intensidad haya sido distinta. En los meses previos al golpe de 1973, la prensa de derecha hablaba de la Unidad Popular como una amenaza existencial que había que erradicar, mientras sectores de la izquierda revolucionaria consideraban que la vía institucional ya no bastaba y que el enfrentamiento era cosa de tiempo. Ese lenguaje -la deshumanización del contrario, la conversión del adversario en enemigo absoluto- fue el mismo que circuló en España durante la Segunda República, cuando republicanos y falangistas dejaron de discutir sobre reformas agrarias o autonomías regionales para discutir quién tenía derecho a existir en el mismo territorio. La diferencia entre un golpe de nueve horas y una guerra de tres años no está en la naturaleza del odio, sino en las instituciones, los ejércitos y las coyunturas internacionales que permitieron o frenaron que ese odio se desplegara sin límite.

Chile hoy no está al borde de una guerra civil ni de un golpe militar, y sería un ejercicio barato de alarmismo sugerir lo contrario. Pero la pregunta que dejó pendiente 1973 -cómo se construye un terreno común donde la diferencia se procese sin convertir al otro en enemigo- sigue sin respuesta, y quizás por eso el país vuelve cada septiembre a mirar la misma foto sin sacar de ella nada nuevo. La polarización actual no se parece a la de los setenta en su violencia, pero se le parece en algo más sutil: la costumbre de explicar las posiciones del adversario no por sus razones sino por sus intenciones supuestas, de leer cada discrepancia como síntoma de una amenaza mayor. Eso ocurre en las redes, en el Congreso, en las mesas familiares donde ciertos temas ya no se tocan.

Reconstruir una comunidad política no significa borrar las diferencias ni fingir que la derecha y la izquierda chilenas quieren, en el fondo, lo mismo. Significa algo más incómodo: aceptar que se puede discrepar de raíz sobre el modelo de desarrollo, sobre el rol del Estado, sobre la memoria histórica, y aun así conservarle al que discrepa el derecho legítimo a estar ahí, discutiendo las mismas reglas. Eso es lo que España tardó décadas en reconstruir después de Franco, y lo que Chile empezó a reconstruir después de Pinochet sin terminar nunca del todo la tarea. La transición resolvió la alternancia en el poder; no resolvió la pregunta de fondo.

Quizás la lección de ambas tragedias no sea histórica sino práctica: una democracia no se mide por la ausencia de conflicto, sino por su capacidad de alojarlo sin que ese conflicto termine por expulsar al otro de la conversación. Chile lleva más de cinco décadas discutiendo quién tuvo la razón en 1973, y probablemente seguirá haciéndolo por cinco décadas más, porque hay heridas que ninguna comisión de verdad termina de cerrar del todo. Pero esa discusión, con ser necesaria, puede terminar ocupando todo el espacio que debería destinarse a una pregunta distinta y más incómoda: no qué pasó entonces, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar del otro ahora. Un padre y un hijo que dejan de hablarse en las cenas familiares por diferencias políticas, un vecino al que se deja de saludar porque votó distinto, un país que ordena su calendario cívico en torno a fechas que dividen en vez de fechas que convocan: todo eso forma parte del mismo problema, aunque no aparezca en los libros de historia. Tal vez lo urgente no sea saber si Chile aprendió la lección de 1973, sino si hoy, con las diferencias que tenemos, seguiríamos viéndonos como parte del mismo país si las cosas se pusieran realmente difíciles. Esa pregunta no se responde en un texto ni en un aniversario, sino en cada pequeña decisión de tratar al que piensa distinto como compatriota antes que como enemigo.