De lo justo y lo inmoral

Justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Es por eso que es de toda justicia, darle más a quien se esfuerza, produce y trabaja más y darle menos a quien no se esfuerza, no produce y no trabaja. Por lo mismo, es justo ascender a un buen empleado, mientras que es de toda justicia despedir a uno malo. En el mundo privado eso más o menos se entiende, pero en el mundo público pareciera ser que eso se ha desdibujado y confundido. No hay nada más inmoral e injusto que el llamado “Estatuto Administrativo” y el llamado “Estatuto docente”. Son prebendas que hacen que los empleados públicos sean reales “dueños” de sus puestos de trabajo. No se los puede despedir, sean buenos o malos. Lo mismo pasa en el caso de los profesores, un mal profesor no puede ser despedido, incluso si el mantenerlo implica no aprendizaje en los niños.

Esto que es en sí una vergüenza, ya que hay muchos buenos funcionarios públicos que merecen ascensos y éstos deben convivir con esos malos funcionarios que viven sólo por el sistema. El Estado no tiene dinero y todo lo que recauda para sus gastos se los quita a las personas que trabajan. Los llamados “contribuyentes” que no son más que “despojados”. Está bien pagar impuestos si eso sirve para ayudar a quienes lo necesitan. No está bien, no es justo, pagar impuestos para el derroche del Estado y para pagar sueldos a malos funcionarios públicos que no aportan en la mejora de la vida de las personas. Por tanto, el Estatuto Administrativo, creado en el gobierno de Pinochet para evitar despidos políticos, los políticos interesadamente lo mantuvieron para mantener a sus clientelas financiadas por los ciudadanos y no por ellos. Se está siempre muy dispuestos a mal gastar la plata ajena, nunca la propia. El Estatuto docente es aún más inmoral ya que no hay nada más injusto que impedir que los niños aprendan por beneficios gremiales sectoriales y personales.

Si todo esto era inmoral e injusto, lo que está haciendo el gobierno saliente, “amarrar”, impedir legalmente que las personas contratadas en el estado en su administración con solo dos años no puedan ser despedidas es simplemente impresentable. Los operadores políticos quedarían “apernados”. Se establecería una especie de “casta” interventora para el gobierno entrante y se impediría poder hacer los ajustes económicos para ahorrar en gasto corriente de planta. Esto es una vergüenza y debe impedirse a toda costa. Esto es lo que se podría denominar “abuso del poder”, una acción tiránica, ya que fuerza a todos los ciudadanos, desde sus impuestos a mantener a personas que para ellos son de interés político. Hay que poder hacer una auditoría completa al Estado y los que sean buenos funcionarios, no tienen nada que temer. Los que no aportan y no ayudan a que las vidas de las personas sean mejor, esos deben por justicia y decencia, salir.

Por justicia los amarres propuestos en las negociaciones con la ANEF, que implican los amarres no pueden hacerse realidad. Y si aún sabiendo la inmoralidad que acometen esto se hiciese, es de decencia y por justicia que la Contraloría y quienes fiscalizan las acciones del ejecutivo debieran impedirlo. Desde ya la ciudadanía debiera gritar fuerte, ya que con “tú plata” quieren apernar a inservibles.

Es necesario un gran clamor ciudadano y un rechazo completo de la opinión pública a esta acción que es lejos lo más abusivo que deja un gobierno que se dice “democrático”.