Los últimos años han sido agitados. Nuestra convivencia, literalmente, se revolucionó y los pilares sobre los cuales se había consensuado la gobernabilidad desde el retorno a la democracia terminaron por caer en el segundo mandato de Sebastián Piñera.
Aunque el inicio de esa fricción estuvo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet —que puso fin a la Concertación para que naciera la Nueva Mayoría sumando al gobierno a la extrema izquierda: PC y Frente Amplio— lo cierto es que desde la insurrección de octubre de 2019 retrocedimos en lo que había sido nuestro proyecto de país. Los diagnósticos son conocidos y la izquierda que hoy gobierna propuso el suyo y lo empujó desde el 2011 en adelante, lo cual incluyó el intento octubrista por destituir al Presidente Piñera.
Por eso, un balance del actual gobierno debe entenderse en el contexto que lo precedió y en virtud de los horizontes que la coalición que le dio forma propuso. Antes de asumir el gobierno las expectativas eran altas. Así lo hacía sentir la prensa al cubrir los detalles simbólicos de los diferentes anuncios previos. Desde el principio se jugó al límite con la frivolidad: la mascota de Boric, su gusto por la mayonesa y los vestidos de las ministras eran temas que cubrir en los medios.
En lo político las expectativas andaban por las nubes y su connotación era más profunda. Así se puede interpretar la frase del entonces ministro Jackson sobre la “superioridad moral” de esta coalición con relación a las que habían gobernado antes. Este atributo autodeclarado es insoslayable a la hora de analizar a este gobierno. Mientras tanto, con esa aura pulcra e intelectual que los caracterizaba, sus promesas fueron acordes a la atmósfera política que se vivía cuando asumieron el poder: gobierno feminista, ecologista, con sello educacional y que pondría fin al neoliberalismo, a las AFP’s e Isapres.
Ya iniciado el último año de gobierno la realidad es muy distinta a la que dibujaron en su inicio. Pero sobre todo es decepcionante.
No hubo agenda ecológica, salvo que se entienda por tal la desidia burocrática que ha llevado a la paralización de proyectos de inversión que el país necesita con premura para salir del estancamiento económico. El discurso feminista fracasó cuando lo embistió el caso Monsalve en la mismísima oficina del presidente en La Moneda, arrastrando como cómplice pasiva a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La educación pública atraviesa una crisis profunda de convivencia y aprendizaje en los colegios, sin mencionar lo funesto que ha sido el proceso de desmunicipalización. Las AFP’s se consolidaron con la reforma a las pensiones aprobada con el acuerdo de Chile Vamos. Y, finalmente, la promesa de un sistema público de salud que daría por superado el sistema de Isapres no tiene presente ni futuro. Hoy el foco de preocupación son las listas de espera interminables que han costado la vida a miles de personas por falta de atención.
Lo más grave es que esa diferencia moral, tan nítida y prematuramente marcada por Giorgio Jackson, también se derrumbó. Y es grave porque en ella residía el sello principal por el cual será juzgado este gobierno. Esa moralidad superior suponía dejar atrás la costumbre de acordar para ser estrictamente coherentes con la agenda de un Frente Amplio que se auto percibía a la izquierda de los comunistas y que no admitía desviaciones y, de paso, jubilar las prácticas y a los líderes de la ex Concertación.
Sabemos que nada de eso ocurrió. Se han congratulado de acordar una reforma de pensiones con la oposición, valorando, precisamente, la opción de ceder y consensuar, y han debido gobernar con los líderes de la Concertación que antes denostaron, cuyo ingreso al gabinete trajo la experiencia y madurez que requerían con urgencia los nóveles gobernantes.
Además, cualquier definición moral se opone a la corrupción y en eso esta administración tampoco es intachable. La razón por la cual las figuras más emblemáticas y cercanas a Boric han dejado sus cargos es porque han estado vinculadas a severas irregularidades. Son ampliamente conocidos los detalles del mayor mecanismo de fraude fiscal desde el regreso a la democracia, como fue el Caso Convenios; las asesorías millonarias de un militante comunista por informes de una página; la fallida venta (con elástico) de la casa de Allende que costó la renuncia de una ministra; y hoy se investiga a la diputada y presidenta de la Cámara por tráfico de influencia y cohecho.
Pero lo que es más impresentable desde el punto de vista moral, es que este gobierno de izquierda haya invisibilizado a las víctimas de una de las mayores tragedias de nuestra historia, como fue el megaincendio de Viña del Mar del verano de 2024. En un año sólo se ha reconstruido el 1% de las viviendas, manteniendo en la miseria y el desamparo a miles de personas, algunas de las cuales se han suicidado en su desesperación por la falta de auxilio del Estado.
Sea cual sea el gobierno que asuma el próximo período, esas familias deberían ser una prioridad urgente. De refundaciones, burócratas amateurs y frivolidad política el país ya ha tenido más que suficiente.
